Denuncia Internacional Contra el 18/98

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Euskal Herria

300 juristas denuncian el carácter político del proceso del 18/98

300 abogados y profesores universitarios de ámbito internacional que han intervenido como observadores en el juicio por el 18/98, y han analizado tanto el proceso como la sentencia, han redactado un informe donde se recogen el cúmulo de irregularidades que han caracterizado el proceso, concluyendo que el fallo contraviene las bases de un Estado de Derecho.

Laia ALTARRIBA I PIGUILLEM |

Los 300 abogados y profesores universitarios que han actuado como observadores en el macro juicio 18/98 han presentado un informe donde recogen el cúmulo de irregularidades desde el inicio del sumario 18/98 juzgado en la Audiencia Nacional española (AN) y concluyen que la sentencia contraviene las bases de un Estado de Derecho.

La comisión de observadores ha seguido el juicio desde que empezaron las sesiones, y hasta 30 abogados internacionales se han desplazado a Madrid a lo largo de los dieciséis meses que ha durado la vista oral. En el análisis de la evolución del proceso han intervenido 300 juristas, que firmaban el informe que se presentó ayer en rueda de prensa en Barcelona, con el apoyo de tres federaciones internacionales: la Asociación de Abogados Europeos Demócratas, la Asociación de Juristas por los Derechos Humanos y la Asociación Internacional de Juristas Demócratas.

Irregularidades jurídicas

El informe detalla el cúmulo de irregularidades jurídicas que los observadores internacionales han detectado a lo largo del juicio, que les conducen a concluir que «la sentencia evidencia que no estamos ante un acto de investigación de hechos y emisión de justicia, sino ante un intento de dotar de apariencia jurídica a una decisión política».

En la comparecencia, Rafael Calderon, de la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, denunció que el primer problema yace en la base misma con que el juez Baltasar Garzón inició el proceso: el «todo es ETA», premisa que supone «una imparable extensión del concepto de terrorismo».

Calderon hizo, a este respecto, un recorrido por las actuaciones de Garzón durante el juicio que consideró que contravienen el Estado de Derecho, como cerrar ``Egin'' y Egin Irratia antes de empezar la instrucción; no tener en cuenta las denuncias por torturas de algunos de los procesados; admitir a agentes de la Policía española y la Guardia Civil en calidad de peritos; imputar a dos abogados defensores por alguna de sus intervenciones durante el juicio; o menospreciar a los 230 testigos aportados por la defensa. Todas estas actuaciones le llevan a la conclusión que «la Audiencia Nacional española ha asumido el papel de tribunal de excepción».

Éste abogado catalán también se hizo eco de la observación que apuntó uno de los abogados alemanes que han actuado de observadores: «Había visto anteriormente juicios sin pruebas, pero nunca un juicio sin crimen, como en este caso». Se trataba de Martin Poel, reputado letrado recientemente fallecido.

Amalia Alejandre, en representación de la Asociación Libre de Abogados de Madrid, intervino para desmontar la sentencia que se conoció el pasado mes de diciembre, y que según el informe se presenta al revés de como debería: primero expone la conclusión y luego fuerza las pruebas presentadas para poder sustentarla. «Es poner el mundo del derecho patas arriba», apuntó Alejandre en la presentación del informe. Añadió que la deriva que ha tomado la Audiencia Nacional con este sumario es muy peligrosa y supone un antes y un después en la aplicación del Derecho.

También tomó la palabra August Gil Matamala, quien ha sido presidente de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas. Alertó en su alocución de que resulta extremadamente preocupante el uso que se ha hecho en este caso de la Justicia como una herramienta de intervención política, situación que, para Gil Matamala, «aún acarreará más consecuencias graves» en el futuro.
documento

Sesenta personas del ámbito político y social vasco han exigido en un documento la anulación de la sentencia del 18/98, la «abolición de las leyes de excepción» y la disolución de la Audiencia Nacional. También piden a ETA que cese su actividad.
El tripartito plantea al Parlamento que apoye a los afectados

Los grupos que sostienen el Gobierno de Lakua, PNV, EA y EB, han registrado en el Parlamento una iniciativa en la que piden a la Cámara que muestre su rechazo a la sentencia del 18/98 y exprese su «apoyo y solidaridad» a «los afectados por el proceso y la sentencia».

En esta iniciativa, el tripartito insta al Parlamento a que denuncie que la sentencia, hecha pública el 20 de diciembre, supone «una conculcación de derechos y libertades basicas», así como el «carácter político» del fallo del tribunal.

A su parecer, «el pensamiento político» ha sido condenado en esta vista, y en el proceso «no se han respetado los derechos fundamentales mínimos de un sistema democrático», como es la presunción de inocencia. GARA

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