'Enclave Burgalés' y Coronavirus

Y tuvo que llegar un virus de tierras exóticas y lejanas para terminar mostrando en toda su anacrónica ridiculez la política colonialista que ha implementado Madrid en contra del País Vasco en lo que respecta al 'enclave' de Trebiñu y Argantzun, municipios vascos que estando dentro del territorio de Araba y donde sus habitantes se identifican a sí mismos como vascos... pertenecen a la provincia castellana de Burgos.

Lean esto que reporta El Confidencial:

La desescalada alavesa de Treviño, ¿primer paso para su anexión al País Vasco?

Burgos teme que el pacto de Sánchez con el PNV, para que el enclave vaya de la mano de Álava en la vuelta a la normalidad, sea la "punta de lanza" para culminar el anhelado objetivo nacionalista

Jose Mari Alonso

La cuestión de los límites de Treviño no se acota ahora a las fronteras físicas de este enclave burgalés ubicado en Álava. La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aceptar la exigencia del PNV de que esta zona se amolde al plan de desescalada de Álava para garantizarse el apoyo de los nacionalistas a la cuarta prórroga del estado de alarma ha añadido la problemática de un nuevo límite: el del alcance en el tiempo de esta decisión, que encierra evidentes connotaciones políticas. Esto es, ¿la frontera temporal está en el fin de la emergencia sanitaria o se proyecta más allá del radio de acción del coronavirus?

En la Diputación de Burgos, existe el "fundado temor" de que se pueda tratar del primer paso de un proceso encaminado a culminar la anexión de Treviño al País Vasco. A efectos prácticos, el fondo de la medida se comprende en su esencia —aunque hay algunas voces políticas e institucionales que lo discuten—: que la desescalada de este enclave pueda acompasarse a la hoja de ruta alavesa por "cuestiones prácticas", por el criterio de acometer este proceso por áreas geográficas y básicas de salud, y porque muchos servicios para esta zona son prestados por la Administración vasca en virtud de diferentes convenios entre las diputaciones de Burgos y Álava, y que alcanzan a la sanidad o los servicios sociales.

Pero sí se ponen en entredicho, en primer lugar, las formas, con “una deslealtad institucional de primer orden”, por adoptarse la decisión sin contar con el criterio de la Junta de Castilla y León y la Diputación de Burgos, y, lo que es más importante, el “contenido oculto” del acuerdo del Gobierno español con el PNV, cuyo fin último es lograr la anhelada anexión de Treviño a Álava. “Es evidente que hay algo más”, asevera Borja Suárez, vicepresidente segundo de la Diputación de Burgos y portavoz del PP en la institución provincial.

Suárez admite que es de “pura lógica” que la asistencia a los habitantes de este enclave se pueda seguir dando en Vitoria, a unos 15 kilómetros de distancia, frente a los 100 km de la capital burgalesa, cuando el estado de alarma prohíbe los movimientos entre provincias y la previsión, en el mejor de los casos, es que estos traslados se puedan dar a finales de junio, según el plan de desescalada diseñado por el Gobierno. En esta zona, según argumenta, unos 2.500 de sus 4.000 habitantes están empadronados en la capital alavesa, de modo que ahora —asume— se encuentran en una complicada situación. “Es ilógico aislarlos. Es una cuestión práctica. No tiene sentido no hacer la desescalada con base en criterios geográficos, de áreas básicas de salud”, señala con firmeza.

Pero esta misma contundencia la esgrime para poner de manifiesto su honda preocupación por el hecho de que se haya podido abrir 'de facto' la puerta al “intento definitivo de segregación de Treviño de Burgos, saltándose a la torera el Estatuto de Autonomía de Castilla y León”, que se modificó en su día para poner freno a cualquier pretensión de desanexión. Y más sabiendo la absoluta dependencia de Sánchez hacia el PNV, no solo para mantener activo el estado de alarma sino para la propia continuidad de su Gobierno.

De hecho, dentro del nacionalismo vasco se ha instalado la euforia y ya hay voces que piden ir más allá de esta ‘anexión’ temporal a Álava una vez finalice la emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Entre ellas, el propio Ayuntamiento del Condado de Treviño, en manos del PNV tras la última e histórica cita con las urnas, que aupó a EH Bildu al poder en el otro municipio del enclave, La Puebla de Arganzón, en donde se apuesta por reactivar los procedimientos para lograr su anexión a Euskadi de la mano de las instituciones vascas una vez esté desactivado el estado de alarma. "En circunstancias como esta, es más evidente el sinsentido de que nuestros ayuntamientos no pertenezcan a Álava. Nuestros vínculos sociales, económicos y culturales están en Álava. Siempre hemos denunciado que nos sentimos ciudadanos de segunda y sería un despropósito agravar nuestra situación de desigualdad incluyendo Treviño en Burgos durante esta fase de desconfinamiento", subraya el alcalde de La Puebla de Arganzón, Pablo Ortiz de Latierro.

