sábado, 2 de diciembre de 2006

Exigencias Desde Gazteiz

Este texto nos llega desde Argentina gracias al servicio informativo Prensa Vasca:

EL PARLAMENTO DE GASTEIZ EXIGE A MADRID QUE DESAPAREZCA LA AUDIENCIA NACIONAL, QUE CESE LA INCOMUNICACIÓN Y RECONOZCA QUE EXISTE LA TORTURA

El Parlamento de Gasteiz, con los votos de PNV, Ezker Abertzalea, EA y Aralar, aprobó una proposición no de ley en la que insta al Gobierno español a derogar la Ley Antiterrorista y a eliminar el régimen de incomunicación y la Audiencia Nacional. La Cámara, que expresó su solidaridad con todos los torturados, indicó que el tribunal especial «no hace efectivas las garantías procesales», al tiempo que reclamó a Madrid el «reconocimiento político de la existencia de torturas».

El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer una proposición no de ley en la que insta al Gobierno español a que derogue la Ley Antiterrorista y elimine el régimen de incomunicación a los detenidos. Esta iniciativa legislativa, tramitada con carácter de urgencia, tiene su origen en el juicio que a partir del próximo lunes se celebrará en la Audiencia Nacional española contra trece vecinos de Gasteiz.

Precisamente, en presencia de varios de los procesados en este sumario, la Cámara exigió también la desaparición de la Audiencia Nacional, un «tribunal especial, que no hace efectivas las garantías procesales, especialmente cuando se admiten declaraciones obtenidas bajo torturas y se aplica la denominada justicia del enemigo».

«Reconocimiento político»

En esta línea, el tercer punto de la propuesta pide la «suspensión y archivo de todos los procedimientos judiciales donde se haya aplicado la tortura y la incomunicación a los detenidos» e insta al Ejecutivo español al «reconocimiento político de la existencia de las torturas y de la aplicación, en algunos casos de forma sistemática, como vía de resarcimiento a todos los afectados por esta práctica».

En el último de los puntos, la iniciativa suscrita y apoyada por PNV, Ezker Abertzalea, EA y Aralar, expresa su solidaridad «a los afectados por estas prácticas y cuanto acompañamiento sea necesario».

La proposición sumó 37 votos de los grupos proponentes, mientras PP y PSE ­31 votos­ votaron en contra; Ezker Batua se abstuvo. Esta formación presentó una enmienda a la totalidad que, según sostuvo su portavoz Oskar Matute, no tenía «diferencias de fondo» con la iniciativa original, aunque mostraba «un lenguaje más cómodo» para su grupo.

Los portavoces de PNV, Ezker Abertzalea, EA y Aralar defendieron la propuesta, y el parlamentario jeltzale José Antonio Rubalkaba manifestó que «es momento de que la Ley Antiterrorista se adecúe a los nuevos tiempos».

Antes que él intervino la portavoz de Ezker Abertzalea, Nekane Erauskin, quien recordó que «la izquierda abertzale lleva treinta años reclamando lo que hoy va a aprobar este Parlamento», y tildó a la Audiencia Nacional de «Guantánamo español donde se vulneran los derechos más elementales».

La parlamentaria abertzale, quien recordó que «la única prueba» contra los trece gasteiztarras son las declaraciones efectuadas bajo tortura, subrayó que su caso es «un ejemplo de la estrategia del Estado español contra las ciudadanas y ciudadanos vascos», y exigió que «la tortura desaparezca inmediatamente en Euskal Herria y en el resto del mundo».

Desde EA, Rafa Larreina se lamentó porque la tortura «desgraciadamente sigue siendo algo de actualidad», y sostuvo que «la democracia nunca se defiende recortando libertades». Recordó que propuestas como la aprobada coinciden con lo defendido por muchos organismos internacionales.

Por parte de Aralar, Aintzane Ezenarro pidió «valentía» al Gobierno español para que reconozca que se tortura.

«Marca un antes y un después en la denuncia de la tortura»

Después de asistir desde la tribuna de invitados al debate parlamentario sobre esta proposición no de ley, varios de los procesados en el sumario 15/02 comparecieron en el interior de la Cámara para valorar el resultado de la votación.

Acompañados de los representantes de Ezker Abertzalea, EA y Aralar Nekane Erauskin, Rafa Larreina y Aintzane Ezenarro, respectivamente, los acusados opinaron que lo aprobado ayer «marca un antes y un después en la historia de la denuncia de la tortura».

«Como miembros de la Asamblea de Torturados y Familiares nos anima a seguir trabajando siguiendo el camino que hemos emprendido», señalaron, agregando que «lo conseguido es un inicio importante, a pesar de que algunos partidos quieran hacer oídos sordos a esta reclamación».

En cualquier caso, también recordaron que «la realidad nos demuestra que nos queda un gran trabajo por realizar», porque «la tortura continúa».

En esta línea, subrayaron que ellos son «un pequeño reflejo de lo que ocurre en Euskal Herria». «Por ello, el trabajo que debemos realizar conjuntamente toda la sociedad vasca es necesario para terminar con esta práctica», insistieron.

Tras recalcar que «ahora, más que nunca, ¡stop a la tortura!», los jóvenes gasteiztarras hicieron un llamamiento a la sociedad de Araba y Euskal Herria a que participe en la manifestación que hoy, a las 19.00, partirá desde el Centro Cívico Iparralde de Gasteiz.

Los fascistas españoles dicen que es una campaña de desprestigio

El ayer portavoz del grupo del PSE, Rodolfo Ares, y su homólogo del PP, Carlos Urquijo, coincidieron en situar las denuncias de torturas por parte de ciudadanos vascos dentro de «campañas de desprestigio del Estado de Derecho y de las Fuerzas de Seguridad del Estado».

Urquijo se refirió incluso a Unai Romano, que se encontraba en la tribuna del hemiciclo junto a otros procesados, y le acusó de «mentiroso y falsario». «Solidaridad con falsarios, con quien mañana nos puede pegar un tiro, con terroristas y falsarios, no», declaró.

Ares, por su parte, hizo una encendida defensa de la Audiencia Nacional y de la Ley Antiterrorista, de la que «los demócratas no podemos dudar de su eficacia, de su necesidad y de su justificación legal y política».

El dirigente del PSE expresó también su «agradecimiento y respeto» a los miembros del tribunal especial español.

El delegado del Gobierno español en la CAV, Paulino Luesma, mostró su indignación por el resultado de la votación y consideró «inconcebible, lamentable y profundamente desleal» que PNV y EA apoyaran la proposición. A su juicio, la tortura «es inexistente en nuestro país» y las denuncias sólo pretenden «desacreditar el Estado de Derecho».


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