viernes, 29 de septiembre de 2017

Manifiesto Internacional en Favor de Catalunya

Dieron a conocer su manifiesto antes de que se sonara la alarma con respecto a la exigencia por parte del régimen borbónico-bananero a Google de suprimir los resultados de todas las búsquedas que tengan que ver con el referendum en Catalunya.

Con el ánimo de enriquecer lo planteado nosotros le decimos a los firmantes del documento acerca del cuál habla este artículo publicado en El Nacional que la inclinación autoritaria o la calificación de canalla no es nada nueva. La primera pasó a formar parte del régimen desde que este se instaurara en 1939, la segunda... desde antes, desde el mismísimo alzamiento militar en contra de la Segunda República.

Lean ustedes:


David González

Intelectuales y académicos de referencia global han lanzado en las últimas horas un manifiesto en apoyo del referéndum del 1 de octubre, con el título "Referendum, not War" (Referéndum, no Guerra). Los firmantes censuran el trato antidemocrático dispensado por el Gobierno a las demandas catalanas mediante la aplicación de facto de un estado de excepción, que, a su juicio, ha convertido al Estado español  en un "estado canalla o autoritario".

Entre otros, el texto lo suscriben Alain Jugnon, escritor, filósofo y dramaturgo francés; Alain-G. Gagnon, politólogo de la universidad de Québec en Montréal; el filósofo y politólogo italiano Antonio Negri y su compañero literario Michael Hardt, filósofo y teórico cultural norteamericano; Bruce Bégout, uno de los pensadores franceses más influyentes de la actualidad; Catherine Malabou, filósofa francesa, profesora en la universidad de Kingston, en Londres; Dominic Keown, experto en estudios catalanes en la Universidad de Cambridge; los historiadores italianos Enzo Traverso y Giovanni Levi; Idith Zertal, historiadora israelí y profesora en Basilea (Suiza); Ivan Segré, filósofo francés; John Hutchinson, historiador y sociólogo de la London School of Economics; Mari Paz Balibrea, profesora de literatura española moderna y estudios culturales en la Universidad de Londres; el filósofo y musicólogo francés Peter Szendy o la pensadora turco-americana y catedrática en Yale (EE.UU.) Seyla Benhabib.

Los autores del manifiesto sostienen que "más allá de los posicionamientos a favor o en contra de la independencia de Catalunya", lo que aparece es la tensión entre "las inercias autoritarias de una determinada configuración del poder estatal", en alusión al Estado español, y los intentos "de construir estrategias políticas orientadas hacia el horizonte normativo de nuestras democracias", como se plantea desde Catalunya.
Desbordamiento del Estado de derecho

En ese marco, los pensadores señalan que el Estado español ha desatendido doblemente sus funciones políticas en relación con el conflicto planteado desde Catalunya. Primero, por cuanto ha rechazado la propuesta de un referéndum de autodeterminación "legal y pactado" y segundo, porque ha desbordado su propio Estado de derecho aplicando de facto los efectos de una declaración de estado de excepción que no ha podido llevar a cabo parlamentariamente.

Los firmantes citan entre esos efectos desde la limitación de los derechos de reunión y manifestación tanto en Catalunya como en España y la acusación de sedición a fuerzas políticas hasta la censura del acceso a webs relacionadas con el 1-O, pasando por las detencions de funcionarios y altos cargos o la citación judicial a más de 700 alcaldes.

Por ello, los intelectuales apoyan la celebración del referéndum como un medio para "superar la lógica autoritaria" y "avanzar hacia una cultura política post-nacional en clave europea" en la que los conflictos se superen mediante "protocolos no violentos".

El texto íntegro del manifiesto es el siguiente:

"La representación dominante del conflicto catalán a escala internacional ha sido hasta hace unos días la de un conflicto de tipo nacionalista, ligado al pasado más funesto de la historia de la Europa del siglo XX. Los fantasmas de nuestras guerras han operado como una pantalla para no pensar lo que realmente estaba en juego. Los acontecimientos de estos últimos días empiezan a quebrar este marco interpretativo y urgen a revisar esta lectura precipitada que podría explicar la reticencia inquietante de buena parte de la opinión pública internacional a considerarlo algo más que un asunto doméstico. Lo que hoy aparece con toda claridad, más allá de los posicionamientos a favor o en contra de la independencia de Catalunya, es la tensión entre las inercias autoritarias de una determinada configuración del poder estatal y los intentos precarios, pero determinados, de construir estrategias políticas orientadas hacia el horizonte normativo de nuestras democracias.

En los últimos años se ha venido expresando una reiterada demanda por parte de una mayoría de la sociedad  catalana de decidir democráticamente su estatuto político. Ante esta demanda, el Estado español, que en ningún caso entendemos como representante de las diferentes sensibilidades y aspiraciones políticas de la sociedad española en su conjunto, ha desatendido doblemente sus funciones políticas.

Por un lado, no ha accedido a acordar la propuesta de una celebración legal, pactada y con garantías de un referéndum de autodeterminación, negando así la realidad de este conflicto en Catalunya. Por otro lado, ante la convocatoria del referéndum del 1 de octubre por parte del Parlamento de Catalunya, el poder ejecutivo español, habida cuenta de la imposibilidad parlamentaria de declarar legalmente el estado de excepción recogido en la Constitución Española de 1978, ha desbordado su propio estado de derecho aplicando de facto los efectos de dicho estado de excepción, convirtiendo al Estado español en lo que algunos pensadores contemporáneos han llamado estado canalla o autoritario:

°    El derecho de reunión y manifestación ha sido limitado tanto en Catalunya como en España y organizaciones políticas han sido acusadas de sedición.
°    Funcionarios públicos y altos cargos electos han sido detenidos por el hecho de coordinar la logística del referéndum.
°    Más de 700 alcaldes sobre un total de 948 han sido citados a declarar judicialmente bajo pena de inhabilitación y sanción.
°    Medios de información públicos han sido inspeccionados policialmente y periodistas e intelectuales son amenazados por el Estado español por haber informado sobre el referéndum.
°    Partidos políticos parlamentarios como la CUP (Candidaturas de Unidad Popular) se encuentran bajo vigilancia policial.
°    Material para el voto (papeletas, propaganda electoral, etc.) ha sido requisado y empresas privadas han sido inspeccionadas sin orden.
°    Se ha censurado el acceso público a webs relacionadas con el referéndum.
°    Se ha vulnerado la libertad de opinión política.

Este desbordamiento del estado de derecho por parte del poder estatal contradice los principios fundacionales del estado democrático de derecho europeo, consecuencia de dos procesos: primero, satisfacer las aspiraciones democráticas de las sociedades europeas modernas y, segundo, limitar constitucionalmente la arbitrariedad del poder constituido.

Por todo ello, consideramos el referéndum como un medio concreto para superar la lógica autoritaria que ha destruido tan a menudo la vida de las sociedades políticas modernas, así como para avanzar hacia una cultura política post-nacional en clave europea en la cual dichos conflictos puedan decidirse mediante protocolos no violentos".



Para los que deseen adherirse al manifiesto pueden hacerlo ahí mismo.







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