La Precariedad

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La precariedad se globaliza y toma cuerpo legal en Euskal Herria

Los autores analizan el proceso de precarizacion y la perdida de derechos sociales y laborales que acarrea. Abogan por hacer frente a esa realidad y luchar en defensa de esos derechos en «el camino de la transformacion social».

A partir del derrumbe del llamado socialismo real de la Europa del Este se diseñó en el Tratado de Maastricht de 1992 una nueva fase económica de expansión del capital privado a costa de minimizar la protección social de los estados y precarizar las relaciones laborales. La precariedad laboral y el desempleo, sobre todo femenino y juvenil, han creado una clara dualidad social, con un aumento de la pobreza en el corazón de Europa. A esto se ha unido un acelerado recorte en derechos sociales, con lo que se puede afirmar que del Estado de Bienestar estamos pasando a una nueva forma estructural de organización social, donde, cada vez más, la precariedad en sus diferentes expresiones es la norma que rige la vida de las personas.

Esta nueva organización social tiende a ser global, ya que cada vez afecta a más espacios de la vida cotidiana de las personas y cada vez tiene incidencia en una parte mayor de la población. La precariedad se instaura en el mercado laboral, en la imposibilidad de acceder a unos ingresos dignos, bien vía renta de trabajo o prestación, en la dificultad de acceder al uso y disfrute de una vivienda, en la dificultad de acceder a la participación social activa.

Hoy en día, la característica principal de nuestras vidas es la falta de seguridad, tanto en el ámbito laboral, como en el social, en la familia (en una situación provisional no se puede desarrollar un proyecto de vida: tener hijas e hijos todo está en el aire). Esta tendencia a la globalización de la precariedad en diferentes ámbitos de la vida cotidiana afecta cada vez a un número mayor de personas. Y es que, aunque cada vez somos capaces de crear un volumen mayor de riqueza, cada vez se reparte peor, concentrándose en unas pocas manos y creando bolsas de precariedad cada vez mayores. Según datos de 2001 la renta media disponible en Euskal Herria era de 18.672 euros, y el umbral de la pobreza ­el 50% de la renta media disponible de un territorio según la OCDE­ de 778 euros. Para 2003 ­última fecha para la que disponemos de estos datos­ la renta media disponible era de 19.296 y el umbral de la pobreza de 804. La riqueza generada por lo tanto ha aumentado. Sin embargo, en 2001 se contabilizaban 500.000 personas con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, mientras que para 2003 esa cifra crece hasta 898.000. Ha aumentado de forma importante el número de personas que vive por debajo del umbral de la pobreza. Esto quiere decir que la riqueza se está repartiendo mal, que cada vez se está concentrando en menos manos y que cada vez hay un número mayor de personas en situación de precariedad.

Además de la globalización, el proceso de precarización al que estamos asistiendo tiene otra característica fundamental, que no es otra que la de dotar de un cuerpo legal a esa tendencia. Este proceso no es producto de los avatares del mercado capitalista que ha sufrido un desajuste coyuntural. Por el contrario, está adquiriendo su cuerpo legal, de manera que se está convirtiendo en una apuesta estructural del entramado neoliberal. Maastricht puso la primera piedra y a partir de ese momento las diferentes instituciones han legislado a favor del proceso de expansión del capital privado, que trae asociado este proceso de precarización.

Diferentes reformas laborales, pactos en torno a las pensiones, leyes del suelo, leyes de atención y cuidados, leyes de igualdad han estado y están ofreciendo este cuerpo legal. Junto a este recorte de derechos sociales se está produciendo un fuerte recorte del gasto so- cial, agudizándose las desigualdades. Los responsables de esta dinámica son todos los engranajes del capitalismo en su fase neoliberal: Los grandes capitalistas, los poseedores del capital financiero, las instituciones ­Estados y niveles institucionales inferiores­ que legislan a favor de esta tendencia, los ejércitos que velan por el buen funcionamiento del sistema.

Beneficios y pobreza

En Euskal Herria, estamos sometidos a las legislaciones de los estados español y francés, y de sus sucursales autonómicas en el caso de Hego Euskal Herria. En este sentido, tenemos en las instituciones fieles defensores de las políticas neoliberales: UPN, PNV, PS, UMP, que garantizan que la explotación sea el eje de todas las relaciones: las relaciones entre el capital y el trabajo, la relación del modo de vida desarrollista con la naturaleza, la relación entre los sexos, la relación con los inmigrantes, la relación entre los pueblos...

