Juez Inquisidor Félix Blázquez

Estamos hablando de la España del Siglo XXI.

La España de la joven democracia.

La España producto de la valentía del rey Juan Carlos y su negativa a perpetuar el franquismo.

En esa España un juez decide que los acusados de ser miembros de ETA no tienen ningún derecho por que ETA le niega todos los derechos a sus "víctimas".

No se sabe si esto hay que verlo como una claudicación de un sistema de justicia, que con estas palabras se ponen al nivel de un "grupo terrorista". O sí es la confirmación que España no es una democracia y que allí el franquismo sigue tan a sus anchas como cuando vivía el generalísimo.

Sea la opción que sea, se confirma que para España los vascos no tienen ningún derecho. Que paren el oido los españoles, puede ser que en un futuro no muy lejano, Madrid decida darles el mismo tratamiento, por no haber tenido el coraje de meter a estos señores a la cárcel por los muchos crímenes cometidos en contra de españoles, vascos, catalanes y gallegos.

Aquí la nota que apareción en Gara:

Un juez considera «chocante» que los detenidos reclamen tener derechos

«No deja de ser ‘curioso y chocante’» que unos detenidos apelen a los Derechos Humanos y denuncien torturas «cuando ellos mismos por su comportamiento han sido los primeros que han preterido tales derechos a los demás». Con este argumento, el juez Félix Blázquez decretó el pasado 17 de octubre el archivo de la denuncia por malos tratos presentada por Sara Majarenas, joven donostiarra arrestada en febrero junto a Mikel Orbegozo.

El magistrado Félix Blázquez Calzada, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, decretó el pasado 17 de octubre el archivo del recurso de reforma presentado por los representantes legales de Sara Majarenas, joven donostiarra que fue detenida en Valencia por la Policía española el 17 de febrero de este año y que denunció haber sido víctima de torturas.

En su auto, al que GARA ha tenido acceso, el juez Blázquez señala que «no deja de ser ‘curioso y chocante’ que todas las alegaciones del recurso se basen y se alegue la doctrina de los ‘Derechos Humanos’, ‘torturas’, etcétera, cuando ellos mismos por su comportamiento ­en referencia a la propia Majarenas y a Mikel Orbegozo, detenido en el mismo operativo­ han sido los primeros que han preterido tales derechos a los demás». En este caso, el juez utiliza el verbo «preterir» como sinónimo de «negar».

Con este párrafo, Blázquez va un paso más lejos que otros magistrados, ya que rechaza que las personas detenidas hablen de derechos y puedan denunciar torturas. Además, afirma por escrito que tanto «la denunciante» como Mikel Orbegozo son «miembros ‘liberados de ETA» que «fueron detenidos en Valencia cuando intentaban cometer un atentado», ya que «se les intervino armas, munición, explosivos, detonadores, etcétera».

En este momento, Majarenas y Orbegozo cumplen prisión preventiva, ya que no han sido juzgados y, por tanto, no existe sentencia contra ellos.

Primer archivo

Este auto es la respuesta a un recurso presentado después de que, el pasado 2 de setiembre, este mismo juez archivara por vez primera la denuncia de la joven donostiarra. Entonces, el juez Blázquez sí se refirió a Majarenas como «supuesta» integrante de ETA, y consideró que su relato «no está acorde con lo que realmente sucedió, sino más bien la debemos calificar como venganza a la actuación policial bajo el prisma de que no hay ‘nada que perder’».

En su opinión, la denuncia «está presidida con el único fin de minar la labor que día a día realizan los miembros y cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio legítimo y social de sus funciones».

Para Torturaren Aurkako Taldea (TAT), una vez más estos autos judiciales «ponen de relieve la existencia de una maquinaria perfecta para ocultar la tortura», ante lo cual esta organización reclama «el fin de la incomunicación».

En su querella, presentada en abril, Majarenas relató cómo nada más ser detenida comenzaron «los golpes en la cabeza y los tirones en el pelo». Unas prácticas que prosiguieron en las dependencias policiales de Valencia y a las que se sumaron «las patadas en las piernas». Trasladada a Madrid, «comenzaron a darme puñetazos en el estómago y golpes en la cabeza». Además, fue «obligada a mantenerse en «posturas forzadas» y sufrió «continuos insultos y amenazas», entre ellas «ser violada como Amaia Urizar, con una pistola».

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