Madrid vs Sus Víctimas

A Madrid le ha funcionado muy bien eso de hacerse pasar por un estado democrático ante el concierto de naciones.

La realidad es bastante más cruel para las víctimas de un régimen que cambió del piel en 1978.

Aquí les presentamos este reportaje de Público que aclarará cualquier duda a quien aún se muestre escéptico respecto a la longevidad del franquismo:

Así han bloqueado los tres poderes del Estado el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo

El abogado Jacinto Lara, presente en multitud de procesos contra los crímenes de la dictadura, denuncia cómo en los últimos cuatro años los poderes del Estado han "fortalecido la política de impunidad de la dictadura franquista". 

Alejandro Torrús

El Congreso convalidó el jueves el Real Decreto Ley que permitirá sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. España pondrá fin de esta manera al agravio histórico que suponía mantener al dictador que masacró a su propio pueblo enterrado con honores. Se solucionará así uno de los muchos défictis del Estado español en relación a los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas de la dictadura. Un paso adelante para las víctimas y también para la democracia.

Sin embargo, aún queda mucha tarea pendiente. Cuando el entonces Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, visitó España publicó un extenso informe en el que señaló todas las tareas pendientes del Estado español en esta materia. A saber: encontrar a los desaparecidos y modificar sistema de exhumaciones; anular las sentencias del franquismo; abrir los archivos y crear un organismo que ayude a crear un relato oficial de la historia.

Todas estas medidas, en mayor o menor medida, fueron tenidas en cuenta por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuando anunció su deseo de reformar la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, hay una parte de las recomendaciones de Pablo de Greiff que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ignorado: el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo. El Relator de la ONU emplazó a España a derogar o dejar sin efecto las disposiciones de la Ley de Amnistía, que en la práctica "cumple las funciones de una ley de punto final en tanto que se ha utilizado para archivar prácticamente la totalidad de los casos que llegan ante los jueces", y a "juzgar o extraditar" a los responsables de la dictadura franquista.

¿Y qué ha pasado desde entonces? El abogado de las víctimas de la dictadura franquista en el proceso abierto en Argentina y en muchas de las querellas presentadas en suelo español, Jacinto Lara, responde que en materia de acceso a la Justicia las víctimas de la dictadura están peor ahora que hace cuatro años. "En este tiempo, los tres poderes del Estado han fortalecido la política de impunidad del franquismo y el Ejecutivo del PSOE no ha formulado ninguna medida para remediarlo", denuncia Lara, que considera que acabar con la impunidad de la dictadura es posible "con voluntad política".

"Juzgar a los responsables franquistas es posible. El Derecho Internacional lo avala. Hacen falta reformas legales y voluntad política. Decir que España no puede juzgar a los responsables de la dictadura es un insulto a la inteligencia", denuncia Lara, que señala que la política de impunidad del franquismo es mantenida por los "tres poderes del Estado".  

El Parlamento blindó la Ley de Amnistía

El Poder Legislativo, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, rechazó en marzo del presente año dejar sin efecto la Ley de Amnistía, tal y como solicitó el Relator de la ONU. La propuesta llegó al Congreso de la mano de los distintos colectivos y víctimas que integran la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).

Solicitaban añadir un párrafo a la conocida Ley de Amnistía que estableciera, concretamente, que la norma "no impedirá" que "los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos".

La propuesta, tal y como se ha señalado, fue rechazada por PP, PSOE y Ciudadanos. El socialista Manuel Cámara ha incidido en que de cambiarse la norma se darían situaciones de "inseguridad jurídica". La decisión fue duramente criticada por otros partidos del Congreso como Unidos Podemos o ERC. También por la Red de Ciudades contra la impunidad franquista, que incluye a consistorios como el de Barcelona, Madrid o Zaragoza, emitió un comunicado en el que emplazó al Congreso a asumir las demandas del Relator Especial de la ONU. 

El Poder Judicial no quiere investigar

El abogado Jacinto Lara también recuerda que en los últimos años las víctimas del franquismo han interpuesto hasta 12 querellas en los juzgados españoles para que se investigaran las torturas de diferentes miembros de la Brigada Político y Social, como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Nueve de estas querellas ya han sido inadmitidas por la Justicia.

Asimismo, los ayuntamientos de Vitoria, Pamplona, Elgeta, Arrasate y Durango  también han interpuesto querellas contra la dictadura. La única que fue admitida a trámite y de la que se llegaron a realizar diligencias judiciales fue la querella del Ayuntamiento de Elgeta. Sin embargo, la jueza que dio el paso tenía condición de sustituta y fue rápidamente removida del juzgado, que inmediatamente ordenó el cierre de la causa.

En este sentido, también cabe destacar que la Audiencia Nacional rechazó extraditar a los acusados de torturas durante el tardofranquismo Antonio González Pacheco, miembro de la BPS, y Jesús Muñecas, agente de la Guardia Civil. 

El Ejecutivo, cerrado en banda

Las actuaciones del Ejecutivo en los últimos tiempos que han apuntalado la política de impunidad de la dictadura se pueden vertebrar en dos ejes.

Por un lado, el Consejo de Ministros desoyó la advertencia de la ONU de juzgar a los críminales franquistas o colaborar con Argentina y extraditar a los imputados crímenes de lesa humanidad en el franquismo. El Consejo de Ministro rechazó el de 15 de marzo de 2015 la petición de la Justicia de Argentina de entregar a veintena de miembros de la dictadura franquista (desde exministros a miembros de la BPS) para su toma de declaración por los graves delitos por los que son acusados. Entre ellos se encuentran los exministros Fernando Suárez y Rodolfo Martín Villa.

Tras la negativa a extraditar a Argentina del Estado español, la jueza argentina María Servini envió comisiones rogatorias a España para poder tomar declaración a los imputados en suelo español con la colaboración de jueces de aquí. La reacción del Gobierno del Partido Popular fue contundente. El 20 de septiembre de 2016 la Fiscalía General del Estado envío una circular a los juzgados con peticiones desde Argentina instándoles a rechazar estas comisiones y recordando que el juez Garzón fue investigado por intentar juzgar el franquismo. 

¿Qué puede hacer el Gobierno de Sánchez?

La pregunta, ante esta situación de impunidad, es pertinente. ¿Qué puede hacer el Gobierno de Sánchez para acabar con la impunidad de la dictadura?

En primer lugar, Jacinto Lara emplaza al nuevo Ejecutivo a dejar sin efecto la circular de la Fiscalía que pide a los jueces no colaborar con la Justicia de Argentina en su causa contra los crímenes del franquismo y que, por contra, la oriente a la Fiscalía para que pida a los jueces que colaboren con Argentina y que la jueza pueda pisar suelo español y tomar declaración a los imputados. "La nueva Fiscalía lo tiene muy fácil. Solo tiene que dejar sin efecto la anterior y mostrar su predisposición del Estado a colaborar con Argentina. Eso es lo que nos pidió el Relator de la ONU", incide Jacinto Lara.

En segundo lugar, el abogado de la CEAQUA pide al Gobierno de Sánchez que haga suyas las reformas legales que permitirían que la Justicia sí pudiera investigar los crímenes franquistas. Así, pide al PSOE que utilice su papel de impulsor legislativo para pedir que se anule la Ley de Amnistía y para que apoye otra propuesta, ya en trámite parlamentario, que pide reformar el Código Penal para "incorporar el principio de legalidad desde una perspectiva internacional".

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