Por si no fuera poco con el gran ridículo protagonizado por la Unión Europea al incluir en su lista de organizaciones terroristas al partido político vasco Batasuna, el estado español nos ha dado muestra fehaciente de su muy frágil democracia; resulta que como corolario a la incongruencia entre el rechazo a la guerra en Irak, mismo que ha terminado por no reflejarse en los resultados de las urnas ahora resulta que la pírrica victoria del PSOE en la Comunidad de Madrid se ha convertido, verbigracia la corrupción que asentó sus reales durante la dictadura de Francisco Franco, en una derrota, cortesía de los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, quienes de socialistas y obreros no tienen mas que el membrete.
Así que, esclarecido lo anterior, damos seguimiento al Caso Batasuna con este artículo de La Jornada:
Acuerda el Tribunal Supremo iniciar acciones penales contra el Parlamento vasco
Crece el caos político en Madrid provocado por traición de dos diputados socialistas
Armando G. Tejeda | Corresponsal
El Tribunal Supremo español acordó hoy por unanimidad iniciar "acciones penales" contra el Parlamento vasco ante su negativa de acatar la resolución judicial en la que se le instaba a disolver al grupo parlamentario de Socialistak Aberzaleak (SA), formado por los siete parlamentarios de la ilegalizada Batasuna, la coalición de la izquierda independentista vasca a la que se acusa de ser brazo político de la organización armada ETA.
El delito y las personas imputadas será determinado por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal.
Los 16 magistrados del alto tribunal ordenaron al fiscal que "emprenda las acciones penales que correspondan" contra los responsables de la mesa de la Cámara vasca, es decir, su presidente Juan María Atutxa, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), y contra los voceros que impidieron la disolución del grupo parlamentario abertzale (nacionalista), al argumentar que la medida, por su carácter inédito, no cabe en el reglamento interno del Parlamento.
El procesamiento de los parlamentarios, de hacerse efectivo, deberá ser asumido por este mismo tribunal ante la condición de aforados de los inculpados, pero la enorme relevancia de esta medida se debe a que el juicio pondrá de manifiesto, por primera vez en la democracia española, un enfrentamiento radical entre dos poderes del sistema político, el Legislativo y el Judicial.
El origen de la controversia se remonta a la reciente ilegalización de la coalición abertzale, que se llevó a cabo en menos de tres meses después de la aprobación, en junio del año pasado, de la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos, creada ad hoc para disolver a esta formación política y aprobada en solitario por el derechista Partido Popular (PP) y por la principal organización de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a pesar de la tajante oposición del PNV y Eusko Alkartasuna, en el poder en el País Vasco.
Una vez disuelta Batasuna mediante un auto del Tribunal Supremo, ratificada días después por el Tribunal Constitucional, se ordenó mediante otra resolución que se disolviera el grupo parlamentario de SA en la Cámara vasca, formada por los siete diputados elegidos en los comicios autonómicos de mayo de 2001.
Después de la exigencia del órgano judicial, que incluso dictó un ultimátum de cinco días, que hoy concluyó, la mayoría parlamentaria de la Cámara regional rechazó una iniciativa que hubiera permitido la disolución de SA y su posterior adhesión al llamado grupo mixto.
En respuesta, el Tribunal Supremo decidió hoy emprender "acciones penales" contra el Parlamento de Euskadi.
Situación política inédita
En otro ámbito, salvo que los diputados electos socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, declarados en rebeldía, devuelvan a su partido las actas de parlamentarios, el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Madrid se definirá en septiembre u octubre próximos, después de que se nombre un gobierno provisional que deberá convocar a elecciones anticipadas.
Los comicios del pasado 25 mayo otorgaron una apretada victoria en la Comunidad Autónoma de Madrid a la coalición de izquierda, formada por PSOE e Izquierda Unida, en un revés para el derechista PP y su líder, José María Aznar.
Sin embargo, todo cambió el pasado martes, cuando los citados diputados electos decidieron "traicionar" a su formación política y ausentarse de la primera sesión parlamentaria de la nueva legislatura, en la que se eligió a la nueva presidencia de la Cámara, que contra todo pronóstico recayó en la conservadora Concepción Dancausca.
La situación política creada por los diputados rebeldes, inédita hasta ahora en la democracia española, tiene pocas salidas ya que los escaños del PP (55) no son suficientes para gobernar con holgura, mientras que los diputados de la coalición de izquierda (54) -sin contar con las dos curules de los políticos corruptos- también son insuficientes para formar gobierno.
La única solución que se avizora para que el gobierno madrileño sea efectivo es el nombramiento provisional de la derechista Esperanza Aguirre, quien convocará a comicios anticipados para septiembre u octubre de este mismo año.
Pero Izquierda Unida desconoce desde ahora un gobierno del PP, sea provisional o no, y exige al partido derechista colaborar para terminar con esta crisis, ya que a su juicio pone en tela de juicio al conjunto de la democracia española.
Por lo pronto, surgieron nuevas denuncias contra el diputado Tamayo al involucrársele con la mafia del negocio inmobiliario y con las fuerzas golpistas en Venezuela.
Sobre los nexos con especuladores inmobiliarios ya se habían dado datos, pero ahora el alcalde caraqueño Freddy Bernal afirmó que Tamayo estuvo en Venezuela para apoyar a los golpistas venezolanos.
En otro orden, la policía francesa detuvo a la abogada española Itziar Larraz por haber entregado "ilegalmente" a una de sus defendidas etarras "documentos relacionados con ETA".
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