¡Detengan la imprenta!
Esta nota es cuasi mitológica, el Ararteko, defensor del pueblo vasco, ha hecho una declaración a favor de los presos políticos vascos. Así es, según esta nota en El Economista, Iñigo Lamarca ha roto su histórico silencio con respecto a los represaliados políticos vascos, posicionándose en contra de la Doctrina Parot.
No sabemos si lo hace por pura institucionalidad o si está poniendo las barbas a remojar. Aquí la nota:
El Ararteko, Iñigo Lamarca, considera que el Ejecutivo y los tribunales españoles deberían "aplicar de inmediato las consecuencias" del fallo del Tribunal de Estrasburgo y, en este sentido, aboga por revisar la denominada 'Doctrina Parot' .
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el defensor del pueblo vasco se ha pronunciado de esta manera después de que el martes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara a España a pagar una indemnización de 30.000 euros por daños morales a la miembro de ETA Inés del Río Prada, condenada a más de 3.000 años de cárcel por varios asesinatos terroristas, y le instara a "poner en libertad a la demandante en el plazo de tiempo más breve posible". Hoy, el diario El Mundo recuerda que 67 históricos de ETA saldrán si el tribunal no rectifica.
Contrario a la doctrina Parot
Tras recordar que el Ararteko "siempre" se ha opuesto a la aplicación de la 'Doctrina Parot' porque es "contraria a la interpretación más favorable a los derechos de las personas", ha opinado que, teniendo en cuenta la resolución del TEDH, "sería deseable que se produjese la revisión de Doctrina Parot y, en consecuencia, que el cómputo de penas a los que se les aplicó vuelva al anterior y que tenga como consecuencia lo que proceda, que sería la excarcelación de estas personas".
Lamarca ha advertido de que "puede ocurrir que haya sucesivas condenas" al Estado español, lo que no sería "bueno para la credibilidad y legitimidad de un estado democrático de derecho". En esta línea, ha destacado que, si bien "cabe recurso a la gran sala", el hecho de que la resolución del Tribunal de Estrasburgo haya sido acordada por unanimidad "le da pocas posibilidades" de prosperar a ese recurso.
Aunque ha precisado que es necesario "leer con mucho rigor la sentencia", ha señalado que el Estado español, al suscribir el Convenio de Derechos Humanos europeo, está "obligado a cumplir", por lo que, a su entender, tanto el Ejecutivo como los tribunales "deberían aplicar de inmediato las consecuencias de esta sentencia".
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