Egaña | Información Clasificada

Entendamos lo que es una omertá a nivel gubernamental por medio de este texto que Iñaki Egaña nos ha compartido en Facebook:

Información clasificada

Iñaki Egaña

El Gobierno central hispano acaba de presentar el “Anteproyecto de ley de información clasificada” que, de aprobarse, sustituiría a la de “Sobre secretos oficiales” aún vigente desde el 5 de abril de 1968, en plena dictadura. En realidad, el texto original de 1968 fue reformulado el 11 de octubre de 1978, ya firmando por el Borbón, modificando 10 de sus 14 artículos, para evitar referencias al orden constitucional franquista y hacer algunas matizaciones menores. Donde antes ponía “órganos” el nuevo texto lo reemplazó por “autoridades”. Y también una idea más restrictiva, porque con la de 1968 y ante la difusión de materias reservadas y clasificadas, los sancionados podían recurrir a la vía contencioso-administrativa. El texto fue suprimido en 1978, por lo que a la sanción no cabía recurso. Ese contenido de 1978 fue preconstitucional, editado unos meses antes de que fuera sancionada la Carta Magna española. Con estos apuntes, me atrevería a señalar que la de Secretos Oficiales vigente no es una ley, como habitualmente se asevera, franquista. Sino de la Transición, de aquellos que la avalaron y sostuvieron ideológicamente hasta hoy. Fue una ley para ocultar los atropellos del Estado profundo.

Si la ley de materia clasificada de 1968-78 tenía apenas 14 breves capítulos que señalaban únicamente dos apartados -los “secretos” y los “reservados-, el anteproyecto de 2025 contiene 47 capítulos, algunos de ellos con multitud de divisiones, que enlatan la información en “alto secreto”, “secreto”, “confidencial” y “restrictivo”. Una clasificación -apunta el proyecto- similar a la que utilizan la Unión Europea, Agencia Espacial Europea y OTAN. Al margen de esta clasificación quedarían fuera de la nueva ley la categorización en cualquiera de las cuatro anteriores de “las graves violaciones de derechos humanos”. En uno de los apartados se alude explícitamente a que “No podrá ser clasificada aquella información que previamente haya sido utilizada para perseguir violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad por alguna institución nacional o internacional”. El anteproyecto abre un par de títulos políticos. Autoridad Nacional, para la protección de la información clasificada y “unidades de clasificación”, ambas bajo la tutela del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Los designados estarán al amparo de los gobiernos respectivos y el factor subjetivo, como ha sido hasta ahora en la mayoría de archivos civiles y militares, tendrá gran relevancia.

Veremos el recorrido del anteproyecto en los debates de las Cortes españolas. Evidentemente, hay aspectos del contenido que no me agradan. Las alusiones a la Constitución, y a la OTAN son dos de ellas, pero la más notoria es la relativa a la “defensa nacional”, un concepto que España ha utilizado habitualmente en clave interior, ya que el texto constitucional revela que sus Fuerzas Armadas tienen como deber la unidad de la patria, la “integridad territorial”, tanto en clave interna como externa. Y en Euskal Herria y Catalunya esas referencias y actuaciones han sido bien visibles desde la Transición.

Un texto como el actual, dentro del marco hispano y como sucedió con las dos leyes de Memoria Democrática, tiene sus dos vertientes. La de mejorar lo anterior, más aún cuando llevaba tantos años vigente, pero también sus limitaciones. El papel lo aguanta casi todo, y por ello las interpretaciones del mismo pondrán en su sitio a la ley. Esta vez, sin embargo, hay otra cuestión relevante. ¿Qué profundidad alcanza el baúl de los secretos oficiales? ¿Realmente existe un sistema civil clasificado que algún día pueda salir a la luz, al menos en el tema de las violaciones de derechos humanos? ¿O, por el contrario, el estado profundo mantiene una estructura B, como sucede con las contabilidades, como el Deep Internet, al acceso únicamente de quienes manejan la líneas estratégicas hispanas?

En este último apartado, mi impresión es demasiado pesimista. Por experiencia. Hace 40 años que comencé a investigar temas relacionados con la guerra civil y el franquismo. Y después de esas cuatro décadas puedo asegurar, tras infinidad de horas en archivos militares y civiles, que una cantidad ingente e incalculable de documentación ha sido destruida. Desconozco si parte de ella fue copiada y sellada en algún sótano bunkerizado del CNI. En el Archivo Histórico de la Guerra Civil (hoy Centro Documental de la Memoria Histórica), en Salamanca, encontré los restos de una actividad infame. En tiempos de Martín Villa, una pléyade de funcionarios (Comisión de Transferencias de la Administración del Movimiento) había rastreado durante dos años documentación relacionada con la guerra civil y el franquismo. Abrían una ficha con cinco apartados: Titulo del legajo, Contenido, Trascendencia, Propuesta, Decisión. En cientos de miles de ocasiones la palabra clave fue “destruir”. En el Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares), archivos policiales, judiciales y penitenciarios han sido expurgados. Nombres que combatieron al franquismo, desde el lehendakari José Antonio Agirre al sindicalista Marcelino Camacho adolecen de fichas policiales. ¿Alguien se lo cree? En los archivos de las cárceles de Larrinaga y Ondarreta (trasladados más tarde a Basauri y Martutene), las fichas de los primeros ejecutados republicanos fueron quemadas, tal y como los documentos relativos a la persecución del maquis del Gobierno civil de Iruñea. De los archivos militares de Ávila y Segovia han desaparecido los expedientes relativos al bombardeo de Gernika. Podría poner decenas de ejemplos similares.

Esa es sin duda la cuestión relevante. La pregunta no es qué vamos a localizar cuando se desclasifique documentación -si el anteproyecto llega a buen puerto- sino qué es lo que NO vamos a encontrar. La respuesta servirá para evaluar hasta qué punto la democracia española del segundo cuarto del siglo XXI está condicionada por su naturaleza atávica.

 

 

 

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