jueves, 7 de noviembre de 2013

Detengan los Juicios Políticos

Españistán se desgañita alegando que en su territorio no existen presos políticos. La realidad es diferente, y de eso nos habla este texto publicado en la página de Kaos en la Red.

Pepe Mejía
Dos años después del fin de la actividad armada de ETA, las instituciones del Estado siguen con su política de represión, criminalización y juicios políticos. Acto público en Madrid el próximo viernes.
Para hablar de estos temas estarán en Madrid con nosotrxs el ex parlamentario europeo, Carmelo Landa, el ex parlamentario foral, Floren Aoiz, la abogada Begoña Lalana, uno de los jóevenes encausados en el macrosumario 26/11 actualmente juzgado en la Audiencia Nacional y el actor Carlos Olalla.
El acto público se llevará a cabo el próximo viernes 8 de noviembre a las 19:00 h en el Instituto Lope de Vega situado en la C/ San Bernardo, 70
Hace ahora un año, más de 500 personas de diversos ámbitos de la cultura y la sociedad madrileña hacían público un manifiesto que daba comienzo con la siguiente
Declaración:
“Las personas que suscribimos este documento coincidimos en señalar como histórico el momento político que vive el País Vasco. La Declaración de Bruselas suscrita por varios premios Nobel de la Paz, el Acuerdo de Gernika, la apuesta de la izquierda abertzale por las vías única y exclusivamente políticas y democráticas y la decisión de ETA de poner fin a su actividad armada, dibujan un panorama que ha abierto sin lugar a dudas un nuevo tiempo político en el País Vasco, así como también en el conjunto del Estado”.
Un año después vemos que las instituciones del Estado apenas han dado pasos hacia una paz justa y duradera que ponga fin definitivo al conflicto vasco, lo que sin duda puede poner en peligro el actual proceso de paz. El mantenimiento de la dispersión de los presos o la aplicación de doctrinas que han sido declaradas contrarias al derecho por parte de Tribunales europeos, son unas muestras ilustrativas de este preocupante inmovilismo.
Hoy asistimos a la celebración de macro-procesos llevados por la Audiencia Nacional en los que se juzga a decenas de personas por su mera actividad política, con la infundada acusación de que “todo es ETA” y que ya ha sido rechazada en anteriores procesos, como el diario Egunkaria o la asamblea de Udalbiltza.
En el primero de ellos se sientan en el banquillo 40 jóvenes independistas, a los que se pide un total de 240 años de cárcel. En el segundo, el sumario 35/02 llamado de las Herriko Tabernas, se encuentran imputados 110 administradores, y procesados 36 militantes de la izquierda abertzale, para quienes se pide entre 8 y 12 años de cárcel, entre los que se hallan destacados dirigentes que han sido importantes impulsores del actual proceso de normalización política y la creación de un escenario en el que el uso de la violencia sea totalmente descartado.
Asistimos pues a una cruda realidad: la total incompatibilidad de un estado de derecho con la criminalización de la actividad política. Menos aún en este momento actual. La única respuesta es que se actúa de esta manera con la clara intención de volver a un escenario de confrontación que se encuentra hoy en claras vías de superación.
En realidad no nos extraña esto que sigue sucediendo en el País Vasco, si lo relacionamos con la represión que se está desarrollando en el conjunto del estado español. Lo vemos en el caso de las luchas de lxs mineros, de lxs jornaleros andaluces, de lxs acampados, de lxs desahuciados, de lxs jóvenes encarceladxs por participar en piquetes de huelga, y un largo etcétera.
Las leyes de excepción (aprobadas con la excusa de una actividad terrorista), son hoy un anacronismo y están siendo aplicadas en el conjunto del estado. A esto hay que sumar el endurecimiento del código penal, el encarecimiento de la justicia con las nuevas tasas, las frecuentes y brutales cargas policiales, así como los miles de multas gubernativas impuestas en los últimos meses. Todo ello pretende paralizar la creciente contestación social contra las agresiones y recortes de derechos que nos impone el actual gobierno.




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