Las derechas española, vasca y catalana se han tomado de la mano para, independientemente de los procesos de autodeterminación que toman lugar en Euskal Herria y Catalunya, dejar bien atado el dominio de la oligarquía sobre el proletariado del estado español.
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El PP saca adelante la Ley de Mutuas con el apoyo de PNV y CiU
La Ley de Mutuas, que modifica su régimen jurídico para pasar a ser entidades colaboradoras con la Seguridad Social, será aprobada definitivamente este jueves en el pleno del Congreso con los votos del PP, PNV y CiU y con el rechazo del resto de la oposición.
Durante su intervención, la ministra española de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que esta Ley supone un avance en la eficiencia y modernización del sistema, facilita la gestión del día a día de las empresas y fortalece a la Seguridad Social, «el corazón del sistema de bienestar».
En su debate en el pleno del Congreso, el diputado guipuzcoano del PP Eugenio Azpiroz ha destacado que esta ley es «compleja, con perfiles técnicos y políticos importantes» y que repercute en la atención de servicios esenciales como la salud de los trabajadores. Ha añadido que la norma afecta a una recaudación de 9.000 millones de euros y a la responsabilidad y salarios de gestores y directivos, a la situación de los trabajadores de las mutuas y al patrimonio de éstas.
Ha recordado que, entre las enmiendas introducidas en el trámite parlamentario, destaca la reformulación del acceso de los autónomos a la prestación de cese de actividad, así como a la introducción de una reserva asistencial social con el 10% de excedente y a la creación de la comisión de prestaciones especiales.
También se ha tratado en la norma la responsabilidad social empresarial, se ha fijado el patrimonio con el que hacer frente a la responsabilidad social mancomunada y se ha creado una comisión de seguimiento en la que participan los agentes sociales.
Además, se han fijado incompatibilidades, retribuciones y limitaciones de salarios de los gestores y directivos, se ha abordado la «problemática» del patrimonio histórico de las mutuas y se ha ampliado el plazo para la enajenación de sus actividades de prevención.
El diputado de CiU Carles Campuzano ha dicho que «no es verdad que las mutuas podrán dar el alta a los trabajadores, sino que serán los servicios públicos de salud, en ultima instancia», y ha advertido de que «algunos se inventan molinos para justificar sus cargas de caballería».
El diputado de PNV Emilio Olabarria se ha mostrado también a favor de la Ley y ha señalado que la mayoría de las mutuas gestionan bien sus ingresos, por lo que «no se puede generalizar».
Opiniones en contra
La diputada del PSOE María Concepción Gutiérrez del Castillo ha fijado su postura en contra de la Ley, concretamente con el hecho de que las mutuas puedan controlar a partir de ahora los partes de alta y baja consecuencia de la enfermedad común, porque es algo que «vulnera los derechos de los trabajadores».
«El proyecto de ley da un paso atrás de más de 50 años», ha dicho la representante del PSOE, para después añadir que «el Gobierno acude en socorro y rescate de mutuas en situación de quiebra».
El diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela ha mostrado su rechazo a la Ley, aunque vote a favor de las enmiendas que dotan de un marco competencia de las comunidades autónomas, que establecen comisiones de control y seguimiento y que obligan a hacer públicas las quejas y reclamaciones.
En nombre del Grupo Mixto, el diputado Joan Baldoví (Compromís) ha señalado que esta Ley «regala la gestión de la atención sanitaria» a las mutuas, mientras que Joan Tardá (ERC) ha indicado que «gestionan fondos públicos y a partir de hoy serán 100% privadas» y Sabino Cuadra ha apuntado que las mutuas harán «bailar a su ritmo a los servicios sanitarios».
Jeltzales, díganos con quien andan y les diremos quienes son.
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