Dos Años del Final de ETA

Desde Gara traemos a ustedes este reportaje con el que se da seguimiento al segundo aniversario de la culminación de la desmovilización de la organización antifascista vasca ETA como parte del proceso de paz aún unilateral emprendido por la sociedad vasca desde 2011.

Lean por favor:

ETA: salirse voluntariamente de la ecuación para favorecer otra fase

Fue un punto y final. Los dos años transcurridos desde la última declaración de ETA no han dejado lugar a dudas a ese respecto, pero son espacio de tiempo suficiente para comprobar que se ha abierto un periodo cambiante y sujeto a nuevos factores. Sin ETA.

Iñaki Altuna

El debate que condujo al final de ETA, proclamado oficialmente el 3 de mayo de 2018, se inició aproximadamente un año antes, cuando la organización ya se disponía a ejecutar su desarme mediante la sociedad civil. Para ETA, ambas cuestiones –el desarme y la decisión sobre el final de la organización– componían un todo que debía responder a una única pregunta: ¿qué tenía que hacer ETA para favorecer el proceso político vasco? Así, al menos, lo recogía en sus documentos internos.

Un proceso de debate de un año que, para tratarse de una organización clandestina, contó con un alto grado de transparencia. Un primer anuncio de que ETA se disponía a abrir un periodo de reflexión fue realizado someramente en una entrevista concedida a GARA en febrero de 2017 por David Pla, entonces aún designado como interlocutor en la búsqueda de soluciones. En setiembre de aquel mismo año fue la propia organización ya desarmada la que informó oficialmente de que el debate se estaba produciendo, sobre «la función y el ciclo de la organización».

En febrero de 2018 se conoció públicamente la «propuesta política» presentada por la dirección para su refrendo por la militancia, proposición que abogaba sin ambages por poner punto y final al recorrido de ETA, lo que dio paso finalmente a la citada declaración del 3 de mayo, no sin antes publicar dos comunicados más: el primero, en el Aberri Eguna celebrado el 1 de abril, para homenajear a quienes habían caído en el camino, y el segundo, datado simbólicamente el día 8 de abril –primer aniversario del desarme– y difundido el 20, para reconocer el daño causado.

En parte porque la propia ETA había divulgado el último número de su publicación “Zutabe” con detalles del proceso, en parte porque se prodigaron trabajos periodísticos sobre el tema, que incluyeron libros como el del desarme o el de la última entrevista a ETA, en poco tiempo se pudo tener un conocimiento bastante exhaustivo de los entresijos de todo el proceso. Quedaban pocas dudas sobre su carácter definitivo.

Sorprendió, según comunicaron los agentes internacionales implicados desde la Conferencia de Aiete de 2011, la amplia participación con la que contó el debate. Alrededor de 3.000 personas tomaron parte de una u otra forma en el mismo, aunque solo aproximadamente la mitad, los y las considerados estrictamente militantes de ETA, tuvo derecho de voto. El resultado fue aplastante, con un 93% de voto afirmativo a la propuesta presentada, y mostraba la solidez de este último paso.

Principales razones

Las principales razones esgrimidas en el seno de ETA para la toma de una decisión de tal trascendencia histórica se soportaban en una valoración general del ciclo histórico que marcó el nacimiento y desarrollo de esta organización, así como en una consideración a futuro sobre cómo actuar para favorecer el camino hacia los objetivos políticos del independentismo.

ETA entendía que su nacimiento correspondió a un momento de máxima represión y en el que el pueblo vasco se enfrentaba a un riesgo cierto de desaparición, en pleno franquismo en el sur y con un proceso de asimilación muy acusado en las provincias bajo administración francesa. La idea de que ETA nació al prender otra vez los rescoldos de resistencia que quedaron bajo el manto de cenizas y oprobio del bombardeo de Gernika era recurrente en sus análisis.

A juicio de ETA, en el posterior ciclo de 60 años desde su nacimiento, se había producido una «recuperación nacional», el proyecto político independentista había calado en amplios sectores y se había avanzado en la «lucha ideológica» y determinados conceptos se habían convertido en mayoritarios en la sociedad vasca, entre otros avances. En definitiva, «el independentismo de izquierda ha colocado las bases suficientes para avanzar en el camino de la libertad», lo que, según ella misma, otorgaba «tranquilidad y seguridad» para abordar aquel debate.

