Batasuna Continúa Bajo Asedio

Damos seguimiento a la escalada represiva españolista en contra del pueblo vasco en general y la izquierda abertzale en particular con este artículo de La Jornada, mismo en el que se da realce a un tema puesto sobre la mesa por el PNV; que la militancia del PP nunca ha condenado el franquismo, lo cual haría a ese partido acreedor de todas las medidas que se están tomando en contra de Batasuna.

Pero no solo eso, la falta de condena al franquismo tendría que llevar necesariamente a la expulsión del estado español de todo organismo internacional conformado por estados democráticos pues esa falta de condena y de rompimiento con el régimen anterior convierte al actual régimen español en una extensión del mismo, tal como insiste Garzón que la afinidad de objetivos en lo que respecta al derecho a la autodeterminación del pueblo vasco vincula a Batasuna con ETA.

Así que, dicho lo anterior, les presentamos lo publicado en relación al caso Batasuna:

Continúan los desalojos de las sedes de Batasuna en el territorio vasco

Aznar y su partido no han condenado todavía el alzamiento de Franco, acusa el PNV

Armando G. Tejeda | Corresponsal

La cúpula del Ministerio Fiscal español, reunida este miércoles en sesión extraordinaria en Madrid, decidió respaldar de forma unánime la querella que presentará la Fiscalía General del Estado ante el Tribunal Supremo para ilegalizar a Batasuna, coalición de la izquierda nacionalista vasca a la que se acusa de ser brazo político del grupo armado ETA.

Entre tanto, en el País Vasco y Navarra continuaron los desalojos de las sedes y locales de la formación abertzale (nacionalista), cuyas actividades públicas, privadas e institucionales fueron suspendidas por un mínimo de tres años el lunes anterior por orden del magistrado Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, quien sostiene que Batasuna es parte del "entramado" de ETA.

De su lado, el presidente del Ejecutivo español, José María Aznar, se manifestó convencido de que en materia de lucha antiterrorista "vamos en la dirección correcta" con la propuesta de ilegalización de Batasuna, aunque advirtió que aún "tendremos que hacer muchos sacrificios".

Al intervenir ante militantes de su Partido Popular (PP) de Valladolid, el mandatario aseguró que con la iniciativa aprobada el lunes anterior en el Congreso de los Diputados y que dará curso este jueves el Consejo de Ministros "no nos mueve el odio, ni tampoco el temor" sino que se trata de "juego limpio" en democracia.

Subrayó que en esta lucha "no tenemos más enemigos que los terroristas", por lo que "nadie tiene derecho a sentirse perjudicado por esta iniciativa", dijo en referencia al Partido Nacionalista Vasco (PNV), sin mencionarlo.

Al referirse a las advertencias sobre las consecuencias de estas medidas, afirmó que "será inapelable el destino si no hacemos lo que tenemos que hacer".

Señaló que, en los pasados días, se ha visto "mucho odio, en los gritos, en las pancartas, en las amenazas"; explicó que se trata del "odio de los que saben que pierden la impunidad", y admitió que las "imprescindibles" medidas acordadas en estos días no van a "acabar ya" con el terrorismo.

Proscripción de facto

Si bien el auto judicial del juez Garzón es de hecho una proscripción de facto de Batasuna, fundada hace 24 años y representante de 10 por ciento del electorado del País Vasco, el gobierno de Aznar, el PP y el Congreso de los Diputados activaron paralelamente el lunes la vía político-judicial, y apoyándose en la recientemente aprobada ley de partidos políticos acordaron que el gobierno pida al Tribunal Supremo la prohibición de Batasuna, por considerar que apoya al terrorismo.

Con el espaldarazo dado este miércoles por la Junta de Fiscales de Sala al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se activa el tercer frente contra Batasuna.

Por un lado están la orden judicial de Garzón y la enmienda aprobada en el Parlamento para llamar a la ilegalización de la coalición ante el Tribunal Supremo, y ahora la cúpula fiscal aprobó elaborar una demanda que también será presentada ante esa alta corte con idéntico objetivo.

Estos tres mecanismos confluyen a su vez en dos vías: la del juez Garzón, desarrollada en la Audiencia Nacional, que pretende establecer las responsabilidades penales de Batasuna con base en el código penal y la ley antiterrorista, y la de Aznar, su organización y el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), gracias a la aprobación en junio anterior de la ley orgánica de partidos políticos, creada ad hoc para proscribir a Batasuna.

Garzón, el juez que más sumarios tiene contra ETA en los tribunales españoles, presenta como pruebas documentos elaborados por los servicios de inteligencia y papeles incautados por la policía a la propia organización armada, que fueron el sustento del auto judicial de 370 páginas que le hizo convertirse desde el lunes en el primer magistrado español que suspendió a un partido político.

El Ejecutivo de Aznar y la Fiscalía General del Estado, respaldados por la mayoría del Congreso de los Diputados, basarán por su parte la querella en un informe elaborado por los "servicios jurídicos del gobierno", en el que, en función de la nueva ley de partidos políticos, aportan "23 hechos" que justifican la ilegalización de la formación vasca.

La mayoría de estos hechos son las abstenciones de los cargos públicos de esa organización en los plenarios en los que se condenó el reciente atentado mortal de ETA, a principios de este mes en la localidad de Santa Pola, y una de cuyas víctimas fue una niña de escasos seis años de edad.

Además de estas abstenciones o ausencias de las sesiones, que según el gobierno están tipificadas como vulneración "grave" en la nueva legislación, se incluyeron declaraciones de varios dirigentes abertzales realizadas ante los medios de comunicación.

