miércoles, 7 de mayo de 2008

Despropósito Jurídico

Una de las características de los gobiernos fascistas es que cuando procesan a alguien no se necesita presentar prueba alguna para sustentar la acusación. Después de leer esta nota publicada en Gara, juristas y abogados alrededor del mundo sabrán a que nos referimos, algunos incluso sentirán vergüenza ajena por los españoles, aquí está:

El fiscal reconoce que no existen imputaciones individualizadas

El representante del Ministerio Fiscal reconoció ayer en una charla con los alumnos que asistían al juicio contra el movimiento pro-amnistía que no existen imputaciones individualizadas contra los procesados, pero que con los atestados buscaría probar que generaban el «ambiente» para que se produjeran ataques contra sedes y representantes de la Justicia.

Manex ALTUNA |

En la sesión de ayer del juicio contra el movimiento pro-amnistía volvió a quedar en evidencia que los representantes de la Justicia española no guardan ni las formas a la hora de juzgar a independentistas vascos, al reconocer el propio fiscal, Carlos Bautista, que no existen imputaciones individualizadas contra los procesados.

El reconocimiento realizado por el representante del Ministerio Fiscal ante los alumnos de la Universidad Complutense que asistían a la sesión como invitados resulta revelador. Según tuvo conocimiento GARA, Bautista afirmó en una charla distendida durante el tiempo de descanso que no existían imputaciones individualizadas contra los procesados, pero que a pese a ello trataría de probar con los atestados de los ataques a juzgados de paz y miembros de la judicatura como José María Lidón, muerto tras un atentado de ETA, que el movimiento pro-amnistía era el encargado de generar el «ambiente» para que estos se produjeran.

Con estas afirmaciones, Bautista pasa por encima de uno de los principios básicos que rige el Derecho Penal español, como es la individualización de la conducta, que obliga al acusador a decir lo que ha hecho cada uno de los imputados y acreditarlo con pruebas objetivas y de cargo obtenidas sin vulnerar derechos fundamentales.

Asimismo, sus palabras corroboran, al igual que lo acontecido hasta el momento, la denuncia que realizaron los procesados al calificar el juicio de «circo» y «farsa» y renunciar a la defensa jurídica al saberse condenados de antemano por la Audiencia Nacional.

Y es que la semana pasada los jueces del tribunal especial no se inmutaron ante los relatos de torturas realizados por los represaliados Jorge Olaiz, Susana Atxaerandio e Ibon Aranalde, que acudieron a declarar como testigos, y la presidenta de la Sala, Teresa Palacios, hasta corrigió las manifestaciones de un guardia civil que habló de la «preparación espontánea» de la declaración policial efectuada por Olaiz durante los días que permaneció incomunicado tras su detención.

Además, la Guardia Civil presentó com pruebas inculpatorias actividades públicas del movimiento pro-amnistía para la financiación y su estructura orgánica.

«Criminalización de la crítica»

Como portavoz de los procesados, Josu Beaumont, recordó ayer a GARA tras finalizar la sesión las manifestaciones de la magistrada Palacios, que señaló en la primera sesión que no se estaba juzgando a la Audiencia Nacional y que los imputados serían juzgados por sus actuaciones individuales.

Para Beaumont, las pruebas presentadas ayer por las acusaciones han dejado «claro que la «crítica» a la Justicia española no es «lícita», y es «criminalizada» porque, como el propio fiscal reveló, no existen imputaciones individualizadas.

En los distintos atestados que ratificaron los 26 ertzainas que declararon como testigos tan sólo se nombró a un acusado, Aratz Estonba, que fue detenido tras una manifestación por los presos que se celebró frente a una movilización en protesta por la muerte de Ernest Lluch. Sin embargo, fue juzgado por estos hechos y quedó absuelto.

El imputado navarro trajo a colación también la acusación de generar el «ambiente» para que se produzcan ataques contra distintos estamentos de la Justicia española, y consideró que la actuación del fiscal les ha hecho rememorar lo sucedido con la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro.

Según denunció, PNV y PSOE crearon el «ambiente» para su encarcelamiento presentando la moción «ética», y al no conseguir completar sus objetivos políticos al ser rechazada la moción, la Audiencia Nacional salió a la palestra porque «siempre» funciona a base de «impulsos políticos». A su juicio, el Estado cuenta con el «monopolio» de la violencia y el tribunal especial cumple ese «rol» para influir en la política.

Los testigos de la defensa denunciarán la represión

Esta mañana declararán la mitad de los catorce testigos propuestos por los abogados de los procesados. Entre los citados a declarar se encuentran personas públicas como el director de «Euskaldunon Egunkaria», Martxelo Otamendi, que denunció que fue torturado por la Guardia Civil, al igual que Unai Romano, que también acudirá a testificar; víctimas de los GAL como Edurne Brouard y Arantza Lasa; María José Campos, compañera del preso político Bautista Barandalla; Usoa Esteban Nieto, hermana del preso fallecido Esteban Esteban Nieto; y Goreti Ormazabal, hermana de Tturko que resultó muerto tras ser tiroteado por la Ertzaintza en Bilbo.

juanjo rego

Juanjo Rego, prisionero gravemente enfermo, tuvo que hacer un plante para exigir que el médico le atendiera de unos dolores de espalda que sufría hacía días. El facultativo se limitó a darle unos analgésicos, sin tratarle de su dolencia. Sus allegados denuncian que en cualquier momento puede suceder algo más grave, dado su estado.
Gaizka Gañán deja la huelga de hambre y sed tras lograr un compromiso

El preso político vasco Gaizka Gañán, encarcelado en Valdemoro, ha dejado la huelga de hambre y sed que mantenía desde hacía siete días para reclamar a la dirección de la cárcel su traslado a un módulo en el que haya prisioneros vascos.

Según informaron ayer desde Askatasuna, el represaliado santurtziarra, que había perdido cuatro kilos a consecuencia de la protesta, ha dejado la huelga después de que el vicedirector de seguridad de la prisión madrileña adquiriera el compromiso de arreglar su situación en dos días en una reunión con el también prisionero vasco Rufino Arriaga.

Arriaga tuvo ocasión de estar con Gañán, ingresado en la enfermería, que decidió entonces abandonar la protesta.

El responsable de la prisión también se comprometió a estudiar la situación de Arriaga y de Igor Maiora, que se hallan aislados en esta cárcel.

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