Reconocía que no había conseguido sus objetivos, pero consideraba que sí había condiciones para avanzar hacia ellos, eso sí, en una nueva fase en la que ETA ya no tendría un papel que cumplir o, mejor dicho, en una fase para la que esta organización debía salir del tablero político. Constatado el desgaste de la denominada «estrategia político-militar» que llevó al abandono de la lucha armada en 2011, cualquier vía para avanzar hacia el Estado vasco debía ser estrictamente política, basada en la acumulación y activación de fuerzas.

Explicaba que había habido dos tipos de razones para abandonar la lucha armada. Las fundamentales, ligadas a los avances o retrocesos del proceso político, a la respuesta a ofrecer al momento y condiciones del mismo. Constataba, además, que el Estado español le había tomado la medida a gestionar el conflicto con Euskal Herria en términos meramente «antiterroristas», lo que le permitía soslayar el conflicto político de fondo en términos democráticos. Un statu quo peligroso a la larga, independientemente de la capacidad de desestabilización que aún tuvieran las acciones armadas de ETA. Es más, constataba no sin cierto pesar que seguramente tenía que haber tomado antes las decisiones que estaba adoptando.

Otro tipo de razones aludían al citado desgaste de la lucha armada, de tipo social (un decreciente apoyo popular), internacional (la práctica armada de las características de la realizada por ETA se había abandonado ya en muchos otros procesos, y además el fenómeno yihadista permitía a los estados generar confusión) y técnico (llevar a cabo atentados era cada vez más difícil).

Pese a todo ello, en la entrevista realizada poco antes de la desaparición de ETA y publicado en formato libro poco después, esta afirmaba que hasta el desarme había tenido capacidad suficiente para continuar con la lucha armada, y que la decisión de abandonarla había sido netamente política, de carácter estratégico.

Precisamente en ese libro-entrevista destacaba también una perspectiva ética respecto al sufrimiento que, según las explicaciones de la dirección de la organización, tomó peso en el transcurso del debate: «El punto de partida para la decisión de abandonar la lucha armada fue político; es decir, una adecuación de la estrategia [...], pero aun siendo eso así, en medio del debate nos surgió el factor ético, y nuestra reflexión nos ha llevado a querer fortalecer el citado marco ético». En ese contexto pudiera entenderse su declaración sobre el daño causado.

Necesario, pero no suficiente

Superada ya toda duda sobre la necesidad del cambio de ciclo, la izquierda abertzale había fijado su apuesta por propiciar un movimiento independentista amplio, que aglutinara a diferentes sectores de diversas procedencias, y frente a ello ETA debía tomar sus propias decisiones. «Para construir un futuro compartido –recogía el documento de conclusiones del debate–, ETA ha renunciado siquiera a intentar imponer la integridad de su relato. La Izquierda Abertzale no abjurará de sí misma, ETA no renegará de su aportación, pese a estar abierta a la autocrítica, pero tampoco demandará su total legitimación a aquellos que están dispuestos a recorrer el camino de la construcción del Estado Vasco. Y ello, inevitablemente, tiene consecuencias directas respecto a la función histórica de ETA, pues nadie entendería que se arrogase la dirección, dinamización o referencia del proceso independentista». De esta forma, ETA decidía salirse de la ecuación del proceso político vasco, en la que durante seis décadas había sido uno de los vectores principales.

En definitiva, después de pasados dos años se podría decir que la última decisión de ETA de disolverse, así como la de abandonar la lucha armada o proceder al desarme, se entendía como condición necesaria para avanzar en el proceso político, pero no suficiente. ETA sabía que tenía que tomar esa decisión, pero asumía también que ello, por sí mismo, no garantizaba un resultado definitivo, ni en la resolución del conflicto político ni siquiera en la de las consecuencias del mismo, sobre todo, en lo que se refiere a la situación de presos y exiliados. Una herida que sigue sangrando.