Respuesta "generosa"

Precisamente en la reunión de hoy de la Junta de Fiscales se acordó interponer una demanda, que se sumará a la del Ejecutivo, que aportará "pruebas distintas" a las del informe del gobierno, principalmente fotografías tomadas por miembros de la Guardia Civil en las sedes de los 34 municipios gobernados por Batasuna, en las que según los fiscales se encuentran imágenes de presos etarras.

Jesús Cardenal agradeció a la salida de la reunión con los fiscales, a la que asistieron 13 de los 14 jefes de sala, la "generosa" respuesta de los representantes judiciales para que "prevalezca el estado de derecho".

Entre tanto, en el País Vasco y Navarra continuaron los desalojos y clausuras de las sedes y locales de Batasuna, incluidas las herriko tabernas, donde suelen reunirse simpatizantes y militantes de la izquierda nacionalista.

Después de que el martes anterior, en medio de enfrentamientos, fueran precintadas y cubiertas con una enorme plancha de hierro las principales sedes de la coalición en Bilbao, San Sebastián y Vitoria, los desalojos de este miércoles alcanzaron a ocho locales: tres en Navarra -dos en Pamplona y uno en Burlada-, tres más en Bilbao y las sedes de la coalición en Valle de Trápaga y Durango.

Estos desalojos se desarrollaron sin que se registraran incidentes, si bien varias decenas de militantes y simpatizantes de Batasuna se concentraron a las puertas de las sedes para increpar a Garzón, a quien llamaron "fascista", al tiempo que lanzaban consignas contra el gobierno de Euskadi, encabezado por el PNV, por haber enviado a la policía autonómica local a cumplir la orden del magistrado de la Audiencia Nacional.

La Guardia Civil informó por su lado que ha denunciado ante los tribunales a tres representantes de Batasuna por "organizar y promover" una concentración pacífica que se llevó a cabo el martes anterior en Estella, lo que a su juicio supone "una desobediencia" del auto firmado por Garzón.

Mientras, varios cientos de personas se manifestaron frente al consulado español de la localidad francesa de Bayona, muy cerca del País Vasco español, mientras gritaban consignas que llamaban a frenar al "fascismo español" y con banderas con el emblema de Batasuna, símbolo prohibido desde el lunes último en territorio español.

Asimismo, la asociación de familiares de presos y refugiados, la Etxerat, y la organización contra la tortura Torturaren Aurkako Taldea acusaron a la policía autonómica de Euskadi y al juez Garzón por haber ordenado también el cierre de sus locales en Bilbao, ya que, sostienen, "las actividades que allí se realizaban no tienen ninguna relación con Batasuna".

Entre tanto, el gobierno español se enfrenta a un complejo proceso para lograr el cierre de la página de Batasuna en Internet, ya que el servidor de dicha página sería una empresa radicada en Australia.

Esto obligaría a enviar la resolución judicial a ese país, y se estima que sólo sería el comienzo de un proceso muy lento, en tanto que la página de Batasuna continúa funcionando normalmente.

La postura del PNV

Por su parte, el gobierno vasco es blanco de acusaciones de "deslealtad" o de "ruptura del contexto democrático", ya sea por parte de los dirigentes de la coalición nacionalista como por parte de los representantes del gobierno español y la oposición socialista.

Por conducto de su vocero, Joseba Egibar, el PNV afirmó este miércoles que la puesta en marcha del proceso para declarar ilegal a Batasuna "acelera" el "proceso de emancipación del pueblo vasco".

A juicio de Egibar, "el País Vasco ya tiene personalidad y madurez para echar a andar y decidir su propio futuro", pues "aunque en este momento el análisis de la situación política no nos lleve a expresarnos en términos optimistas, creo desde una posición nacionalista y en perspectiva histórica que el proceso de emancipación nacional se está acelerando, por mucho que lo quiera impedir el Partido Popular".

Esta organización política, en su opinión, tendrá que asumir "una responsabilidad histórica y política ante su querida España", puesto que la nueva ley de partidos que impulsó para ilegalizar a Batasuna ha provocado en Euskadi una "colisión de voluntades" entre el Congreso español y el Parlamento vasco, en la que "se ha despreciado olímpica y categóricamente lo que han dicho las instituciones del País Vasco y la mayoría social".

Egibar recordó que Aznar y el PP "todavía no han condenado el alzamiento militar de 1936 (del ex dictador Francisco Franco, que derrocó al gobierno de la república y propició la guerra civil española) y aún están recientes las imágenes de la marcha a Guadalajara del PSOE para solidarizarse con personas condenadas por hechos de violencia relacionados con el GAL (grupo paramilitar financiado por el Estado en los años de gobierno del socialista Felipe González), por lo que igual ellos tienen que hacer un ejercicio de autodisolución".

La aprobación del Congreso de los Diputados al pedido de que el Ejecutivo solicite que se declare ilegal a Batasuna se basó precisamente en que la formación no condenó el atentado de Santa Pola, a principios de este mes.

Egibar consideró además "políticamente aberrante" el auto judicial del magistrado de la Audiencia Nacional, que según él no es más que "el informe de la Unidad Central de Inteligencia encuadernado, salvo el prólogo y el cierre".

En este sentido, Joseba Azkárraga, consejero de Justicia del gobierno vasco, sostuvo que ese auto judicial "difícilmente podrá ser admitido en otras instancias superiores porque se sustenta en indicios y suposiciones" para acusar a Batasuna.

El jurista vasco explicó que el lunes anterior "será recordado como un día en el que se materializó un ataque sin precedentes contra las libertades fundamentales, la democracia, la libertad de expresión y las ideas", al tiempo que consideró que "el sentido común conduce a creer que ha existido una connivencia evidente entre el gobierno de Aznar y Garzón; que no se sienta ofendido el magistrado, no trato de perturbar su independencia, son los hechos los que ponen en duda que esa independencia exista". 

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