Encabezados por el ministro Ortiz Mayagoitia, quien como un Quijote Inquisidor contó con la complicidad arrogante de su obeso Sancho Aguirre Anguiano, los supuestos defensores máximos de la Constitución Mexicana proporcionaron el marco legal apropiado para que a partir de ahora, España secuestre a cuanto vasco y mexicano quiera usar como chivo expiatorio en su pendenciero esfuerzo por someter a las naciones sojuzgadas dentro de su enfermiza idea de Una España Bajo Dios.
He aquí un escrito más acerca de la suerte que les depara a aquellos refugiados políticos vascos entregados a la Santa Inquisición:
El 10 de marzo pasado fue juzgado el ciudadano vasco José Miguel Etxeandia Meabe en la Audiencia Nacional de España. Etxeandia, de 45 años, fue irregularmente detenido e inmediatamente incomunicado al salir de su casa en la ciudad de México, y posteriormente entregado a la policía española simulando una extradición, el 4 de julio de 2003. El arresto, justificado inicialmente por presuntas razones administrativas, culminó con una entrega ilegal, de la policía mexicana a la policía española simulando una extradición, mediante un procedimiento totalmente fuera de la ley, sin respetar las garantías mínimas de seguridad jurídica y debido proceso, entre otras. Estas acciones de la autoridad todavía hoy, pasados tres años, permanecen en la impunidad, lo que fortalece una creencia generalizada, compartida aun por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, quienes suponen que los extranjeros en nuestro país gozan de menos derechos que los mexicanos, o que el incumplimiento de las leyes en esos casos es una falta menor. Así se podría explicar que sean ya cerca de 30 los ciudadanos de origen vasco que han sido entregados a la policía española mediante el mismo modus operandi, sin que hasta el momento algún servidor público haya sido investigado, ni mucho menos sancionado, por esta razón, a pesar del flagrante atropello a la Constitución y a los convenios y tratados internacionales de derechos humanos vigentes en México.
Son varias las repercusiones de esta política de sometimiento a un Estado extranjero, pues implica la tolerancia a la persecución política de vascos, operada por la policía española dentro de nuestro territorio nacional. Esta posición no sólo vulnera la soberanía nacional, también deteriora gravemente la precaria credibilidad de las instituciones de justicia, al distorsionar su función original para convertirlas en instrumentos de persecución política para la satisfacción de intereses ajenos a la función pública que le es propia en un estado de derecho. Al permitir reiteradamente estos hechos, el Estado mexicano incumple de modo sistemático sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En el caso de Etxeandia, los abusos posteriores a su entrega consistieron en: incomunicación y tortura durante 10 días, según el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Durante los tres años siguientes a su entrega, Miguel Etxeandia ha pasado por dos cárceles ubicadas a más de 500 kilómetros de su lugar de origen, separado de su pareja mexicana y de su familia, mientras se esperaba el juicio. Miguel padece hepatitis C y ha sufrido complicaciones de salud manifiestas en vértigos, pérdida de la vista y depresión severa. Los médicos de la cárcel se han negado a atenderlo adecuadamente y a suministrarle los medicamentos necesarios.
Miguel podría ser condenado a 35 años de prisión a partir de testimonios arrancados bajo tortura como prueba en su contra.
Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió negativamente el caso de los seis vascos presos en el Reclusorio Norte y en el penal de Santa Martha. En su caso adquiere mayor relevancia la información acerca del destino de los ciudadanos vascos residentes en México que han sido impunemente entregados a la policía española, pues al conceder la extradición a España, la Corte haría posible que fueran incomunicados por varios días y sometidos a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, humillantes o degradantes.
* Defensor de derechos humanos
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