Debía dar ese paso sin contrapartida alguna ni tutela de ningún tipo sobre la actuación venidera del independentismo vasco. Confiaba en la entrega de la izquierda abertzale, en la capacidad de ampliar a nuevos sectores el proyecto independentista de izquierda y en el compromiso tangible adquirido por agentes sociales e institucionales para la resolución de las consecuencias del conflicto. El impacto de los artesanos de la paz había sido determinante.

Sabía de las dificultades que existirían y que, en este tiempo, ya se han constatado fehacientemente. En su análisis ETA preveía diversos obstáculos. El principal, la posición de los estados, a los que acusaba de mantener el bloqueo para evitar situaciones de confrontación democrática que les resultaran más incómodas de gestionar por su falta oferta a la ciudadanía vasca.

Tras las decepciones por su comportamiento después de la Conferencia de Aiete y durante el proceso de desarme, ETA recelaba también sobre la actitud futura del PNV, al que veía obsesionado con lograr una derrota «política e ideológica» de la izquierda abertzale. Pocos hechos han contradicho esa percepción. En este tiempo, el principio de acuerdo entre independentistas y jeltzales para un nuevo estatus para la Comunidad Autónoma Vasca fue un espejismo pasajero.

Panorama cambiante

Muchas otras cosas han ocurrido fuera de cualquier previsión o guion. No paso ni un mes hasta la moción de censura que provocó la inesperada caída del Gobierno de Mariano Rajoy, cuya actitud y actuación eran totalmente recalcitrantes; refractario al más mínimo de los movimientos para dar salida a la cuestión vasca, en cualquiera de sus extremos. La llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, coaligado con Unidas Podemos, no ha supuesto un cambio radical, ni mucho menos, pero ha propiciado una serie de movimientos respecto al independentismo vasco.

Se abría así tímidamente un mínimo resquicio al diálogo, vedado desde 2011, año en el que Rodríguez Zapatero concluyó su mandato. Paradojas de la política, dicho resquicio se entreabría después de que la izquierda abertzale hiciese un esfuerzo ímprobo por colocar en el centro de su corpus teórico el novedoso concepto de unilateralidad. No en vano tenía marcado a fuego en su bagaje histórico el esquema de negociación bilateral con acuerdos y garantías previos.

Una dicotomía no resuelta entre unilateralidad y bilateralidad había aturullado a ese sector político y social desde que procedió al cambio de estrategia, aunque, a decir verdad, en la ponencia de conclusiones de ETA parecía haberse superado por fin el embrollo, al considerar que ambas vías no debían de considerarse necesariamente antagónicas, y que podrían combinarse en mayor o menor medida según el contexto y el momento. Por ejemplo, citaba el desarme como un ejercicio práctico en el que la unilateralidad terminó logrando, en la relación entre los artesanos de la paz y París, un grado de bilateralidad.

ETA se despedía con la idea de favorecer las condiciones para un proceso independentista, cuyo éxito dependería de que cada vez más sectores fueran decantándose a favor de la alternativa de construir un Estado vasco, mediante la refundación de la oferta independentista y la inclusión también de propuesta tácticas o intermedias. Consciente de las dificultades y de que todo ello exigiría tiempo y esfuerzo, ETA no esperaba que su decisión provocase, a modo de causa-efecto, una eclosión independentista, una suerte de aceleración definitiva del llamado «proceso de liberación». Advertía, de hecho, sobre el voluntarismo.

La verdad es que la apuesta independentista tiene dificultades y se está topando últimamente con modificaciones sustanciales en el panorama político, además de la provocada por el citado cambio de gobierno en el Estado español. La idea de una sincronización con el proceso catalán se ha tornado más difícil en los últimos meses, después de que aquel pujante movimiento entrara en una situación de cierto estancamiento, y el agotador ciclo electoral del último lustro ha condicionado sobremanera la acción política de todos los agentes, entre otros factores.

Los principales debates y las condiciones sociales y políticas que permiten encarar procesos de cambio profundos continúan abiertos y vigentes, aunque existen asimismo incertidumbres en una situación tremendamente cambiante. Los retos del país se antojan enormes, agrandados aún más por problemas sistémicos y globales como el del Covid-19, que sacude hoy en día a la humanidad. El pueblo vasco se enfrenta en unas condiciones inéditas a su futuro, con el ciclo ETA cerrado y con menos certezas que oportunidades.

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