La serie de restricciones a la movilidad generadas por la contingencia sanitaria con la que se ha intentado aminorar el número de contagios por la pandemia del SARS CoV-2 ha probado ser especialmente taxativa para los familiares y amigos de los presos políticos vascos.
Como se pudo ver claramente en el caso de Josu Urrutikoetxea, ni París ni Madrid se ven presionados por la comunidad internacional en su tratamiento de este colectivo sin importar lo que hayan recomendado organismos como la OMS.
Es por ello que una vez más, la sociedad vasca se moviliza en favor de quienes resultan más vulnerables dada la política de negación de derechos humanos y garantías individuales a quienes más que presos se identifica como rehenes.
Dicho lo anterior, les compartimos esto que ha publicado EiTB:
Etxerat, Sare y Salhaketa han firmado un manifiesto en el que denuncian la gestión de la pandemia en las cárceles, ya que entienden que no se siguen recomendaciones de los organismos internacionales.El portavoz de la asociación de familiares de presos vascos Etxerat, Urtzi Errazkin, ha reclamado que, "en esta desescalada que ahora comienza debe procederse, en cuanto sea posible, al acercamiento" de estos reclusos a cárceles de Euskal Herria.Errazkin ha pedido que esto sea así, "sin dilaciones que obedezcan nuevamente a recetas del pasado" y "al mantenimiento de la excepcionalidad", para que, cuando pase "este ciclo" de la pandemia de COVID-19 "que tan duro y difícil está siendo para todos", la sociedad vasca "camine" hacia la normalización "de una vez por todas sin lastres y sin sumar ya más sufrimiento".El dirigente de Etxerat ha hecho esta reflexión en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido conjuntamente con el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, y el dirigente de Salhaketa Araba César Manzanos, durante la que han dado a conocer un manifiesto en el que denuncian la gestión de la pandemia realizada en las cárceles y que próximamente trasladarán a distintos colectivos políticos, sociales y sindicales para lograr adhesiones.Durante su intervención, Errazkin ha opinado que, "con las medidas aplicadas en las cárceles desde que se declarara la emergencia sanitaria", los Gobiernos español y francés "han conseguido que los presos sean las personas más aisladas y, al mismo tiempo, las más expuestas frente a la COVID-19".Ha explicado que su organización hará público esta misma semana un documento, elaborado con información facilitada por los familiares de los internos, cuya conclusión es que la prioridad en el caso de los presos pasa por "mantenerlos en prisión, al margen de sus derechos y de las normas y recomendaciones de la ONU, la OMS y el Consejo de Europa".Ha denunciado, en este sentido, que durante el tiempo transcurrido en situación de pandemia "ninguno" de los 6.000 internos liberados en el Estado francés ha sido un preso de ETA, "pese a que seis de ellos al menos sufren enfermedades o tienen edades que les hacen muy vulnerables", mientras que en el Estado español no se ha producido "ni una sola excarcelación". "Tan sólo, en algunos casos, contadas videollamadas para mantener la comunicación con las familias", ha resumido.Por su parte, Joseba Azkarraga ha dicho que "un alto porcentaje" de estos internos "cumplen las indicaciones de los organismos internacionales para que pudieran ser enviados a sus casas y poder estar cerca de los suyos", dado que tienen una edad avanzada, muchos sufren enfermedades graves, y 161 han cumplido más de 15 años de privación de libertad.Manzanos ha resumido las principales líneas del documento de denuncia de la gestión de la pandemia realizada en las cárceles, en el que se critica la "falta de aplicación, con carácter urgente y generalizado, de las medidas concretas recomendadas" por los organismos internacionales; la falta de "acceso a los test a toda la población recluida, ni a todo el funcionariado de prisiones", y la ausencia de "un plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico" en las prisiones.Manzanos ha incidido asimismo "en la actitud que ha mantenido el Gobierno Vasco", en este asunto dado que "tiene la competencia en materia de sanidad y seguridad en las cárceles" en su comunidad.
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