domingo, 15 de mayo de 2016

Sigue la Mata Dando

Desde la campaña Basque Lives Matter nos comparten este texto publicado en Kaos en la Red:

La criminalización en Euskal Herria continúa

Tras una redada efectuada por la guardia civil en 2010, nueve personas (Urko Aierbe, Joxe Aldasoro, Aniaiz Ariznabarreta, Sandra Barrenetxea, Erika Bilbao, Eneko Compains, Ugaitz Elizaran, Egoitz Garmendia y Rosa Iriarte) fueron acusadas de ser miembros de la dirección de la organización Ekin.

Nandu de Diego
A finales de 2013 , un grupo de activistas negras de los Estados Unidos se organizaron para formar Black Lives Matter  (la vida de los negros importa) como protesta por la absolución de George Zimmerman  tras asesinar a Trayvon Martin, un joven negro de 17 años. Un año después el movimiento comenzó a afianzarse con el fin de hacerle  frente a la violencia policial practicada por un estado que no dudaba en encubrir los asesinatos de jóvenes a mano de las fuerzas de seguridad. Ese mismo reclamo es usado para reivindicar que las vidas de las personas que en Euskal Herria no gozan de derechos humanos también importan, y se han comenzado a realizar diferentes acciones bajo el lema  de la campaña “Basque Lives Matter”, impulsada por el colectivo Eleak-Libre para visibilizar el conflicto.

Tras una redada efectuada por la guardia civil en 2010, nueve personas  (Urko Aierbe, Joxe Aldasoro, Aniaiz Ariznabarreta, Sandra Barrenetxea, Erika Bilbao, Eneko Compains, Ugaitz Elizaran, Egoitz Garmendia y Rosa Iriarte) fueron  acusadas de ser miembros de la dirección de la organización Ekin y serán juzgadas entre el 17 de mayo y el 2 de junio por la Audiencia Nacional española, (sumario 8/2013). La acusación formula la petición de entre 9 y 15 años de cárcel por persona.

Los ahora encausados pasaron casi dos años en prisión preventiva, desde  septiembre de 2010 a julio de 2012, habiendo denunciado  brutales torturas durante el proceso de detención e incomunicación. Además de esto, la política de dispersión los alejo largas distancias de su propia tierra, como viene siendo la tónica habitual en estos casos donde la represión se impone a la cordura en un nuevo ejemplo de violación de los derechos humanos más fundamentales. Cabe mencionar de igual modo el coste personal y económico (alrededor de 45.000 euros) que ha supuesto para los imputados , lo que trastoca sus proyectos de futuro.

El Estado Español nos tiene acostumbrados a actuar contra todo ente incomodo  y castigar toda acción social, desarrollando una política de montajes y mentiras que criminaliza a la población más concienciada y activa, imponiéndolos la etiqueta de “terroristas” y vinculándolos al entorno de E.T.A.  Gran parte de las declaraciones obtenidas en los interrogatorios, autoinculpaciones incluidas, se consiguen bajo amenazas y torturas como confirma el eminente forense de reconocido prestigio, Francisco Etxebarria, quien acredita la comisión de estas prácticas en varios informes oficiales.

En palabras de la propia plataforma, una vez más tenemos la oportunidad de actuar con responsabilidad y compromiso. Están en juego los derechos básicos de toda persona.  Las políticas de excepción aplicadas son contrarias a los derechos humanos y anulan en la práctica los derechos civiles y políticos: el derecho a expresarse libremente; el derecho a organizarse, a movilizarse o incluso el derecho a recibir un trato digno. Cuando se atacan los derechos civiles y políticos de nuestras conciudadanas y conciudadanos se están atacando los derechos de todas y todos nosotros. No son derechos exclusivos de las personas procesadas en el sumario 8/2013, ni en cualquier otro sumario, ni de las personas independentistas o de izquierdas.  Es por lo tanto, una agresión y un perjuicio contra todas y todos nosotros,  y a todas nos corresponde actuar con responsabilidad y compromiso.

Por ello se solicita el posicionamiento colectivo, se presentaran mociones en diferentes consistorios, se creara un manifiesto en común,  y como consta en el siguiente escrito :
1. Denunciamos firmemente la grave vulneración de derechos humanos básicos.

2. Rechazamos la práctica de la tortura, y exigimos responsabilidades.

3. Exigimos medidas para que no vuelva a producirse ningún otro caso de tortura, o vulneración de derecho fundamental.

4. Exigimos el reconocimiento político y la reparación del sufrimiento infligido a las víctimas de la tortura.

5. Rechazamos la violencia ejercida contra las mujeres y la violencia machista, máxime proviniendo de funcionarios públicos.

6. Denunciamos la vulneración de derechos civiles y políticos fundamentales.

7. Reivindicamos la legitimidad de la actividad y acción política.

8. Exigimos la eliminación de las medidas, leyes y políticas de excepción.

9. Exige la el archivo definitivo del juicio que se iniciará el 17 de mayo, en la medida en que se basa en declaraciones hechas bajo tortura, y la legislación de excepción. Y en cualquiera de los casos exigimos su absolución.

10. Exigimos que se ponga fin a todos los juicios políticos.





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