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viernes, 19 de diciembre de 2003

Madrid Criminaliza los Referendos

Y finalmente, hoy en la sección Mundo de La Jornada una nota que nos deleita con las absurdas declaraciones de Aznar en contra de vascos y catalanes.

¿Cuándo va a entender este señor que los pueblos sojuzgados tarde o temprano demandan su autodeterminación?

Que mejor, según la opinión de los "pacifistas" que todo proceso de autodeterminación sea gestionado políticamente. Pero para que haya este tipo de negociación política debe antes haber voluntad de dialogar y es obvio que ni a Aznar ni a los miembros del PP y del PSOE se les facilita negociar la libertad de dos pueblos a los que España ha mantenido bajo ocupación política y militar por cientos de años.

Así las cosas, el neogeneralísimo José María Aznar aprovecha el desdén de la clase política española hacia Euskal Herria y Catalunya para apretar las tuercas amenazando con cárcel a todo el que de un paso hacia la autodeterminación de estos pueblos, por muy tímido que este paso sea como en el caso del llamado Plan Ibarretxe.

Esta es la nota:

Impone el PP reforma de ley para criminalizar referendos nacionalistas

La oposición española se abstuvo de votar la iniciativa en el Congreso de los Diputados

Armando G. Tejeda | Corresponsal
Al grito de: "manos arriba, esto es un asalto", diputados de oposición españoles rechazaron la reforma al Código Penal que pretende criminalizar la celebración de referendos nacionalistas, iniciativa impulsada en solitario por el gobernante Partido Popular (PP).

El gobierno del presidente José María Aznar decidió reformar el Código Penal para tipificar como delito la convocatoria de referéndum y "cualquier otro tipo de consulta popular". La reforma fue creada para impedir una consulta a la sociedad vasca sobre la propuesta soberanista presentada por el presidente del gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, que prevé que el País Vasco sea un Estado libre asociado de España.

La nueva ley también podría aplicarse al nuevo gobierno catalán, formado por una alianza tripartita de izquierda y nacionalistas, que también quiere celebrar una consulta popular sobre su estatuto de autonomía.

La mayoría parlamentaria del PP aprobó hoy una enmienda de la Ley Orgánica del Código Penal, sin debate previo y sin consultar al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial, con la intención de penalizar hasta con cinco años de cárcel a los funcionarios públicos que convoquen a consultas populares "ilegales".

Por lo pronto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ya presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, alegando que la reforma aprobada hoy contraviene derechos fundamentales del ciudadano.

La votación parlamentaria obtuvo 179 votos en favor y una abstención del PP, pues el resto de las bancadas se negaron a participar. Los diputados del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Izquierda Unida (IU) -cuyos diputados desplegaron la pancarta que advertía "Todos a la cárcel"-, de Convergencia i Unio (CiU), del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Grupo Mixto criticaron el talante autoritario del gobierno, que vulnera los principios básicos del régimen parlamentario y democrático.

La reforma permitirá castigar hasta con cinco años de prisión "a la autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por resolución ilegal", otra medida que podría afectar al presidente del Congreso de Euskadi, Juan María Atuxta, quien se negó a obedecer una orden del Tribunal Supremo español que lo obligaba a disolver al partido independentista Abertzaelek.

El ministro de Justicia español, José María Michavila, defendió la reforma que él redacto: "Si al ciudadano se le puede penalizar por falsificar papeletas, entonces falsificar todo un proceso de referéndum lógicamente también debe tener una sanción o una responsabilidad".

A todo esto, Aznar afirmó en un acto de su partido en Andalucía que la Constitución de 1978 "ha permitido por fin que las diferencias de criterio político se expresen como contraste de alternativas, como debate libre entre adversarios y no entre enemigos", al tiempo que afirmó que las propuestas presentadas por vascos y catalanes "no buscan mejorar el texto actual, sino que pretenden conducirnos a un cambio de régimen político y dar por cancelada la unidad nacional".

El secretario genral del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró que la mayoría parlamentaria con que cuenta Aznar y el uso que hace de ella desde 2000 "ha ido crispando e insultando en el mejor estilo de un liderazgo profundamente conservador y con maneras que cada vez son más autoritarias".

Josu Jon Imaz, nuevo líder del PNV

El actual vocero del gobierno autonómico de Ibarretxe, Josu Jon Imaz, fue elegido por los militantes del PNV como su presidente, en sustitución del dirigente nacionalista Xabier Arzalluz, quien se retira de la política. Imaz ganó en Vizcaya, Navarra y País Vasco francés, mientras que la otra candidatura, liderada por Joseba Egibar, vocero del partido y considerado el delfín de Arzalluz, venció en Guipúzcoa y Alava.

Imaz, de 40 años, casado y militante del PNV desde que tenía 15 años, ha fungido como consejero de Industria y vocero del gobierno de Ibarretxe. Es doctor en química, habla cuatro idiomas y su primer función pública fue como eurodiputado, en el periodo de 1994-1999.

 

 


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