martes, 8 de diciembre de 2015

Ni Cenizas de la "Verdad Histórica" en Caso Ayotzinapa

Una vez más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) muestra pruebas que desmontan por completo la versión oficial dada por el régimen de Enrique Peña Nieto.

Claro, esto no ha gustado a los priistas, acostumbrados a que los organismos internacionales se hagan de la vista gorda ante los crímenes y excesos cometidos por un partido político corrupto y corruptor.

Un hecho es incontestable, al régimen que mal gobierna México le incomoda la educación pública, lo quieren privatizar todo. Las normales rurales son el último bastión antes del asalto final a la UNAM, es por esto que el PRI ha hecho suyo un asunto que ni siquiera le pertenecía políticamente, porque al final sirve a sus fines la represión de estado en contra de los normalistas de Ayotzinapa.

Les presentamos este reportaje publicado en La Jornada:

El GIEI derrumba por completo la verdad histórica del caso Ayotzinapa

Señala que recibió información incompleta de 11 militares interrogados por el Ministerio Público y que es urgente rentrevistarlos

José Antonio Román y Víctor Ballinas
Con nuevas evidencias que terminan por echar abajo la "verdad histórica" sobre el caso Iguala, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que no hubo incendio alguno en el basurero de Cocula, Guerrero, donde según el gobierno federal fueron incinerados los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Basado en pruebas y estudios meteorológicos, así como en imágenes satelitales de la región durante la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, se reveló incluso que en varias horas de esos días hubo una lluvia acumulada de 21.8 milímetros en Iguala, y condiciones similares en Cocula.

Al presentar los avances de la segunda parte de su mandato de seis meses, el informe del GIEI señaló también que fue en la última revisión del expediente cuando se percataron de que 11 de los 27 militares del 27 batallón con los cuales han solicitado de manera reiterada e infructuosa poder entrevistarse, ya se presentaron a dar su declaración o a ampliar la misma ante la Procuraduría General de la República (PGR). Pero que no fueron notificados de esta diligencia.

"El grupo ya analizó sus palabras; sin embargo, debido a la forma en que se toman las declaraciones, no se sabe qué preguntó el Ministerio Público en tales entrevistas. Sus declaraciones dejan igualmente muchos aspectos claves pendientes de profundizar, pues no se responde ni se evalúan", señala el informe presentado en conferencia por los expertos Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Alejandro Valencia.

Por ello, los expertos insistieron en la necesidad de "re-entrevistar" a todos los militares cuyos nombres se propusieron como testigos claves de diferentes hechos.

Dijeron que el GIEI ya tiene preparado un cuestionario que quiere formular a los 27 militares de su petición inicial.

No obstante, advirtieron que si no están presentes en dichas entrevistas no podrá evaluar la calidad de la información aportada, ni repreguntar sobre la misma, ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves.

El GIEI destacó que en dichas declaraciones –rendidas el 26 de agosto y el 11 de septiembre reciente– sólo se incorporó una copia Power Point de las fotografías que hace meses el grupo alertó que estaban en poder del 27 batallón, pero que aún no se ha proporcionado un video tomado en la zona de Palacio de Justicia, donde fue detenido y desaparecido el grupo de normalistas.

Ya en la conferencia de prensa, Carlos Beristáin destacó que esa entrevista con los militares es esencial para el esclarecimiento de los hechos, pues se ha documentado que estos elementos de las fuerzas armadas estuvieron presentes en cuatro de los sitios donde se dieron los hechos: antes y después de la llegada de los normalistas; en los lugares donde se dio la agresión contra ellos, la clínica donde trataron de refugiarse los jóvenes tras la agresión, y en el sitio donde apareció muerto el normalista Julio César Mondragón.

En la conferencia, realizada en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), Ángela Buitrago se refirió al plazo de seis meses previsto para este segundo mandato y si este será suficiente. "Ya hemos tomado la decisión de que debe ser necesariamente suficiente, y hemos apuntado todo para que esta segunda etapa inclusive se trabaje con mayor fuerza que en la primera para tratar de dar con el paradero de los muchachos. Esa es nuestra decisión y pretensión", dijo.

