viernes, 19 de diciembre de 2003

Aznar Se Viste de Generalísimo

La Editorial de La Jornada el día de hoy:

AZNAR, CONTRA LA DEMOCRACIA

El jefe del gobierno español, José María Aznar, logró concitar, contra sí mismo y contra su partido, el Popular (PP), al resto de la clase política de su país. Los legisladores del PP aprobaron ayer, en solitario, una reforma al Código Penal peninsular que criminaliza cualquier convocatoria "ilegal" a plebiscitos, y que va inequívocamente dirigida contra la determinación del presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, de organizar un referéndum para legitimar su proyecto de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, marco normativo de las relaciones entre el País Vasco y el Estado español que otorgaría al primero un margen mayor de autonomía en una relación de "libre asociación" con Madrid.

El llamado plan Ibarretxe es, en realidad, un ejercicio de solución al conflicto vasco por medios políticos y pacíficos, así como un intento por reformular las relaciones con España en un espíritu realmente autonómico, pero no es, como lo han presentado los políticos y los medios madrileños, una suerte de "declaración de independencia" de los vascos. Según el documento, en el nuevo marco quedarían como competencias exclusivas del gobierno de Madrid los asuntos de nacionalidad española y extranjería, el derecho de asilo, la defensa, la fabricación y posesión de armas, la emisión y administración de la moneda, las aduanas, la marina, el control del espacio aéreo y una legislación común en materia penal, penitenciaria, procesal, mercantil, civil y de propiedad intelectual. A las instituciones vascas les correspondería decidir en materia de educación, recaudación, vivienda, recursos naturales, transportes, políticas económicas, sociales y sanitarias. El plan Ibarretxe propone, asimismo, que Euskadi cuente con un Poder Judicial propio e independiente del español.

Pero los políticos madrileños asocian en automático todo lo que suene a independentismo o nacionalismo vasco (sean partidos, medios informativos, instituciones públicas u organismos no gubernamentales) con el terrorismo de ETA, y no dudan en criminalizar cualquier acción política autonomista, como es el caso del referido plan. Actuando con esta lógica, Aznar y los suyos decidieron, no bien se supo de la iniciativa del presidente vasco, cambiar las leyes para que cualquier intento de referéndum "ilegal", es decir, no autorizado por el gobierno central de Madrid, se castigue con una pena de seis meses a un año de cárcel, y de tres a cinco años para "la autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos". La segunda estipulación apunta a presionar a los gobernantes vascos para que repriman a los parlamentarios y concejales de Batasuna, organización local a la que el gobierno de Madrid acusa de ser el brazo político de ETA.

Por mucho que el conjunto de los políticos españoles satanice el nacionalismo vasco, en esta ocasión no tuvieron estómago para respaldar el totalitarismo de Aznar, toda vez que éste se ha convertido en una amenaza a la lógica democrática en general. El opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) de Ibarretxe y la catalana Convergència i Unió (CiU) manifestaron los peligros que esta reforma legal autoritaria plantea a los partidos y protagonistas políticos y sociales de toda España, así como al futuro de la institucionalidad democrática de la península. Los opositores, que se negaron incluso a participar en la votación de la reforma, señalaron que ésta representa una involución a los tiempos del franquismo, cuando la autoridad castigaba delitos políticos; una torpeza, un atropello y un fraude a la Constitución. Cerca del final de su carrera en el poder, Aznar exhibe un control férreo y total de su partido, el PP, y una clara determinación de convertirlo en una fuerza antidemocrática y autoritaria. Corresponderá a la ciudadanía española decidir si quiere seguir siendo gobernada por esa organización autocrática y neofranquista o si preserva a fin de cuentas la democracia que tantos esfuerzos, tantos muertos y tantos sufrimientos le ha costado.


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