Un Bofetón Muy Belga

Con respecto a la puesta en libertad de los cinco asilados políticos catalanes por parte de Bruselas les compartimos este texto publicado en El Nacional:

Bélgica marca el camino a España

José Antich

La bofetada de la Justicia belga a la española es de tal dimensión que, en un país serio, el fiscal general del Estado ya habría dimitido después de la decisión adoptada en la noche del domingo en Bruselas sobre la inmediata puesta en libertad del president Carles Puigdemont y de sus cuatro consellers. Pero España es diferente y el ministro de Justicia y el fiscal José Manuel Maza pueden seguir en el cargo pese a haber sido reprobados por el Congreso de los Diputados. Los gobernantes y los partidos que le dan apoyo tienen asentaderas de sobra para esquivar lo que es un golpe desde el corazón de Europa al atropello que practica el Estado español con las demandas catalanas.

Es cierto que no es la primera vez que sucede y que una euroorden es denegada en primera instancia por la justicia de un país de la UE. Pero no estamos ante un caso judicial normal sino ante lo que el Gobierno español ha alimentado convenientemente para presentarlo como un golpe de estado. Así, con este falso relato, han acabado en dos prisiones de la comunidad de Madrid el vicepresident Oriol Junqueras y otros siete consellers. Así, con estas mentiras, están en la prisión de Soto del Real Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Este relato, por ahora, lo ha hecho trizas la Justicia belga. Y ha abierto en canal el debate sobre la separación de poderes en España. Lo saben perfectamente los diarios de Madrid que en un nuevo ejercicio de autocensura optaron este lunes por ocultar en muchas de sus ediciones la noticia de la libertad de Puigdemont y los consellers. Parecían portadas más políticas que informativas.

Se abren ahora dos debates simultáneos: el análisis más a fondo de la Justicia belga sobre si se dan las condiciones para una futura extradición, que se alargará algunos meses; y la confrontación política y diplomática entre los gobiernos belga y español. En el primer caso, la comparación con lo que ha hecho la Audiencia Nacional va a ser diaria. Lo razonable sería que con carácter inmediato se adoptara en la AN una decisión similar y se pusiera fin a la prisión provisional. El fiscal general del Estado o la jueza Lamela están obligados a ello.

En el plano político, el PP ha utilizado a su eurodiputado Esteban González Pons para saltar al terreno de juego y repartir toda la leña posible contra los políticos belgas. Es, sin duda, un mal camino y de diplomacia más que discutible. La realidad es que la crisis entre ambos gobiernos no se acabará circunscribiendo a un debate entre los dos países. Es cuestión de tiempo. El que necesita el independentismo para revalidar su mayoría en el Parlament y poner de nuevo sobre la mesa sus demandas.

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