jueves, 17 de diciembre de 2015

Justicia Transicional en Colombia

Como es sabido por todos los visitantes asiduos a este blog, ya son cuatro años desde que ETA pusiera sobre la mesa la posibilidad de un proceso de paz y reconciliación iniciando para ellos los mecanismo requeridos para el desarme, desmovilización y reinserción de sus militantes.

Madrid y París se han negado a esta oportunidad tratando de reducir al asunto a un mezquino panorama de vencedores y vencidos.

Pues bien, a ellos, a los que han tomado las decisiones para llevar al bloqueo del proceso de paz en Euskal Herria les dedicamos este reportaje acerca de los avances en el proceso entre las FARC y el gobierno de Colombia, el mismo ha sido publicado en la página del rotativo El Tiempo:

Esta será la ruta para reparar a las víctimas y finalizar la guerra

FARC harán trabajo comunitario y reparación material y cumplirán restricción de libertad.

Marisol Gómez Giraldo

La mayor expectativa frente al acuerdo sobre víctimas que el Gobierno y las FARC anunciaron en La Habana estaba en dos puntos: los mecanismos de reparación y las precisiones pendientes sobre la aplicación de justicia.
En el primer caso quedó claro que las Farc van a reparar a sus víctimas participando en la ubicación de los restos de personas muertas o desaparecidas, en el desminado, en la sustitución de cultivos ilícitos, en la reconstrucción de la infraestructura de los territorios más dañados por la guerra y en tareas de reforestación.

Pero, además, como lo dijo el jefe de los negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle, esa guerrilla se comprometió “a contribuir a la reparación material de las víctimas”.

Incluso, el coordinador de la delegación de las Farc, ‘Iván Márquez’, señaló que todas las partes implicadas en el conflicto asumieron la obligación de reparar a los que han sufrido la guerra “con hechos, con decisiones políticas y con aportaciones materiales”.

En cuanto a justicia, también quedaron resueltas las dudas sobre las condiciones de la restricción de libertad de los jefes guerrilleros comprometidos con delitos graves.

Será el Tribunal para la Paz el que defina el sitio de permanencia de los sancionados, que según el acuerdo tendrá “condiciones apropiadas de habitabilidad y dignidad”. Es obvio que no será una prisión, pero, en todo caso, estarán sometidos a monitoreo y supervisión “para garantizar el cumplimiento de buena fe de las restricciones ordenadas por el Tribunal”.

Puntualmente, los desplazamientos de los jefes de las Farc comprometidos con delitos graves y procesados por el Tribunal serán en función del cumplimiento de las sanciones, muchas de las cuales coinciden con los trabajos de reparación.

Es decir, si la sanción es participar por ejemplo en la construcción de una escuela en una vereda distinta al lugar de permanencia, el guerrillero ya desarmado podrá desplazarse a cumplir esta tarea. El hecho es que no podrá elegir su sitio de residencia y tendrá limitaciones de movilidad.

Así será hasta que cumpla el tiempo de sanción que le dará el Tribunal para la Paz.

Hacia el fin de la guerra

Con el acuerdo sobre víctimas, que era el más difícil de la agenda de negociación por lo que implicaba para el grupo guerrillero aceptar una sanción judicial, el Gobierno y las Farc superaron el principal escollo de las negociaciones de paz y despejaron el camino para sellar el 23 de marzo de 2016 el fin de la guerra, según el compromiso asumido en septiembre pasado en La Habana por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe máximo de esa guerrilla, ‘Timochenko’.

A partir de enero, las partes se concentrarán en resolver los dos puntos restantes de la agenda de negociaciones: modelo de dejación de armas y ubicación de tropas, y mecanismo de refrendación de los acuerdos.

El tema de justicia, que es parte del punto de víctimas, quedó zanjado con un modelo de restauración que incluye en la sanción la restricción efectiva de libertad para los guerrilleros que hayan cometido delitos graves en el desarrollo de la guerra interna.

Siempre y cuando un guerrillero repare y diga la verdad, la restricción de la libertad será de entre 2 y 8 años, dependiendo del grado de participación en el crimen grave. Si fue determinante en la ejecución del delito, la restricción de libertad será de entre 5 y 8 años. Si la participación no fue contundente, la sanción será de entre 2 y 5 años.

Aunque algunos críticos consideran este acuerdo un conjunto de concesiones a las Farc, Humberto de la Calle señala que lo que hay que tener en cuenta es que tanto el esquema de reparación como el de justicia son componentes de un sistema integral de compensación a las víctimas, que incluye también una Comisión de la Verdad. En los hechos, la verdad es la principal demanda de las víctimas.

Precisamente, en representación de ellas, la periodista Jineth Bedoya dijo ayer en La Habana que el respaldo de los afectados de manera directa por la guerra al acuerdo no significa renunciar a la reparación y la justicia, “pero sobre todo a la verdad”.

Además del gran reto frente a quienes han sufrido el conflicto armado, el punto de víctimas tenía un enorme desafío frente a la sociedad colombiana y a la Corte Penal Internacional (CPI).

En este sentido, y en línea con el derecho internacional, quedarán por fuera de una amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, la toma de rehenes, cualquier privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la violencia sexual, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores.