En esta dinámica de explotación, los grandes capitales financieros son los que se lucran. Mientras 898.000 personas no tienen asegurados unos ingresos mínimos dignos en Euskal Herria, el BBVA, la mayor empresa financiera del país, se jactaba a mediados de julio de tener en el primer semestre de 2006 unos beneficios superiores a los 3.336 millones de euros. Para acabar con la precariedad en Euskal Herria sólo hace falta que este banco pague el impuesto de sociedades real, el 32,5% de sus beneficios anuales, lo que superaría los 2.100 millones de euros en impuestos, mucho más de lo que se necesita para garantizar unos ingresos mínimos de 804 euros al mes a todas las personas de Euskal Herria. Pero recaudar esto es utopía, porque en 2005 todas las empresas vascas juntas (BBVA, Iberdrola, Gamesa, MCC, Mercedes, Michelin, ...) ingresaron menos de 1.200 millones de euros. Lo que nos gustaría leer en las noticias de economía son respuestas a preguntas como ¿cuánto ingresa en las arcas públicas el BBVA? y ¿en las arcas privadas de los que hacen posible esta situación?

En esta carrera por aumentar los beneficios no existe ningún escrúpulo a la hora de intensificar la explotación. Los referentes más claros son los de la explotación del trabajo, en el que se están precarizando las condiciones laborales a niveles infinitos, y el de la explotación de la naturaleza, a la que estamos continuamente masacrando. El ejemplo más palpable de la explotación del trabajo es el de las más de cien personas que año tras año mueren en Euskal Herria en sus puestos de trabajo fruto de la precarización de sus condiciones laborales. Hoy en día los accidentes laborales son un crimen del que la patronal sigue saliendo impune. Su codicia y sus cada vez mayores beneficios están manchados de sangre, pero desde las instituciones no se pone freno a esta lacra.

En cuanto a la naturaleza, observamos cómo estamos explotando la fuente, sin devolverle parte de lo extraído, hasta agotarla. Así, no existe reparo en llenar nuestro territorio de cemento ­construcción masiva de viviendas, TAV, pantanos, autopistas y autovías, no hay escrúpulos en crear centrales térmicas como la de Boroa aún a costa de la voluntad popular. La siguiente va a ser la de volver a resucitar la energía nuclear. Y todo en aras de un mal entendido desarrollo, sin tener en cuenta nuestro entorno. Ante esta situación se impone que en Euskal Herria abramos un debate sobre el nivel de consumo que deseamos tener, para acallar esas voces que nos presentan la energía nuclear como algo inevitable y deseable. Y es que con el nivel de consumo que tenemos estamos dejando una huella ecológica que condena al planeta a la destrucción. Además, para mantener esos niveles son inevitables la explotación de otros pueblos del mundo y la explotación del factor trabajo por parte del capital. Si queremos que nuestras relaciones con otros pueblos sean de solidaridad, si pretendemos construir una Euskal Herria sin personas explotadas y si no deseamos hipotecar el futuro de generaciones venideras a través del ataque a la naturaleza, se hace inevitable readecuar nuestros niveles de consumo a cotas racionales desde el punto de vista de supervivencia del planeta, de respeto a otros pueblos y de libertad de las personas que vivimos en Euskal Herria.

Ante esta nueva ofensiva del capital, es necesaria la organización y la lucha por los derechos sociales en el camino por la transformación social. Es necesario acabar con el sistema social que de manera progresiva vulnera y merma nuestros derechos y dar pasos hacia un nuevo sistema social y político que supere las relaciones de explotación en las que se basa el actual. Para ello, debemos denunciar el recorte de estos derechos sociales y empezar a trazar el camino que garantice el derecho a la participación social
activa.

Derechos sociales y laborales

La ofensiva del capital es brutal, pero no inevitable. En función de la correlación de fuerzas que seamos capaces de enfrentarle, los efectos serán mayores o menores, o incluso podrán llegar a ser derrotados. Para ello, se impone la organización de la clase trabajadora para luchar por los derechos sociales y laborales que nos han sido arrebatados. En este sentido, debemos exigir que todas las personas tienen derecho a aportar en las diferentes tareas de la sociedad. Para ello, en el ámbito público se debe ir reduciendo la jornada laboral, creando las condiciones para el reparto del trabajo en el ámbito privado. Para esto es imprescindible la existencia de servicios sociales y públicos de calidad, no sujetos a las rentas de cada cual o a los presupuestos. Se tiene que garantizar también el derecho a tener unos ingresos dignos. Todas las personas tienen derecho a recibir unos ingresos dignos, bien por vía de la renta de trabajo o por medio de prestaciones que le permitan llevar adelante una vida digna. Nadie debe vivir con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

El derecho a la vivienda también tiene que estar garantizado. A todas las personas se les debe el derecho al uso y disfrute de una vivienda. Este derecho tiene que ser satisfecho con los recursos existentes, dando salida a las viviendas vacías y parando la
construcción descontrolada, que supone un ataque directo al medio ambiente.

(*) Aitor Balda, Igor Uriarte y Nekane Jurado son integrantes de Elkartzen.

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