Ilegalización de Libreto

De libreto.

ETA lleva a cabo una acción armada.

La Moncloa exige que todos los partidos políticos condenen la acción.

Batasuna se niega pues no es competencia de los partidos políticos condenar las acciones de un grupo antifascista, eso es competencia del poder judicial.

La Moncloa inicia el proceso de ilegalización de Batasuna aprovechando los cambios a modo llevados a cabo a la Ley de Partidos Políticos de 1978.

Aquí lo que nos informa La Jornada:

Miles protestan en Santa Pola por el atentado de ETA

Entrega Madrid al fiscal material para la ilegalización de Batasuna

Armando G. Tejeda | Corresponsal

El Ejecutivo español, presidido por José María Aznar, entregó hoy a la Fiscalía General "todo el material de que dispone" para iniciar el proceso de ilegalización de Batasuna, que representa a 10 por ciento de los electores del País Vasco y podría ser disuelta por negarse a condenar el atentado perpetrado por ETA el domingo en Alicante, en el que murieron dos personas, entre ellas una niña de seis años.

Más tarde, miles de personas protestaron en Santa Pola, localidad turística donde se cometió el atentado, para exigir a ETA el fin de la violencia y repudiar la acción. Unos 20 mil participantes, según la policía, desfilaron con pancartas, en las que se leía "por la paz y contra el terrorismo" y "no a ETA", hasta el lugar donde estalló el coche bomba, frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil.

A la marcha se unieron miembros del gobierno y el jefe de la oposición socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.

El atentado del domingo fue el primero de la organización armada vasca que deja víctimas mortales, desde la reciente entrada en vigor de la nueva ley orgánica de partidos políticos, creada ad hoc por el gobierno y la oposición socialista para borrar del mapa electoral y de las instituciones públicas vascas al considerado brazo político de ETA.

Aznar advirtió la víspera que la "basura humana" de los líderes de Batasuna es tan responsable de la acción criminal del domingo como "los comandos de ETA"; aseguró que "hasta aquí hemos llegado" y dijo no estar dispuesto a permitir que los separatistas continúen "paseándose por las calles del País Vasco como auténticos chulos".

De forma simultánea a esta advertencia, el gobierno español movilizó todos sus servicios jurídicos para iniciar los trámites para la ilegalización de la formación.

La disolución de Batasuna es posible, según el gobierno conservador, gracias a la entrada en vigor el 29 de junio de la nueva ley de partidos políticos, que sustituyó a la refrendada en 1978 por todas las formaciones que participaron en el proceso de transición a la democracia.

La normativa vigente fue aprobada con los votos del gobernante Partido Popular, del Partido Socialista Obrero Español, Convergencia i Unió y Coalición Canaria. Sin embargo, la mayoría de las formaciones del País Vasco, donde se aplicará la ley, manifestó su oposición, al considerar que provocará "más crispación y violencia".

El texto de la ley prevé la ilegalización de un partido político si éste "da cobertura" a una organización terrorista, mientras que la "no condena" de una "acción terrorista" también puede ser motivo de disolución.

Por esto, el recién nombrado ministro de Justicia, José María Michavilla, entregó a la Fiscalía General -la que en teoría debería pedir, junto con el gobierno y la Cámara de Diputados, la ilegalización de Batasuna- "todo el material de que dispone" para que se "ponga en marcha" la nueva ley.

Las presuntas pruebas contra Batasuna se centrarán, según Madrid, en la negativa de la coalición a condenar en las instituciones públicas vascas el atentado del pasado domingo en Alicante. Las pruebas ya están siendo analizadas por la fiscalía, presidida por Jesús Cardenal, jurista conservador nombrado por Aznar, para una posible presentación ante el Tribunal Supremo, el órgano judicial que decidirá finalmente sobre la demanda de ilegalización.

Ante la eventual ilegalización de Batasuna, el dirigente Joseba Alvarez sostuvo que "da la impresión que las declaraciones que hoy haremos mediante los medios de comunicación a la sociedad vasca y a la sociedad mundial se van a interpretar en un sentido jurídico-penal, y no político".

Alvarez justificó además el silencio de su formación en relación con el atentado de Santa Pola, al sostener que "como hemos hecho en numerosas ocasiones, nosotros no vamos ni a justificar ni a amparar lo ocurrido, sino a analizar por qué en este caso y en otros muchos se están dando circunstancias que lo que hacen es crispar todavía más la vida social y política no sólo de Euskal Herria, sino del Estado español".

Agregó que "todas esas muertes pueden evitarse si realmente entre todos y todas somos capaces de racionalizar un conflicto que lleva ya dos siglos, y entre todas y todos somos capaces de construir una alternativa sin vencedores ni vencidos, una alternativa que restablezca las coordenadas democráticas en nuestro país".

El dirigente sostuvo además que la persistencia de la violencia en el conflicto vasco es la "constatación" de una serie de "fracasos", entre los que destacó "la política que nosotros hemos definido como la de Ariel Sharon-Aznar, que hoy en sus declaraciones lo que vuelve a reiterar es su política de más leña al fuego, y que aquí, como en Palestina, no va a conducir a otra cosa que no sea más crispación, más conflicto y más sufrimiento para todas las partes".

Por su parte, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Egibar, sostuvo que "igual que ETA nos aleja de la paz, una estrategia que se ha marcado la ilegalización de Batasuna no nos va a acercar".

Otra crítica a la posición del gobierno provino de Izquierda Unida, cuyo principal líder, Gaspar Llamazares, consideró un "grave error" la respuesta al atentado.

El Consejo de Europa y la Unión Europea expresaron su "firme" condena al atentado. "La necesidad inmediata, tanto en Israel como en el País Vasco, es el diálogo político y la negociación", dijo además el secretario general del Consejo de Europa, el austriaco Walter Schwimmer.

Por otro lado, la Plataforma por la Dignidad de los Guardias Civiles criticó los fallos de seguridad que permitieron que los etarras colocaran el coche-bomba frente a la casa-cuartel, al denunciar que en ese lugar no existe un cordón de seguridad para impedir el estacionamiento, como tampoco los inhibidores de frecuencia que impiden la activación a distancia de una bomba.

Estas críticas se sumaron a los gritos que tuvieron que escuchar, durante el sepelio de las víctimas, los representantes del gobierno, a quienes la gente increpó porque "sólo estáis para la estampa pero no hacéis nada". 

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