Aunque reconoció que en un delito de desaparición forzada se necesita mucho tiempo más para poder terminar, la decisión del GIEI es tratar de dar los mayores elementos posibles como coadyuvantes de la PGR, "para que se logre el objetivo final de saber dónde están".

Dividido en tres temas, el informe aborda la constitución del nuevo equipo de la PGR encargado de la investigación, las líneas de pesquisas y búsqueda, y la atención y relación con los familiares de las víctimas.

En el primero, el GIEI informó que "trabaja de lleno" en las propuestas proporcionadas a la PGR sobre los nuevos escenarios de búsqueda y diligencias, y donde "se ejecuta un plan que ya está arrojando nueva información relevante para el caso".

Incluso, sin dar nombres de regiones o estados, citaron que la PGR "ha hecho desplazamientos a otros lugares donde busca información y realiza acciones de búsqueda de los normalistas", además de que se ha pedido revisar todas las actuaciones sobre el llamado quinto autobús tomado por los normalistas y que podría tener relaciones con el móvil de los hechos.

Del nuevo peritaje que pretende encargar la PGR sobre el basurero, se dijo que ellos lo consideran innecesario.

Sobre la atención y relación con los familiares, el GIEI señaló la necesidad de que se agilicen los trámites para la prueba del ADN al cuerpo de Julio César Mondragón, por el retraso de trámites judiciales.

La viuda y hermanos de Julio César Mondragón exigieron la agilización de los trámites, pues de lo contrario el cuerpo podría permanecer en cámaras de refrigeración hasta enero próximo.
El priísta Omar Fayad minimiza el informe y pone en duda los conocimientos del GIEI
El presidente en el Senado de la Comisión de Seguridad Pública, el priísta Omar Fayad, restó importancia al nuevo informe que ayer presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que destacó que "no hubo incendio en el basurero de Cocula", lo que echa por tierra la "verdad histórica" del ex procurador Jesús Murillo Karam.

Fayad subrayó: "me preocupa y debiéramos tener cuidado que quienes vayan a revisar las pruebas de la investigación de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, sean verdaderos expertos y peritos, porque el primer informe que dieron a conocer incluyó la opinión de un perito en incendios, no era en calcinaciones".

El priísta insistió: "ya una vez nos metió en un gran brete que se hiciera público un informe, que no es un peritaje. Hasta que se tengan los resultados de un peritaje y que lo den a conocer peritos competentes, entonces podremos opinar. No podemos emitir comentario de un análisis o informe, porque ya un informe nos dejó mal sabor de boca".

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la perredista Angélica de la Peña, destacó: "hay que hacer caso a ese informe, porque lo dan a conocer expertos y además son independientes. Puede ser un asunto polémico y puede haber posiciones contrarias en función de diversos intereses".

De la Peña resaltó: "a partir de las investigaciones, de la verificación, de los peritajes que han mandado a realizar y con base en la pericia que tienen, es necesario atender lo que nos dicen".

Agregó que ahora la Procuraduría General de la República (PGR) debe rencauzar las líneas de investigación. "Volver a otros ámbitos de la investigación planteadas desde el principio, que por cierto ratifica las pesquisas, que los estudiantes nunca tuvieron la intención de ir a romper el mitin que realizaba la esposa del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca".

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Adriana Dávila resaltó que la investigación está viciada de origen. "Desde el principio hubo errores que empezaron con la procuraduría de justicia del estado, que luego la atrajo la PGR, y hubo quienes no quisieron asumir su responsabilidad, por ello la salida de Murillo Karam".

Ese tema de que no hubo incendio "ya venía en el primer informe, y ahora se refuerza; el reto es saber dónde están los estudiantes. Si no los mataron ahí, dónde, porque ellos están desaparecidos, aunque hay evidencias, en el informe que presentó el ex procurador Murillo Karam, de la pérdida de la vida. Hay vicios de origen y muy poca credibilidad al informe oficial, y los datos que van saliendo arrojan mayor incertidumbre".





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