La Amenaza de César Flores

Traemos a ustedes la más reciente agresión por parte del estado mexicano en contra de los derechos de los Seis de México, los seis vascos víctimas de represión por parte del régimen español de la cual está siendo cómplice el desastroso gobierno de Vicente Fox.

Aquí lo que nos informa La Jornada:

Contra la ley, juez federal podría autorizar la extradición de vascos

En caso de permitir el traslado violaría el Código de Procedimientos Penales: Zamora

Alfredo Méndez Ortíz

Un juez federal, que deberá opinar en su momento si procede o no la extradición de los seis ciudadanos vascos presos desde hace más de 10 meses en el Reclusorio Norte con fines de extradición a España, dejó abierta la posibilidad de que los detenidos puedan ser enviados al país que los reclama, aunque no se haya resuelto a fondo el juicio de amparo que solicitaron contra su aprehensión.

César Flores Rodríguez, juez segundo de distrito en materia penal, emitió un acuerdo el pasado 13 de mayo en el que establece que podría otorgar su opinión jurídica (en la que aconsejará a la Secretaría de Relaciones Exteriores si ha lugar, de acuerdo con las leyes mexicanas, a la extradición de los vascos) antes de que se resuelva el juicio de garantías que se desarrolla en el juzgado quinto de distrito A de amparo, en el que determinará (en primera instancia) si se concede o se niega la protección de la justicia federal a los quejosos contra su aprehensión.

La determinación del juez Flores Rodríguez se contrapone a un acuerdo emitido por el mismo juzgador (el pasado 2 de abril), mediante el cual garantizó a los vascos que no emitiría su opinión jurídica hasta que se resolviera el juicio de amparo antes mencionado.

Para la abogada de los acusados, Bárbara Zamora, el hecho de que el juzgador se contradiga en sus criterios jurídicos representa una violación a la ley y obedece a la petición que la Procuraduría General de la República (PGR) le hizo en días recientes, luego que le exigió que opinara de inmediato si procedía la extradición de los vascos, inclusive antes de que se resolviera su demanda de amparo.

La litigante refirió ayer, en entrevista, que el artículo 101 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que "ningún juez puede modificar ni variar sus resoluciones después de formuladas", por lo que "es contrario a derecho el acuerdo del juez emitido el pasado 13 de mayo".

Los ciudadanos de origen vasco Félix Salustiano García, María Asunción Gorrochategui, Ricardo Ernesto Sáenz García, Luis Castañeda Vallejo, Asier Arronategui Duralde y Juan Carlos Artola Díaz fueron detenidos en junio de 2003, durante un operativo efectuado por elementos de la Agencia Federal de Investigación de la PGR en varias entidades del país.

Su abogada presentó en marzo pasado una demanda de garantías con la que busca la protección de la justicia para sus clientes contra el auto del juez Flores Rodríguez (emitido el 8 de marzo de 2003), mediante el cual ordenó la detención formal de los quejosos con fines de extradición a España.

Aunque el juicio de amparo (841/2004) que se desahoga en el juzgado quinto de distrito aún no se resuelve a fondo (la semana pasada el expediente pasó al listado de juicios en espera de sentencia), los quejosos ya obtuvieron una suspensión definitiva que les debe garantizar no ser extraditados hasta que concluya el juicio de garantías mencionado.

En menos de dos meses, el juez segundo de distrito en materia penal del Reclusorio Norte, César Flores Rodríguez, emitió dos acuerdos -de los cuales posee copia La Jornada- relativos al tema de los vascos, pero con dos criterios distintos.

En el primero de ellos, fechado el 2 de abril, el juzgador estableció que "dado que los extraditables promovieron juicio de amparo indirecto (contra su detención), y a fin de evitar una reposición de procedimiento en este asunto, preservar la garantía de defensa de los requeridos en extradición y evitar resoluciones contradictorias, pues en el supuesto hipotético de que (los vascos) obtuviesen una sentencia de amparo favorable a sus intereses, tal situación impediría al suscrito (juez) pronunciarse en relación con la opinión a que alude el precepto 28 de la Ley de Extradición Internacional. Por tales razones, hasta que sea resuelto el juicio de amparo en comento, se emitirá la opinión respectiva", finaliza el acuerdo.

Sin embargo, Flores Rodríguez contravino la resolución anterior con un nuevo acuerdo emitido el pasado 13 de mayo. Ese día, el juzgador indicó lo siguiente: "debe recordarse que al dictarse el proveído (acuerdo) de 2 de abril del año en curso, en realidad no pudo hacerse consideración alguna respecto de los términos de la suspensión definitiva (que obtuvieron los vascos), pues fue pronunciada con posterioridad, es decir, el 12 de abril.

"Pese a lo anterior, se observa que la suspensión decretada en el juicio de garantías a la cual aluden los extraditables y el Ministerio Público Federal fue impugnada por éste último por medio del recurso de revisión. Por tanto, es posible que una modificación de esa resolución incidental pueda acarrear como consecuencia que este órgano jurisdiccional (juzgado segundo) deba emitir la opinión en este procedimiento sin que forzosamente se esté en espera del dictado de la sentencia de fondo en el juicio de amparo antes citado."

Así las cosas, "este juzgado, en acatamiento a la resolución que se pronuncie en el recurso de revisión en cita o, en su caso, de concurrir una nueva circunstancia (sin que especificara de qué tipo), podría modificar los términos en que dictó el multicitado auto de 2 de abril último", finaliza el acuerdo.

Durante la entrevista, Bárbara Zamora puntualizó que aunque el juez segundo de distrito opine que sí ha lugar a la extradición de los vascos, sus clientes todavía cuentan con la posibilidad de interponer una nueva demanda de amparo. Esta sería contra la extradición, ya que el actual juicio de garantías fue solicitado contra la orden de detención a que están sujetos los presuntos miembros de la ETA.

Finalmente, la litigante aclaró que los vascos no podrán ser extraditados a España de inmediato, como lo pretende la PGR, "simplemente porque si (en su momento) solicitamos un nuevo amparo (contra la extradición), éste no se resolvería antes de un aproximado de tres meses, eso sin contar que el asunto puede terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación". 

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