Estrasburgo y Madrid : Fascismo Europeo

Este escrito acerca del respaldo que el fascismo europeo ha dado al franquismo ha sido publicado en Gara:

Rafa Díez Usabiaga | Ex secretario general de LAB

Madrid-Estrasburgo-Madrid

La sentencia de la Sala «pequeña» del Tribunal de Estrasburgo -TEDH- sobre el recurso interpuesto por Batasuna ha sacudido el panorama político de esta tórrida semana veraniega. Aunque se especulaba con su contenido y el posible momento de su publicación, la sorpresa ha sido casi generalizada en relación tanto a la «sustancia» de la sentencia como al contexto temporal elegido.

Pero analizando cronológicamente algunos hechos, se pueden «hilar» algunas claves que, seguramente, estaban en posesión del Gobierno y altos estamentos del Estado. Cuando hace unas semanas, en el litigio jurídico abierto con Iniciativa Internacionalista y, especialmente tras la decisión del Tribunal Supremo, se apuntaba desde varios diarios españoles su inconveniencia considerando que podía interferir negativamente en una posible sentencia del Tribunal de Estrasburgo, evidentemente algo se movía entre bambalinas. La nueva teoría ilegalizadora planteada por el TS -«contaminación sobrevenida»- podía, según esas fuentes político-periodísticas, entorpecer decisiones que, ahora está claro, estaban abordándose y «cerrándose» en el Tribunal europeo en relación al tema troncal: el recurso sobre la ilegalización de Batasuna.

Se llegó incluso a especular sobre la presencia en Madrid de enviados de Estrasburgo portando «consejos» que luego, para sorpresa de la opinión pública y de la clase política española, fueron considerados con la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Para muchos, entre los que me incluyo, parecía imposible que el Constitucional enmendase de plano una decisión del Supremo. ¿Cómo entender esa inesperada, aunque positiva, resolución? Hoy pienso que la decisión del Tribunal Constitucional hubiera sido imposible sin el previo conocimiento de las máximas jerarquías del Estado de la sentencia del TEDH, ahora conocida por todos y todas. Eso sí, los magistrados europeos no querían «ensuciar» su resolución con «ilegalizaciones chicle» bajo conceptos nuevos -contaminación sobrevenida- que pusieran en entredicho la ya definida sentencia sobre Batasuna.

La tranquilidad política con que se asumió desde el Estado la legalización de Iniciativa Internacionalista no fue, pues, reflejo de una supuesta madurez democrática, sino una mera pose política ante una hoja de ruta de acontecimientos ya conocida en altos niveles del propio Estado. A partir de ese momento, tras la decisión jurídica, los esfuerzos se encauzan en entorpecer la proyección de Iniciativa Internacionalista -persecución, boicot informativo...- y preparar el «pucherazo» desviando unos votos decisivos para que Alfonso Sastre lograra el acta de eurodiputado.

Siguiendo con esta secuencia, tras las elecciones europeas -con el éxito electoral de la opción defendida por la izquierda abertzale en Hego Euskal Herria- y, especialmente, tras la muerte de Arrigorriaga, las necesidades de Estado inciden en el impulso definitivo para que Estrasburgo marque ficha y terreno en torno a una referencia que el PSOE viene repitiendo machaconamente en su estrategia: «no habrá en las instituciones opciones políticas que amparen la violencia».

La sentencia, en este sentido, se sitúa y, de esa manera se ha planteado en diferentes intervenciones, como un factor de presión contra la izquierda abertzale. Así pues, estamos ante un fallo judicial integrado o integrable en la estrategia de estado contra Euskal Herria. Europa ha querido avalar, en este preciso momento, tanto las medidas jurídicas del Estado español contra la izquierda abertzale como, consecuentemente, la legitimidad democrática de los gobiernos autonómicos -Gasteiz e Iruñea- surgidos del apartheid a un sector de la sociedad vasca. Una cuestión trascendente de necesaria reflexión.

La sentencia. La sentencia tiene como referencia ineludible una Ley de Partidos impulsada por Aznar como desarrollo «local» de la ofensiva antiterrorista de la Administración Bush en otras partes del mundo (Irak, Afganistán...). El Gobierno del PP, con la colaboración del PSOE, puso en marcha un «pacto antiterrorista» con leyes y decisiones políticas que pretendían evitar un proceso de soluciones e instalar un escenario de permanente confrontación.

