Donapea y el Opus Dei

Un día más y un caso de corrupción más que involucra a los navarricos colaboracionistas de UPN.

Miren lo que se denuncia desde las páginas de Gara:

Los vínculos de Maya con el Opus Dei avivan la polémica sobre el Donapea

Días después de haber renunciado a sus derechos sobre la finca del centro Donapea, el alcalde de Iruñea se marchó del pleno municipal en el que se debatía la cuestión y anunció que no tomará más decisiones porque es profesor de la Universidad del Opus Dei, que es quien quiere comprar los terrenos. Enrique Maya dice que quiere evitar que se cuestione la operación por su relación con la universidad privada. La oposición se pregunta por qué no se apartó antes.

Aritz Intxusta

El escándalo por la renuncia del Ayuntamiento de Iruñea a sus derechos sobre unas fincas para que estas sean vendidas al Opus Dei tomó ayer dimensiones mayúsculas, después de que el alcalde de Iruñea -responsable de la renuncia- anunciara que no se volverá a pronunciar sobre el asunto alegando incompatibilidades. Enrique Maya es profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Navarra, la entidad que está interesada en los terrenos donde antes se ubicaba el centro público Donapea.

En una rueda de prensa de urgencia, tras un pleno turbulento, Maya aseguró que su decisión de abstenerse a partir de ahora en las decisiones que el Consistorio tome sobre el Donapea es para demostrar que no han primado sus intereses personales sobre los generales de la ciudad. «Es absurdo que por una docencia de tres horas al mes se pretenda establecer una vinculación con la Universidad de Navarra», alegó Maya. Sin embargo, a preguntas de los periodistas, reconoció que ahora imparte tres horas al mes porque se encuentra de excedencia y que, cuando abandone el cargo público, regresará a su plaza de profesor.

Esta asombrosa decisión se produce días después de que Maya y su equipo de gobierno decidiera renunciar a sus derechos sobre las parcelas en las que se levanta el centro de FP Donapea, en terrenos anejos a los que, durante el franquismo, la ciudad cedió al Opus Dei para que instalara ahí su universidad. Estos terrenos también son estratégicos en caso de que la nueva estación de trenes de Iruñea (vinculada al TAV) llegue a construirse. En la misma situación que Maya está el concejal Valentín Alzina, también profesor, y que se apartará a partir de ahora de las decisiones que se tomen sobre este asunto en el Ayuntamiento iruindarra.

El problema es que estas cautelas llegan muy tarde. Alzina y Maya han participado en todas las gerencias de Urbanismo en las que se ha tratado el tema y han tomado parte en la firma del convenio definitivo para poner el proyecto en marcha. I-E ya habla de que han existido «incompatibilidades» y Bildu habla de «cinismo» y se pregunta por qué ha decidido apartarse ahora y no antes.

La polémica salta al Parlamento

La firma de este convenio de renuncia a los derechos se realizó saltándose la planificación urbanística ratificada por el pleno y contra la mayoría de los concejales, dado que Bildu, PSN, Geroa Bai, Aralar e Izquierda-Ezkerra se oponen al proyecto. Ayer se celebró el primer pleno tras la firma del convenio y toda la oposición -salvo el PP- retiró todas las mociones para convertir la sesión en un monográfico sobre esos terrenos. Es en ese momento en el que Alzina y Maya abandonaron la sesión por su vinculación con la universidad, encendiendo la polémica.

Se trata de una operación urbanística algo compleja. En su día, el Ayuntamiento cedió la finca al Ministerio de Educación para instalar allí un centro de Formación Profesional. Cuando el Ministerio dejó de utilizarla, el Gobierno de Nafarroa la inmatriculó a su nombre. Esto generó un problema de doble propiedad, hasta que el lunes Enrique Maya renunció definitivamente a sus derechos.

El alcalde lo hizo a sabiendas de que el Ejecutivo navarro quería vender esos terrenos al Opus Dei, que pretende establecer allí tres nuevos centros de investigación y ha prometido generar 400 puestos de trabajo. Con esa venta, se generarían unos ocho millones de euros, que se emplearían para levantar otro centro de FP en San José. El problema está en que las nuevas instalaciones en San José costarán unos 19 millones de euros. Es decir, con la operación de compraventa, no se pagará ni la mitad del centro proyectado.

Debido a la oposición del pleno, el Gobierno navarro inició un PSIS, una figura que le permite llevar a cabo la operación al margen del Ayuntamiento. Sin embargo, ayer los grupos parlamentarios de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra iniciaron los trámites de un proyecto de ley para bloquear el PSIS. Con lo que el proyecto promete seguir dando que hablar durante bastante tiempo.

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