Desaparecidos Vascos Desde 1936

Cuando hablamos de la hipocresía y la infamia implícitas en el victimismo españolista... hablamos de esto que nos reporta Gara:

La ONU recaba testimonios sobre vascos desaparecidos desde 1936

Desde los más de 8.700 desaparecidos en Gipuzkoa, Bizkaia y Araba hasta casos recientes como el de Jon Anza, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzosas recabó ayer los testimonios de víctimas de estos crímenes. Tras una semana de visita en el Estado español, los expertos realizarán un informe para la comisión de DDHH.

Alberto Pradilla

Desde los más de 8.700 desaparecidos en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia tras el golpe de Estado fascista de 1936 hasta casos más recientes, como el de Jon Anza. Representantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias recabaron ayer de primera mano los testimonios de víctimas de estos crímenes ocurridos en Euskal Herria. Los encuentros se enmarcan dentro de una visita iniciada el lunes, que les ha llevado a recorrer diversos puntos del Estado español como Madrid, Catalunya o Andalucía, donde han recibido información de instituciones como el Gobierno español, asociaciones de Derechos Humanos o víctimas. Todos los casos, según fuentes conocedoras, han mantenido un común denominador: la ausencia de investigación y la impunidad de los responsables del franquismo. Un fenómeno que, en Euskal Herria, se extiende hasta la actualidad, tal y como quedó patente en la reunión mantenida con 40 representantes de asociaciones. Está previsto que los miembros del grupo de trabajo presenten sus primeras conclusiones en una rueda de prensa que tendrá lugar en Madrid el lunes. A partir de ahí, el grupo podría realizar recomendaciones sobre casos concretos o situaciones generales, ante el Estado y la ONU.

La obstrucción del Gobierno español ha sido una de las constantes durante todo el viaje. Según pudo saber GARA de fuentes conocedoras de los encuentros, representantes del Ejecutivo que dirige Mariano Rajoy llegaron a justificar el freno impuesto a las investigaciones desde la llegada al poder del PP ante la «falta de demanda». Es decir, que Moncloa argumentaba que no se abrían más fosas de desaparecidos y que se habían suprimido las ayudas (ni en 2012 ni en 2013 se ha dotado una sola partida) porque no había familias que lo solicitasen. Un argumento que choca directamente con los testimonios de la sociedad civil y las víctimas que el grupo ha podido recabar.

Esta falta de voluntad de Madrid fue abordada también en los encuentros de ayer en Gasteiz, en las que participó Ariel Dulitzky, miembro del grupo de la ONU. Tiene gran importancia, ya que en noviembre está prevista una reunión en la institución internacional que trate específicamente sobre los casos de desapariciones forzosas. Y parece claro que el Gobierno español no está dispuesto a realizar una revisión sobre su historia. El primero de los argumentos que utiliza es el de las fechas. Según su versión, la ONU no fue fundada hasta el 24 de octubre de 1945, por lo que no tendría sentido que investigase casos anteriores a su existencia. Un planteamiento que, hasta el momento, los miembros del grupo han aceptado pero que, según han trasladado durante toda la semana a varios de sus interlocutores, podrían replantearse. Como segundo refugio, Madrid esgrime la Ley de Amnistía de 1977. Una norma que le sirve para evitar buscar los cuerpos, determinar qué ocurrió o juzgar a los culpables. Tampoco se puede olvidar que no fue hasta 2010 cuando el Ejecutivo español hizo suya la convención internacional.

Instituciones y víctimas

Quizás el hecho que más ha diferenciado las sesiones vascas de las desarrolladas en otros puntos del Estado es la persistencia de casos que llegan hasta la actualidad. Por la mañana, Julen Arzuaga, diputado de EH Bildu, abogó por una interpretación «extensiva» del concepto de desaparecido que abarque también los miles de casos de detención incomunicada. Como ejemplo citó el caso de Gurutze Iantzi, de cuya muerte en la comisaría de Tres Cantos, en Madrid, cuando se encontraba arrestada, se han cumplido 20 años. «Hasta el momento de su fallecimiento ni familia ni abogados sabían dónde se encontraba», recordó. Previamente, el experto de la ONU se había encontrado con representantes del Gobierno de Lakua, que hicieron hincapié en las políticas de memoria histórica, así como con otras instituciones como el el presidente del TSJPV, el Fiscal Superior de Justicia del País Vasco y el Ararteko.

Por la tarde, Dulitzky se reunió con representantes de diversas asociaciones como Goldatu, Intxorta 1937, Lau Haizetara, SOS Niños Robados, Euskal Memoria, Egiari Zor y Giza Eskubideen Behatokia. Entre los 40 participantes, más de la mitad eran familiares de desaparecidos, tanto durante el golpe fascista como en la guerra que provocó, posterior represión y hasta la etapa actual. Según relataron participantes en el encuentro, la impunidad volvió a ser uno de los temas abordados. Hasta el momento, no se ha abierto ni una causa judicial por desapariciones ocurridas durante la dictadura. Ya en la época contemporánea, el único procedimiento abierto fue por el secuestro y muerte de Lasa y Zabala, en el que culpables como el coronel Enrique Rodríguez Galindo no llegaron a cumplir ni cinco años de una condena de más de 80.

Ahora, después de recabar los testimonios, el grupo elaborará un informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Los letrados de la causa argentina acusan a Ruz de incumplir la ley

Los abogados que representan a las víctimas del franquismo personadas en la causa argentina censuraron ayer la decisión del juez Pablo Ruz de no detener a los dos torturadores que todavía siguen vivos y que son reclamados por la magistrada María Servini. «Procedía que, una vez comunicadas a las autoridades españolas las órdenes de detención, por parte de la Policía se detuviera a los imputados y en un plazo no superior a 24 horas se los pusiera a disposición del juez instructor de la Audiencia Nacional que se encontraba de guardia», señalaron los letrados a través de un comunicado. En lugar de cumplir con la orden de arresto, Ruz se plegó a la opinión de la Fiscalía, que el pasado lunes emitió un informe rechazando la posibilidad de las detenciones. Para los abogados, esto contradice las normas vigentes en estos casos, tanto el Tratado bilateral de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal, suscrito entre el Estado español y Argentina como la ley española de extradición pasiva. Según el primer texto, en casos como el de Juan Antonio González Pacheco, alias «Billy el Niño», y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, cabría aplicar el artículo 24.4, que obligaría a Madrid a proceder con el arresto. «La juez argentina cumplió escrupulosamente» la normativa, indicaron los letrados, que mostraron su extrañeza ante la «transgresión de la ley» realizada por Ruz. Pese a todo, los representantes de las víctimas mostraron su confianza en que, cuando la petición de entrega llegue, la Audiencia «adopte cualquiera de las dos decisiones que en derecho corresponden: el enjuiciamiento de los imputados o su extradición a Argentina».

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