Un juicio que no debiera empezar
La Audiencia Nacional española ha fijado el día 21 de noviembre para el inicio del juicio por el sumario conocido como el 18/98. Como colofón de las actuaciones iniciadas hace ocho años, 56 ciudadanos y ciudadanas vascas se enfrentan a la amenaza de 991 años de prisión. Miles de folios, decenas de testigos, miles de euros pagados en fianzas... Una auténtica locura de cifras que constituye prácticamente el único haber que los magistrados tendrán en su búsqueda de una sentencia. Porque ni los argumentos utilizados por el juez Baltasar Garzón ni tampoco las presuntas pruebas presentadas por cuerpos policiales pueden considerarse alforjas adecuadas para un proceso judicial.
Este juicio no trata de delitos, trata de derechos ciudadanos. Trata de la capacidad del Estado español para abordar la resolución democrática de los conflictos políticos. Una capacidad que se ha puesto en cuestión con todas y cada una de las operaciones policiales incluidas en este sumario y en los que le siguieron, provocando la suspensión práctica de derechos y libertades de una buena parte de la ciudadanía vasca, al situar en la picota judicial toda lucha ideológicamente coincidente con las reivindicaciones independentistas. De ahí que los pronunciamientos rechazando este proceso y en solidaridad con las personas encausadas hayan alcanzado una pluralidad y unanimidad impensable en otros casos.
El momento en el que pretende iniciarse el juicio plantea, además, no pocas preocupaciones añadidas. La línea de macrosumarios contra organizaciones vascas está unida a la estrategia imperante en el periodo del PP gobernante en el Estado español y a su «lógica» de aniquilación de toda expresión de la existencia de un pueblo, como forma de acallar (que no resolver) el problema político que el Estado tiene pendiente en Euskal Herria. Cuando empieza a vislumbrarse el trabajo y la suma de voluntades de cara al objetivo de superar por vías políticas y democráticas la actual situación de conflicto, que los poderes del Estado se empeñen en continuar el camino iniciado en la «era Aznar» no tiene ninguna explicación lógica. A no ser que se quieran utilizar los derechos que el 18/98 pone en cuarentena como elemento de presión y chantaje.
El juicio por el sumario 18/98 no debiera empezar. Y no cabe el argumento del «supuesto» respeto a las acciones de la Justicia. Un impulso político puso en marcha la maquinaria de la justicia, y en ese ámbito debe asumirse la responsabilidad de parar. -
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