Militares y policías

Quedó claro que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia sobre todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado.

Pero, como lo dijo Humberto de la Calle, en el caso de los militares y policías que cometieron delitos graves, “el Estado desarrollará un régimen especial, simultáneo, equilibrado y equitativo”.

Esta decisión tiene como base el hecho de que el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de las armas.
Una consideración importante es que para que un militar o policía quede bajo la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene que haber tenido control efectivo sobre la operación que involucró un crimen de guerra.

El derecho a la política

Hasta ahora, según las encuestas, la mayoría de los colombianos rechaza que los jefes de las Farc hagan política de manera directa.

Sin embargo, el acuerdo sobre víctimas es contundente en que haber sido juzgado por el Tribunal para la Paz no inhabilitará a ningún procesado para participar en política.

Es más, para garantizar este derecho a los guerrilleros, que al final de cuentas es la esencia del proceso de paz, el Gobierno y las Farc acordarán las reformas constitucionales que amerite el caso.

En materia de extradición, otro de los temores de las Farc, el acuerdo descarta de manera explícita que esta pueda aplicarse a hechos o conductas ocurridos durante el conflicto armado.

“La garantía de no extradición alcanza a todos los integrantes de las Farc y a personas acusadas de formar parte de dicha organización por cualquier conducta realizada con anterioridad a la firma del acuerdo final”, dice el texto firmado ayer por las partes.

Se bloquea intentona

Unas de las tensiones fuertes en la negociación del tema de justicia fue el mantenimiento del fuero presidencial. Las Farc querían tumbarlo, pero finalmente los delegados del Gobierno en los diálogos lograron mantenerlo intacto.
Para nadie era un secreto que la intentona de esa guerrilla tenía nombre propio: el expresidente y hoy senador del Centro Democrático Álvaro Uribe.

El hecho es que el acuerdo anunciado ayer indica que la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz “no modificará las normas vigentes aplicables a las personas que hayan ejercido la Presidencia de la República”.

Señala, además, que en caso de que haya una denuncia contra un expresidente de la República ante la Jurisdicción Especial para la Paz, luego de hacer las verificaciones del caso, esta enviará la información a la Cámara de Representantes.

En todo caso, el año y medio que se llevó la negociación del acuerdo de víctimas –la mitad de lo que ha durado el proceso de paz— deja en claro la complejidad de los temas que abordaron las partes y su disposición a ceder para llegar a entendimientos.

Humberto de la Calle señaló que el acto en La Habana “pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme” porque el acuerdo alcanzado por las partes “garantiza en la mayor medida posible los derechos de las víctimas y cierra las puertas a nuevas víctimas”.

‘Iván Márquez’ también señaló que la finalidad de las partes “es hacer efectivos los derechos de las víctimas del conflicto, combatir la impunidad y ofrecer la máxima justicia que sea posible para concluir definitivamente una larga confrontación armada”.

Tres pilares del acuerdo de justicia transicional

1. Verdad, a través de la Comisión

1. La Comisión de la Verdad solo comenzará a funcionar cuando se firme la paz.

2. Es de carácter extrajudicial, es decir, ninguna versión entregada a ella dará pie a procesos judiciales, pues de lo que se trata es de esclarecer la verdad de lo ocurrido para evitar repetirlo.

3. Se centrará en casos emblemáticos, ante la imposibilidad de recopilar las versiones de lo ocurrido en más de 50 años.

4. Definirá qué casos investiga, pero la idea es que tome hechos representativos.

5. También puede investigar una masacre cometida por paramilitares o asesinatos emblemáticos de la Unión Patriótica.

6. Debe explicar qué mecanismos utilizará para contrastar y verificar la información de víctimas y responsables.

2. Puntos claves para hacer justicia

1. Solo el Tribunal para la Paz, que hace parte de la Jurisdicción Especial, podrá anular una decisión que tome esta con respecto a un procesado.

2. Todo caso que se resuelva en la Jurisdicción Especial para la Paz hará tránsito a cosa juzgada y no podrá ser reabierto por ningún otro tribunal. Así es como se garantizará la seguridad jurídica a quienes se sometan a esta instancia.

3. Quienes hayan cometido un delito relacionado con el conflicto pueden presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz, y, tras contar la verdad, podrán acceder a los beneficios.

4. La Jurisdicción para la Paz solo puede obligar a comparecer a quien le tenga un crimen suficientemente probado.

3. La reparación

1. Además de la reparación material y con trabajo que beneficie a las comunidades, las Farc deberán hacer actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y de petición de perdón.

2. Los agentes del Estado que cometieron delitos graves y los particulares que patrocinaron la guerra también deben hacer actos de reconocimiento y peticiones de perdón.

3. La restitución de tierras se articulará a los planes de reparación colectiva.

4. Parte de la reparación será también la rehabilitación psicosocial e individual de afectados directamente por la guerra y que requieran tratamiento emocional. También se hará rehabilitación colectiva a las comunidades para facilitar convivencia y reconciliación.

5. Como parte de la reparación se reforzarán los retornos colectivos de desplazados.





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