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sábado, 1 de febrero de 2020

Etxerat Emplaza a Sánchez

Alfredo Scilingo, la mente maestra detrás de los vuelos de la muerte con los que la dictadura argentina se deshizo de miles de oponentes políticos hoy camina libre gracias a que ha accedido a los beneficios penitenciarios considerados por el marco legal español.

Beneficios penitenciarios a los que no tienen acceso los presos políticos vascos, muchos de ellos víctimas de actos de barbarie como los que presidía Scilingo en la ESMA.

Pues bien, el flamante nuevo presidente español Pedro Sánchez tiene ante sí la tarea pendiente de dar fin a estas prácticas poco democráticas pues ya se ha entrado en el noveno año tras los acuerdos logrados en el Palacio de Aiete orientados hacia la consecución de la paz.

Aquí lo que nos informa Naiz:


Etxerat ha exigido al Gobierno de Sánchez que ponga fin al alejamiento y a las políticas penitenciarias de excepción. Tres familiares han alzado la voz para hablar de la crudeza de su día a día, cuando se cumplen 33 años de dispersión y 83 fines de semana sin cambios significativos desde su llegada a Moncloa.

Amalur Artola

Cuando se cumplen 33 años desde que el Gobierno español activara de manera generalizada una política penitenciaria basada en el alejamiento y el aislamiento de las presas y presos políticos vascos, Etxerat ha alzado la voz y ha exigido al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que «ponga fin, con urgencia, al alejamiento y a las políticas penitenciarias de excepción».

En rueda de prensa, Urtzi Errazkin y Patricia Velez han leído un comunicado dirigido al Gobierno español en el que han recordado que el 11 de enero la ciudadanía volvió a llenar las calles de Bilbo y Baiona por los derechos de los y las presas y sus familiares. «No ha sido la única expresión de rechazo: una indiscutible mayoría social, política y sindical se ha posicionado repetidamente por el fin del alejamiento y por un cambio en materia penitenciaria», han recordado, recalcando los acuerdos de junio de 2018 de la totalidad de los sindicatos de Hego Euskal Herria, las posteriores declaraciones institucionales de los parlamentos de Gasteiz e Iruñea o las más 60 mociones municipales que se han unido a este requerimiento.

Errazkin y Velez han remarcado que ha pasado más de año y medio desde que Sánchez, recién llegado al Gobierno, anunciara cambios en la política penitenciaria. Unos cambios que, recalca Etxerat, no se han materializado. «Se han dado algunos traslados a cárceles menos alejadas, pero también a cárceles más alejadas», han subrayado, a la par que han precisado que aunque se hayan producido algunas progresiones de grado han sido «pocas y en casos contados», mientras que «una amplia mayoría de nuestros familiares sigue en primer grado y aún persisten injustificadas situaciones de aislamiento».

Sin demoras ni titubeos

«Nuestra situación no admite demoras ni titubeos», han asegurado, tras recordar que han pasado 83 semanas desde el anuncio de Sánchez, con sus 83 fines de semana de «riesgo impuesto para las centenares de personas que debemos afrontar largos desplazamientos», entre ellas Ana Igarriz, Xochitl Karasatorre y Josune Dorronsoro.

Ana Igarriz es una de las 38 personas que, durante esos 83 fines de semana, se han visto afectadas por uno de los 16 accidentes de tráfico que ha ocasionado la dispersión. Sufrió un grave accidente cuando volvía con su madre y su tía desde Castelló. «Permanecimos hospitalizadas varios días, pero las secuelas físicas y síquicas son para siempre. 942 familiares y amigos hemos pasado por esto», ha lamentado.

Xochitl Karasatorre ha recorrido, desde que tenía 7 años, miles de kilómetros para ver a su aita. «Es mi padre y es mi derecho, pero tiene un precio: mi vida entera, mi infancia, mi adolescencia, mi trabajo, mis estudios están condicionados por las horas de visita, las horas en carretera, el dinero que necesito para los viajes. No vivo esta situación porque mi padre esté preso, sino porque está alejado».

Josune Dorronsoro lleva 27 años en la carretera. «Para ver a mi hermano necesito recorrer 2.200 kilómetros. Yo elijo visitar a mi hermano porque es mi familia y mi derecho, pero nos han puesto un precio muy alto que pagamos con nuestra salud y nuestra economía», ha asegurado.

Así las cosas, desde Etxerat han recalcado que han pasado 33 años desde que se activara una política penitenciaria que «nunca tuvo justificación» y han exigido al Gobierno español que atienda la demanda de la sociedad vasca y ponga fin «con urgencia» al alejamiento y las políticas penitenciarias de excepción, «porque los queremos vivos y en casa».






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