Con respecto al caso del preso político Yvan Colonna, muerto en circunstancias por demás irregulares, les traemos esta actualización vía Naiz:
La familia de Yvan Colonna presenta denuncia por la responsabilidad del Estado
La familia de Yvan Colonna ha presentado una querella contra el Estado francés en el Tribunal Administrativo de Marsella, según confirman los abogados que ejercen la defensa en nombre de los allegados del militante muerto tras ser agredido por otro preso en la cárcel de Arles.La familia de Yvan Colonna ya avanzó que el Estado debería responder por la grave agresión sufrida por el militante independentista, el pasado 2 de marzo, en la prisión de Arles y que le causó, finalmente la muerte, tres semanas después, concretamente el 21 de marzo.
La querella ha sido presentada en el Tribunal Administrativo de Marsella.
De acuerdo con el comunicado dirigido a la agencia oficial gala AFP por Patrice Spinosi, uno de los abogados de la familia Colonna, «los padres, esposa, hermano, hermana y dos hijos» del militante independentista «consideran que la administración penitenciaria es jurídicamente responsable de su fallecimiento».
La denuncia se confirma días después de que, tanto las audiciones sobre el caso en el Parlamento galo como las posteriores revelaciones de prensa, han venido a desmentir las primeras afirmaciones hechas por responsables de la prisión sobre el carácter no conflictivo del preso condenado por «radicalización islamista» que causó la muerte al preso corso condenado a cadena perpetua por la muerte en 1998 del prefecto Claude Érignac, atentado en el que siempre negó haber tomado parte.
Esos testimonios hablan de Franck Elong Abé, de 36 años de edad, como de una persona que había protagonizado precedentes episodios de violencia, lo que deja en el aire la pregunta de por qué, siendo un preso clasificado –como el propio Colonna– con el estatus de vigilancia reforzada o DPS, pudo acceder a un puesto de confianza.
De hecho, el preso, que desarrollaba labores de mantenimiento, pudo encontrarse a solas con Colonna, de 61 años de edad, en la sala de deporte, donde le estranguló y asfixió sin que los vigilantes se percataran de nada, por más que ese recinto estuviera vigilado por cámaras.
Audiciones parlamentarias y publicaciones en prensa
En su comunicado, el letrado Spinosi destaca precisamente que «los diferentes elementos de la investigación recogidos por la prensa y las audiciones parlamentarias no hacen sino reforzar la sospecha según la cual la agresión de la que fue víctima Yvan Colonna guarda relación con una serie de disfunciones administrativas».
Recuerda, en este sentido, que el artículo 44 de la ley de 24 de noviembre de 2009 prevé que «la administración penitenciaria debe asegurar a cada persona detenida una protección efectiva de su integridad física en todos los espacios ya sean colectivos o individuales».
«El Estado tiene la obligación de indemnizar a las personas concernidas por la muerte de un prisionero a causa de la violencia sufrida en un establecimiento penitenciario a cargo de otro preso», prosigue el comunicado.
Aunque en la comunicación del despacho de abogados no se detallan cantidades, AFP asegura que el letrado Spinosi ha precisado en declaraciones a esa agencia el montante de la demanda de indemnización: 200.000 euros por daños causados a Yvan Colonna y 100.000 suplementarios para cada miembro de su familia que suscribe la demanda.
«Un tribunal imparcial e independiente deberá juzgar la relación entre la inacción del Estado y la muerte de Yvan Colonna», prosigue el abogado, que espera que el tribunal administrativo en el que se ha presentado esta primera denuncia de la familia Colonna se pronuncie sobre la demanda antes de fin de año.
La familia de Paty también apunta al Estado
La querella de la familia Colonna contra la Administración Penitenciaria por no proteger la integridad del independentista se conoce el mismo día en el que ha trascendido otra demanda. Se trata de la querella presentada por la familia del profesor Samuel Paty, decapitado por un yihadista en octubre de 2020.
La familia del profesor ha denunciado a los Ministerios de Interior y Educación Nacional por «falta de asistencia a una persona en peligro y por no haber impedido el crimen» que tuvo lugar el 16 de octubre de 2020 «tras enseñar en clase caricaturas del profeta Mahoma».
La demanda, consultada por la emisora France Info, apunta que se reprocha a los servicios de inteligencia no haberse planteado «seriamente» el riesgo de un atentado y no haber tomado medidas de protección al respecto.
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