El Berenjenal de Mortadelo

Continuamos dando seguimiento al tema del espionaje por parte del régimen borbónico franquista a referentes del independentismo vasco y catalán con este artículo:

Urkullu, PNV y ELA destacan la gravedad del espionaje político y exigen explicaciones

Diversas instituciones y agentes vascos se han posicionado sobre el espionaje político a líderes independentistas catalanes y vascos. Lo ven grave y reclaman explicaciones al Ejecutivo español.

El lehendakari del Gobierno de Lakua, iñigo Urkullu, ha calificado este martes como «de extrema gravedad» las informaciones sobre el espionaje a líderes institucionales y políticos mediante el sistema Pegasus.

«Estas revelaciones, de ser ciertas, constituirían una grave intromisión tanto en la privacidad como en el sistema institucional y político. Por lo tanto, es necesaria una clarificación transparente y completa para que este tipo de situaciones no pueda producirse en un Estado de Derecho», ha señalado Urkullu.

«Espiar a quien piensa de forma diferente, que es lo que revelan las informaciones publicadas, constituye un ataque a los principios de un sistema democrático con garantías», ha añadido el lehendakari de la CAV.

El PNV también ha considerado «de extrema gravedad» las informaciones sobre el espionaje a representantes políticos catalanes y vascos y ha opinado que «obligan al Gobierno español» a aclararlas.

Tras lo publicado el lunes por ‘The New Yorker’, la formación jeltzale ha opinado en Twitter que los hechos revisten «una gravedad extrema y obligan al Gobierno español a aportar de manera urgente toda la información disponible».

Además, ese partido ha anunciado que «secundará las iniciativas destinadas» a esclarecer lo sucedido.

ELA: «Extremadamente grave»

Por su parte, ELA considera «extremadamente grave» la información emanada de la investigación de Citizen Lab. Estima «inadmisible que representantes políticos y militantes de la sociedad civil sean sometidos a procedimientos de espionaje que, en democracia, deben estar estrictamente reservados para la lucha contra el crimen y esto con las debidas garantías judiciales».

«Esta práctica demuestra la nula raigambre democrática del Estado español, déficit que no se corrige cuando fuerzas pretendidamente progresistas alcanzan posiciones de gobierno, como sucede en la actualidad. El Gobierno Sánchez debe comparecer ante el Parlamento para rendir cuentas sobre el contenido de la denuncia, debe depurar responsabilidades políticas y debe poner en conocimiento de la justicia los detalles de que disponga sobre estas prácticas de tinte orwelliano».

Añade en su nota que «lo revelado evidencia una situación de enorme vulnerabilidad para las personas militantes y para organizaciones de la sociedad civil que, como ELA, precisan para su desempeño de marcos garantes de las libertades y derechos fundamentales».

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