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jueves, 21 de abril de 2022

Mortadelo el Descontrolado

De lo que va a usted a leer en este artículo de Naiz podrá usted darse cuenta que la actuación de Mortadelo en su operativo de espionaje a los referentes del independentismos vasco y catalán cuenta con la más completa impunidad y que dicha actuación delictiva va a adquirir su calidad de "sin resolver".

Aquí la información:


El CNI ni siquiera tiene el preceptivo control del Congreso hace ya más de tres años

Los vetos cruzados entre partidos mantienen la comisión de control del CNI en el Congreso parada hace más de tres años. En ello se han escudado la ministra Robles y el exdirector Sanz Roldán tras el estallido del escándalo Pegasus. Con todo, cuando estaba operativa tampoco se habló de ello.

Ramón Sola

El CNI tiene poco, más bien ningún, motivo para preocuparse por la revelación del espionaje a independentistas catalanes y vascos. Ni los tribunales españoles barajan actuar en este caso (los espiados catalanes han enfocado su ofensiva jurídica hacia tribunales de otros países), ni en el Congreso está operativa en este momento la comisión estipulada para su control.

Esta instancia sí funcionó hasta 2019, pero se mantiene sin constituir desde entonces por la falta de acuerdo entre los partidos. De ello se han valido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el que fue director del CNI en la época en que se adquirió Pegasus, Félix Sanz Roldán, para aseverar que aunque quisieran dar explicaciones sobre ello no tendrían el foro adecuado para hacerlo.

Este vacío supone en realidad un incumplimiento legal, puesto que la ley de 1995 que regula el uso de los fondos reservados establece, en su artículo 7, que los créditos deben estar sujetos al control del Congreso «a través de una comisión parlamentaria compuesta por el presidente de la Cámara, que la presidirá, y aquellos diputados que, de conformidad con la normativa parlamentaria, tengan acceso a secretos oficiales».

Esa comisión ni está constituida en las últimas legislaturas con Pedro Sánchez al frente del Gobierno ni mucho menos se va a conformar en breve, y eso que el actual periodo ya está en su segunda mitad. Esta mañana de jueves, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dicho que «he hablado con los grupos» y «los números no salen».

«Yo creo que se debería haber constituido desde el inicio de la legislatura porque eso es lo que le da normalidad al funcionamiento de una comisión que está prevista, pero necesita unas mayorías y los grupos no están en condiciones», ha alegado Batet.

Tampoco cabe llevarse a engaño, puesto que hasta 2019 el CNI no mencionó en ningún momento el sistema Pegasus (que estaría operativo desde 2016) en ese foro. Lo subrayó el miércoles el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, después de que algunas voces recordaran que el entonces líder de la formación, Pablo Iglesias, integró esa comisión de control.

La ironía de Sanz Roldán y el silencio de Paz Esteban

«No esperarán ustedes que un jefe del servicio secreto hable de estos temas en una televisión», respondió entre risas el martes Sanz Roldán a periodistas en una comparecencia pública en la que fue abordado sobre esta cuestión. «Nuestra obligación sí es contestar en los ámbitos que hay para el control del centro. En los lugares de control del CNI se podrá contestar», dijo Sanz Roldán, sabedor de que la comisión está bloqueada.

Hay otras opciones de abordar el asunto en el Congreso, como una comparecencia del presidente español o la ministra o bien la comisión de investigación propuesta ya por todos los socios de Pedro Sánchez. Pero tras lo verbalizado estos días, parece obvio que el PSOE se aferrará a la excusa técnica de la comisión de control.

Como dato revelador, Paz Esteban, la actual directora del CNI nombrada por el Ministerio de Robles, nunca ha declarado en la comisión de control, puesto que llegó al cargo en 2020. Pero parece muy probable que después de esa fecha se haya mantenido la utilización de un software de espionaje que habría adquirido el Gobierno de Rajoy hace seis años y que, a tenor de la lista publicada por ‘The New Yorker’, se usó masivamente contra el «procés» en el momento determinante de 2017.




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