Se han escuchado estruendosas carcajadas desde La Zarzuela hasta La Moncloa.
Resulta se que la ONU ha demandado explicaciones acerca del abultado historial de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen borbónico-franquista.
Con el asunto de los dos titiriteros sometidos a la Santa Inquisición por un pedazo de cartón de dos centímetros cuadrados ya se imaginarán si a Madrid le importa dos cacahuates el asunto.
Pues bien, siendo que hoy como cada año en Euskal Herria se llevan a cabo actividades para denunciar la vigente práctica de la tortura por parte de las fuerzas represivas del estado español, les compartimos este artículo publicado en la página de United Explanations:
¿Qué es el examen periódico permanente de la ONU?
El llamado sistema de la ONU está integrado por distintos organismos, fondos y programas que cubren una amplia variedad de cuestiones prioritarias a nivel internacional. Uno de sus componentes más importantes es el Consejo de Derechos Humanos (CDH), un organismo intergubernamental encargado de fortalecer la promoción y protección de los Derechos Humanos en todo el mundo, actuar en las situaciones de violación y formular recomendaciones. Para mejorar la situación sobre el terreno, el CDH utiliza un mecanismo conocido como examen periódico universal (EPU o UPR por sus siglas en inglés, Universal Periodic Review), gracias al cual vigila regularmente el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de Derechos Humanos.
¿En qué consiste el examen?
El examen periódico universal tiene lugar en Ginebra, durante un Grupo de Trabajo sobre el EPU, que está compuesto por todos los países miembros del CDH. Durante aproximadamente 3 horas y media, representantes del país examinado presentan un informe nacional y dan respuesta a las preguntas anticipadas, esto es, un listado de cuestiones que han sido presentadas por escrito de forma previa al EPU.
A continuación se lleva a cabo un diálogo en el que los Estados que forman parte del Grupo de Trabajo realizan preguntas y recomendaciones al país en cuestión. Tras responder a estas cuestiones, el país examinado presenta sus observaciones a modo de conclusión.
¿Cómo se prepara?
Los exámenes se realizan durante ciclos de 4 años. Siguiendo un calendario preestablecido, cada año 48 países se someten a esta prueba, divididos en grupos de 14 países en cada uno de los tres períodos de sesiones anuales del Grupo de Trabajo sobre el EPU.
Para analizar la situación de los Derechos Humanos en los Estados examinados, el CDH utiliza principalmente tres documentos:
~ El mencionado informe nacional de unas 20 páginas preparado por el Estado examinado;
~ Una compilación de 10 páginas preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los Derechos Humanos que contiene información extraída de los informes elaborados por los órganos de los tratados y de otros documentos oficiales pertinentes de las NNUU;
~ Se utiliza además un resumen de 10 páginas con la información creíble y fidedigna adicional que proporcionen otros interlocutores al EPU provenientes de la sociedad civil (como por ejemplo, esta presentación conjunta).
Después del EPU, se adopta un informe con recomendación, conclusiones y compromisos voluntariamente asumidos por el país. El Estado examinado debe implementar las recomendaciones asumidas e informar periódicamente al respecto.
¿Cuáles son las cuestiones a las que deberá responder España?
El Comité de Derechos Humanos (“CCPR” en la nomenclatura de la ONU) es uno de los llamados “órganos de los tratados”, creados por un Tratado internacional adoptado para servir a la protección de determinados Derechos Humanos. El CCPR es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), así como la abolición de la pena de muerte establecida por su Segundo Protocolo Facultativo.
Está previsto que España se someta al EPU durante la 21ª sesión del Grupo de Trabajo, entre enero y febrero de 2015, pero a principios de este mes el Comité de Derechos Humanos (CCPR) hizo público un listado de cuestiones a las que las autoridades españolas deberán dar respuesta. Entre los asuntos señalados por el Comité, se pueden encontrar algunas de las recientes reformas del Gobierno, así como cuestiones en materia de Derechos Humanos por las que España ya ha sido cuestionada anteriormente a nivel internacional.
~ El principio de no discriminación: el CCPR plantea diversas cuestiones en relación a este principio. En primer lugar, se aborda el fortalecimiento del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y la no Discriminación por el Origen Racial o Étnico, un organismo estatal que ya fue criticado por su falta de independencia y efectividad en el informe del Relator Especial de la ONU. Además se pregunta por el Segundo Plan de Derechos Humanos o el desarrollo de la Ley de Igualdad Efectiva, medidas que siguen pendientes de implementación. Finalmente el Comité retoma una práctica ya condenada en el caso español y solicita información adicional sobre las medidas tomadas para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos.
~ Controles migratorios: los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) están en el punto de mira del Comité, al que preocupa los casos de malos tratos y el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades migratorias. Las conocidas como “devoluciones en caliente” también son objeto de una pregunta del CCPR, que pide explicaciones por los “abusos cometidos en el procedimiento de expulsión de extranjeros, en particular desde Ceuta y Melilla”, como los ocurridos frente a la playa de El Tarajal.
~ Prácticas policiales: el listado del Comité de Derechos Humanos refleja una especial preocupación por las prácticas policiales susceptibles de conllevar torturas y malos tratos por parte de los agentes. Así, se pregunta específicamente por la detención incomunicada y por la investigación y sanción de las torturas. Las concesiones de indultos a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad después de haber sido condenados por malos tratos, junto con la falta de un mecanismo independiente de supervisión de las actuaciones policiales son otras de las cuestiones mencionadas.
~ Ley de Amnistía y delitos del régimen franquista: el Comité pregunta a España por la respuesta dada a “los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias” cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, interrogando específicamente sobre la vigencia de la Ley de Amnistía.
~ Aborto y salud sexual: las preguntas relativas a la salud sexual incluyen cómo se “garantiza el acceso al aborto” y las medidas adoptadas para informar sobre “métodos de contracepción” y para “promover la educación sobre salud sexual y reproductiva de los adolescentes”.
~ Justicia: son varias las cuestiones que el CCPR plantea a España en relación al derecho a un juicio justo, incluyendo varias reformas legislativas como la Ley de Tasas y el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. El Comité señala también su preocupación por el uso prolongado del “secreto de sumario” y la falta de una doble instancia que permita una verdadera revisión de las sentencias penales. Finalmente se cuestionan las reformas del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente en curso y muy contestadas, a causa de su “afectación al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión”. En el caso de la Ley de Seguridad Privada, recientemente aprobada, el Comité alberga sus dudas ya que puede representar “un riesgo mayor de violaciones de derechos humanos”.
¿Cuál puede ser el resultado del examen?
El resultado del EPU se plasma en un informe que contiene un resumen del diálogo, las respuestas del Estado examinado y la lista completa de las recomendaciones hechas por los Estados. Este informe es adoptado por el Grupo de Trabajo, en primer lugar, y por el Consejo de Derechos Humanos, unos meses más tarde.
En el caso español, organizaciones de la sociedad civil han valorado muy positivamente el listado de cuestiones del Comité, viendo en él una advertencia al Gobierno para que valore el impacto en materia de Derechos Humanos de muchas de sus reformas. En caso contrario, está en juego una condena del Comité.
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