Delegado Sociata en la CAV

No importa si es sociata o pepero o si en el futuro es un podemita o un falangista anaranjado, la misión de todo delegado español -colonialista y españolista- en la CAV será la de tratar de dinamitar cualquier iniciativa en favor ya no solo de la autodeterminación del pueblo vasco desde el ámbito político sino también desde cualquier otro ámbito, sea cultural, identitario, deportivo, etc.

Así pues, el sociata Jesús Loza ya muestra que su gestión bajo el auspicio de Pedro Sánchez no será diferente a la de sus antecesores.

Así lo denuncian en este texto dado a conocer por Deia:

Nuevamente, la reorientación de la política penitenciaria y el delegado del Gobierno

Joseba Azkarraga e Iñaki Lasagabaster

Hay un dicho que hoy es de aplicación al nuevo delegado del Gobierno: “No hay cosa que más ruido meta que un coche viejo y un diputado nuevo”. Cambiamos lo de diputado, por delegado y como anillo al dedo. Conocemos desde hace años a Jesús Loza. Es más, le tenemos aprecio personal, pero cada día que pasa, nos causa una mayor discrepancia con sus declaraciones.

Como ciudadanos vascos, planteamos un problema político, que debe y tiene una clara respuesta jurídica y que el delegado del Gobierno continua ignorando. Una vez más, en su raca-raca continuo desde que fue nombrado, el delegado volvía hace unos días, en rueda de prensa, a manifestar, que había que reorientar la política penitenciaria, que “lo importante es la reinserción no el alejamiento” al que están sometidos los presos y presas vascos y sus familiares. Esta afirmación es sorprendente jurídicamente. Parece ser que en política “lo importante” está por delante de los derechos de las personas.

Se equivoca radicalmente con esta afirmación, haciéndolo además cuando en cumplimiento de su cargo y siendo una autoridad pública no debería hacerlo. El delegado está obligado por la ley, por sus propias leyes. Las decisiones que pueda adoptar, al igual que las opiniones que manifieste en el ejercicio de su cargo, deben respetar la legalidad. En concreto, en materia penitenciaria, y específicamente en relación con los presos y presas vascos, debe atenerse a la legalidad. Así lo ha manifestado su partido, su gobierno y su ministro del Interior. A los presos y presas vascos se les aplicará el principio de legalidad. Y así mismo, incluso, lo han afirmado las asociaciones de víctimas, como no podía ser de otra manera.

Lo que viene a afirmar el delegado es que el cumplimiento de la legalidad no es importante. En otros términos: aunque la ley y la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos hayan reconocido en seis sentencias hasta este momento que las personas privadas de libertad tienen derecho a estar internas en centros penitenciarios cercanos a su domicilio habitual, el Gobierno español continua teniendo a los presos y presas vascos a cientos de kilómetros de Euskal Herria.

Según las palabras del delegado, lo importante es la reinserción, no el alejamiento, afirmación no sólo sin base legal sino también contraria al ordenamiento jurídico, como hemos dicho. La repetida reorientación de la política penitenciaria del Gobierno va a ser “discreta”, con el conocimiento de las asociaciones de víctimas, que realizan un “control riguroso del Gobierno”, pero a las que “agradece su comprensión”.

Nada hay que decir a las asociaciones de víctimas, nada más que reconocerles su dolor. También recordar que han declarado su respeto a la legalidad. Pero la declaración del delegado no puede, ya que así lo parece, disimular su actuación acogiéndose a las limitaciones que, según sus palabras, le provoca el control de las asociaciones de víctimas. Estas, por propio reconocimiento y al igual que las demás personas, están sometidas a la ley. La ley es contraria a la política de alejamiento que tanto sufrimiento está causando, no solo en los presos y presas vascos, sino en el colectivo familiar que sufre la práctica de una política penitenciaria de carácter vengativo.

El delegado piensa, o le han dicho que diga, que jurídicamente la política de alejamiento es correcta. En otros términos y repitiendo la pregunta que recientemente le planteamos en otro medio de comunicación distinto a este, ¿tienen los presos y presas vascos derecho a cumplir condena en centros penitenciarios próximos a su domicilio habitual? Si la respuesta es afirmativa, no hay lugar a consideraciones como la de que la reinserción es lo importante o que el gobierno está sometido a un férreo control por las asociaciones de víctimas. Según nuestro criterio, lo importante es satisfacer el derecho que esas personas internas en prisión tienen, derecho que no está siendo respetado por el Gobierno español, a pesar de las grandilocuentes declaraciones de su presidente, cuando tomó posesión de su cargo, en el sentido de iniciar una profunda revisión de la política penitenciaria.

La política penitenciaria no puede seguir en una nebulosa que esconde una política, fruto del juego partidista, sin respeto alguno al mandato de las normas jurídicas. Así lo ha reconocido, recientemente, María Jauregi Lasa, al pedir al Gobierno español valentía para acercar a los presos y presas, lo que para ella no es más que aplicar la legalidad vigente. Además de reconocer su integridad, que nos produce admiración en esta época de política y pensamiento plano e interesado, debemos incidir en su afirmación de respeto de la legalidad y de los derechos de las personas internas en prisión. El acercamiento de los presos y presas vascos, es una obligación de los poderes públicos porque es la satisfacción de un derecho. Si el delegado cree que no es así, nos gustaría conocer sus razones. Y sobre todo, insistimos una vez más, menos palabras y más hechos. No se pueden seguir anunciando traslados por goteo cuando la normativa penitenciaria no marca excepciones. Todos y todas las presas vascas tienen derecho a estar cerca de su lugar de residencia. Lo contrario es incumplir la propia legislación.

Contra estas vulneraciones de derechos, nosotros y nosotras también, estaremos en Donostia el próximo 20 de octubre. Es una obligación ciudadana, si queremos dejar a las generaciones que nos siguen una sociedad mejor que la que nosotros recibimos.

Entendemos que es necesario un acuerdo sobre dos cuestiones básicas, como son el tratamiento que hay que dar a todas las víctimas de tantos años de enfrentamiento y la cuestión de las cárceles. Sin ello no podremos hablar de una sociedad reconciliada y en paz. Hoy es éste nuestro reto. Esperamos que sea también el del delegado.

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