“Esperemos que esto no sea la punta de lanza para colar la segregación de Treviño y que se ciña en exclusiva al ámbito de la crisis”, replica Suárez ante las pretensiones nacionalistas. Porque, al margen de los efectos prácticos que pueda conllevar para los habitantes del enclave, se trata de una medida que encierra un evidente significado político, del que va a tratar de aprovecharse a nivel electoral el PNV, que también ha arrancado a Sánchez el compromiso de celebrar las elecciones autonómicas en julio, en contra del criterio de la oposición. La formación 'jeltzale' busca por todos los medios que la cita electoral tenga lugar antes del verano y, para ello, se ha asegurado el respaldo del Gobierno central, a no ser que la evolución de la pandemia vuelva a devolver al congelador los comicios previstos para el 5 de abril.

La exigencia de que Treviño acometa las diferentes fases de la desescalada de la mano de Álava se planteó a nivel institucional el lunes, con una acción conjunta de la Diputación alavesa y los dos ayuntamientos del enclave, que remitieron una carta al Ministerio de Sanidad y a los delegados del Gobierno en el País Vasco y Castilla y León, en la que trasladaban su “preocupación” por el plan de desescalada por provincias diseñado por el Ejecutivo de Sánchez. Según alertaron, este criterio “deja en el límite a los habitantes del enclave, que tradicionalmente hacen su actividad vital en y con los territorios alaveses próximos, y en particular en Vitoria, simplemente por una mera aplicación de la proximidad geográfica de la capital alavesa con los núcleos habitados del enclave”.

"Lo importante en esta situación de pandemia deben ser los treviñeses y sus necesidades en la vida cotidiana. Una reflexión en la que estoy segura estamos de acuerdo el delegado del Gobierno en el País Vasco y yo", asevera la primera teniente del diputado general de Álava, Pilar García de Salazar, que advierte de que la prestación de los servicios sociosanitarios, de dependencia o emergencias que se recoge en el acuerdo marco entre las diputaciones de Burgos y Álava es "fundamental, sobre todo, en estos momentos de emergencia sanitaria por los que estamos atravesando". Estos convenios que atañen a los habitantes del enclave podrían no prestarse ahora en una aplicación rigurosa del estado de alarma, al igual que tampoco podrían ser asistidos en el Hospital comarcal de Miranda de Ebro (Burgos) los habitantes de algunos núcleos alaveses próximos a esta localidad en virtud de los diferentes acuerdos suscritos.

Estos acuerdos, como reseña Suárez, están bien definidos, pero no así el pacto alcanzado por Sánchez con el PNV para permitir a Treviño seguir la desescalada alavesa. “Está claro que hay algo más”, remarca, amparado en la trayectoria de la formación nacionalista, que "seguro va a poner toda la carne en el asador" para lograr esta histórica reivindicación, valiéndose de su fuerza en Madrid en el actual tablero político. En la Diputación de Burgos, existe el temor de que se haya podido acordar en la sombra algún mecanismo, caso de una comisión en el Congreso u otra fórmula, para activar este proceso de independencia de Treviño para sumarse al País Vasco, cuestión que goza del respaldo político unánime en Álava. “Ya veremos qué pasa luego”, afirma, para advertir de que está abocado al fracaso cualquier intento de anexión del enclave al País Vasco que trate de saltarse a Castilla y León.

En la Junta Provincial, el pronunciamiento es crítico también con el fondo del acuerdo para que Treviño asuma la desescalada alavesa. Su portavoz y vicepresidente, Francisco Igea, ha replicado que “a todos debería” preocuparles la salud de los habitantes del enclave burgalés, para poner de relieve que las tasas de letalidad del coronavirus en la provincia vasca son “el doble” que en Burgos. También la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha evidenciado su malestar por una decisión "política" que afecta a la comunidad castellana. "El tema me parece grave y complicado. No nos parece razonable que en una crisis sanitaria como esta, de grandísima envergadura, se utilicen criterios políticos. En una crisis sanitaria, los criterios son los sanitarios", ha replicado.

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