En ese contexto y con esa filosofía en estos últimos años se han ido adoptando medidas jurídicas y desarrollado actuaciones policiales que han vulnerado masivamente derechos básicos de decenas de miles de personas. Frente a ello la denuncia social e institucional mayoritaria de la sociedad vasca se complementó con la vía jurídica ante el TEDH. Las ilegalizaciones de organizaciones políticas y sociales, el apartheid político contra un sector de la sociedad vasca, mutilando la representación popular democrática, sustentaban un recurso que apelaba a la defensa de los derechos y las ideas por encima de una «seguridad» que facilita a los estados la utilización, en régimen de monopolio, de la violencia jurídico-institucional ante disidencias políticas internas.

Desgraciadamente, la sentencia, integrando en su lenguaje terminologías y consideraciones propias de la Audiencia Nacional, ha admitido la conculcación de derechos básicos de intervención y representación política, apelando a supuestas connivencias o complementaciones con ETA. En sus contenidos, además, se habla de conceptos como «necesidad social» arbitrariamente concebidos y se hace referencia, incluso, a que la no condena puede considerarse como un apoyo tácito a la violencia.

Resulta sorprendente jurídicamente esta última referencia en una sentencia sobre un Estado español donde todavía el PP y sus dirigentes no han condenado el franquismo o donde dirigentes del PSOE han compatibilizado su acción política con etapas de terrorismo de estado (GAL) y dado cobertura pública y social -visitas a Guadalajara- a condenados por ese mismo terrorismo de estado. ¿Esas actuaciones no significan una defensa tácita de un régimen fascista que causó miles de muertes eliminando libertades básicas o el apoyo indirecto a organizaciones terroristas surgidas de cloacas del Estado?

Para más evidencia, el mismo día que sale la sentencia del TEDH, en el Ayuntamiento de Madrid dos concejales de PP se ausentaban del pleno -«para tomarse un café»- evitando votar la retirada de las distinciones a Franco y el alcalde de Salamanca del PP persistía en mantener todos los honores al dictador. ¿Esa actuación no es un apoyo tácito o directo al franquismo y sus consecuencias? Por la misma lógica argumental Estrasburgo debería considerar la ilegalización del PP, ¿no?

Encarar el futuro. Por eso, a mi entender, el fallo judicial, avalando la vulneración arbitraria de derechos de decenas de miles y de ciudadanos y ciudadanas, se ha escorado radicalmente en función de los intereses de estado no aportando ninguna solución al problema de fondo que subyace a la polémica jurídica: la permanencia de un conflicto de soberanía entre Euskal Herria y el Estado.

Por ello, una vez más estamos ante la necesidad de reclamar una lectura política sobre decisiones jurídicas que se perciben contaminadas por la larga sombra del Estado español. Esta negativa sentencia, en este sentido, exige una reflexión de todas sus consecuencias en el contexto político actual y futuro.

Como hemos repetido hasta la saciedad, el proceso político ha ido quemando etapas, desgastando los instrumentos de asimilación impuestos por los estados y abriendo condiciones para el reconocimiento nacional y el respeto a la voluntad democrática vasca. Estamos, pues, en el umbral de un cambio político donde el pulso tiene referencias muy definidas: por un lado el/los Estado/s pretenden reflotar sus instrumentos políticos -estatutos uniformizadores- con continuismos negadores de nuestra realidad nacional y derechos democráticos y, por otro, hay una masa soberanista-independentista con militancia, fuerza y compromiso para desarrollar una estrategia eficaz abriendo una nueva fase.

Ésta debe ser nuestra prioridad. Capitalizar esta fase del proceso en un espacio político, sindical y social capaz de dar cauce ideológico, de masas e institucional al soberanismo e independentismo vasco en una lucha por un cambio político y social que, con la referencia estratégica independentista, tenga como objetivo prioritario el reconocimiento del sujeto nacional vasco y el respeto a su voluntad democrática. Para tal objetivo nuestra prioridad debe ser modificar la cancha de juego actual, cambiando para ello variables que permitan proyectar el pulso de fondo en otras condiciones socio-políticas.

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