jueves, 28 de diciembre de 2006

Venezuela y Los Vascos

Un poco de luz en el asunto acerca de Chávez, Venezuela y la persecución que sufren los vascos en América Latina.

Fué publicado por Askapena y por Gara, helo aquí:

Todo sirve contra Venezuela y los vascos

Un día después del triunfo aplastante de Hugo Chávez en las elecciones, salta el escándalo en el reino español: "Chavez concede la nacionalidad a cuatro etarras; indemnizará con 193.000 euros a un etarra condenado de asesinato, etc." La derechona fascista española vuelve a utilizar al recurso de pegar a l@s vasc@s, para sacudir en este caso a la Revolución Bolivariana.

Joseba Agudo Manzisidor (Askapena - Gara)

El 31 de mayo de 2002, Bittor Galarza Mendiola era expulsado desde Venezuela a Madrid, tras permanecer detenido dos días en las dependencias de la DISIP venezolana. No era la primera vez que Venezuela aplicaba esta medida de excepción contra un ciudadano vasco, ya que en 1987 otros tres vascos que llegaban desde el Estado francés corrieron la misma suerte, pero sí era el primero que sufría esta medida estando el presidente Hugo Chavez en el poder. Con posterioridad, Sebas Etxaniz Alkorta y un año después José Ramón Foruria serían expulsados desde Venezuela a Madrid.

Tanto Bittor como Sebas residían en absoluta legalidad en Venezuela. Ambos tenían sus papeles en regla, trabajaban duro como cualquier otro venezolano para poder vivir, y estaban integrados en sus lugares de residencia. Pero a principios de 2002, la Audiencia Nacional española solicitó la extradición de siete ciudadanos vascos, viviendo cuando menos cinco de ellos en situación de legalidad. La Policía fue a detenerles pero no lo pudo hacer ya que no se encontraban en sus casas. En ese contexto de durísimas críticas al Gobierno de Chávez desde Madrid se dio el golpe de Estado en Venezuela, aunque la voluntad popular fue capaz de resituar al presidente legítimo en su lugar. En esa convulsa situación se dio la inaceptable expulsión de Bittor.

Con posterioridad se interpuso la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tardó más de tres años en ser admitida a trámite. La CIDH decidió acumular las dos denuncias y se trataron como una sola. Tras ser admitida a trámite en marzo de 2006, se nos dio a las partes un periodo para ver si alcanzábamos un acuerdo amistoso que nos permitiera eludir que el caso llegara a la Corte.

El acuerdo

Durante el mes de mayo, nos reunimos por primera vez con la embajadora del Estado para la CIDH, María Auxiliadora Monagas, quien reconoció la ilegalidad de las expulsiones ante las clarísimas evidencias que el caso presentaba. Firmamos por lo tanto un primer preacuerdo durante el mes de mayo. Durante un mes estuvimos preparando el documento final y el día 21 de junio firmamos en Caracas el acuerdo de las partes por las expulsiones, donde Venezuela reconocía las violaciones cometidas en el caso. Este acuerdo fue ratificado por la CIDH el 8 de noviembre en su sesión anual en Washington.

En el acuerdo, la República Bolivariana de Venezuela asumía la violación los derechos tanto de Bittor como de Sebas, por lo que en función de la misma, también se comprometía a indemnizar a sus familias por el daño irreparable causado. Del mismo modo, se comprometía en la línea del acuerdo tomado en Salamanca en la Cumbre Iberoamericana en 2005, en que la figura internacional para reclamar a personas reclamadas por la justicia de otro país, es la extradición y nunca ese subterfugio ilegal de la expulsión. Es decir, si una persona es reclamada por el Reino de España a Venezuela, y si se detiene a la misma, el método a emplear es la extradición. El Acuerdo también recogía la posibilidad de facilitar los trámites para su nacionalizació n a las personas que llegaron deportadas desde otros países, incluyendo en el mismo acuerdo a Txetxu, Lorentxo, Arbe y Anjel, mención expresa recogida en el acuerdo ante la injusta situación en la que se situó a estas cuatro personas en 2002, al reclamar su extradición.

El acuerdo jurídicamente fue intachable, tan intachable que la CIDH lo aceptó como mencionábamos más arriba.

Intervención española

Los servicios de inteligencia españoles, en cambio, no descansan; obtener información y hacerla pública en el momento oportuno es algo que hacen con bastante eficacia. Llegaban las elecciones venezolanas y sectores de la derecha española a pocas semanas de las elecciones publicaban las fotos y datos de un exiliado político vasco y de su compañera, vinculados ambos a día de hoy a la Administració n del Estado venezolano.

Resuelta con bastante elegancia por parte del Gobierno esta minicrisis, se preparaba una nueva intentona contra uno de los gobiernos más democráticos de América. El día 3 de diciembre Chavez arrasaba en las elecciones presidenciales, obteniendo una ventaja de más de 25 puntos frente al candidato de la derecha. Y el día 4 estalla el escándalo: Chavez concede la nacionalidad a cuatro etarras; indemnizará con 193.000 euros a un etarra condenado de asesinato, etc. Incluso hay quien saca una fotografía donde se ve a Chavez celebrando el resultado electoral y en el pie de página la nota sobre que concede nacionalidad a etarras...

En Venezuela el escándalo no es tan grande pero sí en el Reino español, donde como siempre se prescinde de la verdad, y se analiza sólo la mala baba. Rubalcaba, Moratinos, etc..., vuelven a jugar como quien no se entera de nada y siguen moviéndose al ritmo que marcan desde el Partido Popu- lar. Y por desgracia en Venezuela, cediendo a las presiones españolas, también se decide dar marcha atrás al acuerdo...

El acuerdo fue un acuerdo histórico, un documento que marca el respeto estricto a la legislación internacional y a la propia legislación venezolana. La em- bajadora de Derechos Humanos que firmó el acuerdo ha llegado a unos sesenta acuerdos en casos admitidos por la CIDH. ¡Qué casualidad una vez más, resulta que el nuestro no sirve y la destituyen! Es verdaderamente frustrante el paso atrás dado por el Gobierno de Venezuela, que además nos lleva a alzar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No quisiéramos terminar este artículo sin realizar una última mención al colectivo de exiliadas y exiliados políticos vascos. Siempre hemos denunciado des- de distintas instancias cómo se utiliza a este colectivo como moneda de cambio, en negocios económicos entre estados: Uruguay (1994 y 2002), México (entre 1995 y 2005), etc... En Venezuela, de un tiempo a esta parte se les utiliza para atacar al Gobierno bolivariano, el gobierno que más está haciendo por las clases más des- favorecidas en América Latina, y eso es ya inadmisible. Primero fue el pedido de extradición a personas que llevaban años radicadas en el país tras ser deportadas a Venezuela desde Francia y Panamá, luego fueron las expulsiones, luego que si tal o cual deportado trabaja en tal Ministerio, persecuciones a las familias, etc. Basta ya de perseguir a las exiliadas y exiliados políticos vascos en América y en el todo el mundo, ya es hora de que se respete de una vez su derecho a vivir libres en Euskal Herria o en sus países de acogida. La sociedad vasca lo exige hoy más que nunca: superar las causas del conflicto que vive Euskal Herria, así como sus consecuencias. Para ello, la política de persecución y represión contra su ciudadanía debe desaparecer y se deben sentar las bases para que en libertad decidan su futuro. Devolvamos la palabra y el derecho de decisión a sus legítimos dueños: el pueblo.

www.askapena. org

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