jueves, 12 de abril de 2012

Por no Leer a Niemöller

Durante décadas el pueblo vasco tuvo que enfrentar solo la violencia del régimen franquista (en sus dos vertientes, durante la etapa de Francisco Franco y durante la etapa de Juan Carlos Borbón). Con la excepción de contadas expresiones de solidaridad tanto a nivel estado español como a nivel internacional, los vascos sufrieron en carne propia cada vuelta a la tuerca represiva implementada por la élite españolaza. Sus denuncias cayeron a menudo en oídos sordos.

Ha sido ampliamente documentado como incluso españoles de bien, que mostraban abiertamente su apoyo por los procesos libertarios emprendidos por los mapuches, los palestinos, los saharauis o el EZLN, reculaban al momento de que la brújula apuntaba hacia Euskal Herria.

Su silencio cómplice contribuyó al encono y al lenguaje de odio por parte de la cúpula política española. Incluso los indignados le dieron la espalda a la juventud vasca (¿dónde está el comunicado acerca de Xuban Nafarrete o Iñigo Cabacas?). Sindicatos, ONGs y demás organizaciones e individuos preocupados por lo mal que iban las cosas en el estado español nunca mostraron el más mínimo respeto por los derechos civiles, políticos y humanos del pueblo vasco, es más, vitorearon muchas de las medidas de excepción e hicieron suyo el discurso oficial de "los violentos y su entorno".

Pues bien, con ETA anunciando el fin de su actividad armada las cosas comienzan a complicarse para los tibios, los equidistantes, los pacifistas, los progres, los izquierdistas que reniegan de Marx y Gramsci... lean ustedes esta nota publicada en La Jornada:



Armando G. Tejeda
El gobierno español, del conservador Mariano Rajoy, anunció una reforma al Código Penal que prohibirá y tipificará como delito de atentado a la autoridad todo acto de resistencia pasiva o activa, además de prever una serie de cambios para aplicar la legislación antiterrorista a los movimientos sociales surgidos a raíz de la crisis económica, como el de los indignados.
Hay que robustecer la autoridad de quien legítimamente tiene la exclusividad del uso de la fuerza, afirmó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien también anunció que aquellos que a través de Internet y de las redes sociales hagan convocatorias violentas serán acusados de delito de integración en organización criminal.
El derechista Partido Popular (PP) obtuvo una amplia mayoría en los comicios del pasado 20 de noviembre, lo que le permite aprobar en solitario todas las reformas y leyes que plantee ante el Congreso de los Diputados.
Además de las duras medidas de ajuste y recortes en los servicios públicos, el gobierno de Rajoy también pretende limitar las expresiones públicas y masivas de resistencia social y política, en clara advertencia al movimiento de los indignados surgido en mayo del año pasado.
El índice de desempleo de 24 por ciento, lo que supera los cinco millones 400 mil personas, además de los duros recortes en sanidad, educación y políticas sociales y culturales, han despertado un espíritu de movilización en la sociedad española. Los indignados siempre lanzan sus convocatorias través de Internet y son secundadas por miles de personas.
El gobierno de Rajoy aspira a aprobar antes de mayo próximo, cuando se celebrará el primer aniversario del surgimiento del movimiento, una reforma al Código Penal muy rígida y punitiva, en la que se aprobará un amplio catálogo de nuevos delitos, pensando en las manifestaciones de los indignados, que además de marchar y cerrar calles, también se concentraron a las puertas de las principales sedes del poder, como el Congreso de los Diputados o las oficinas de los ayuntamientos y comunidades autónomas.
La nueva legislación pretende equipar este tipo de prácticas con actividades de violencia callejera, lo que se conoce aquí como kale borroka, en alusión a los ataques urbanos que se dieron en el País Vasco en los peores del años de histórico conflicto. Además de considerar un delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa, la reforma también penará con cárcel difundir y convocar a través de Internet a actos violentos que alteren gravemente el orden público, además de introducir las modalidades de acometimiento, que significa ataque violento a un policía e incluye amenazas, comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos.
También será delito obstruir el acceso a cualquier edificio público para lo que se plantean penas mínimas de tres años de cárcel.
El movimiento de los indignados ya recaba firmas para presentar una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.






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