viernes, 10 de junio de 2016

Egaña | El Proyecto Autonómico de Víctimas del Estado

Así que el PSOE, partido político afín a la corona española conocido internacionalmente por haber creado a los GAL por conducto de Felipe González, se ha metido de redentor de las víctimas del terrorismo de estado del régimen español, contando claro con la ayuda colaboracionista de los jeltzales. Se necesita cara.

Les recomendamos leer este texto publicado por Iñaki Egaña en su página de Facebook:

PNV y PSOE van a una velocidad de vértigo para intentar aprobar en esta legislatura que languidece la “Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de Represión Ilícita entre 1978 y 1999”. Una Ley que vendría a complementar la sancionada por decreto de 2012 y que afectaba al período entre 1960 y 1978.

Antes que nada avanzar, como ya lo hice en su tiempo con el proyecto anterior, que me colma de escepticismo. Qué le voy a hacer.

Sé que habrá víctimas que se vean reconocidas institucionalmente por vez primera. Que no es poco. Pero, por otro lado, habrá otras muchas que verán frustradas sus expectativas. La paradoja. Habrá que ver su recorrido, si suma o si resta.

Esta ley, dice en proyecto, “significa reconocer que se han producido abusos, excesos y acciones de represión ilícita, tanto en el contexto de la lucha contra el terrorismo, como en su pretexto”. Añade, con una tonalidad de temor hacia los poderes españoles y de manera gratuita, que “este reconocimiento no supone menoscabo para el estado de derecho y sus instituciones”.

El proyecto contiene, de partida, dos apartados en los que la adhesión al mismo ya viene matizada para marcar el terreno. Uno explicito y otro invisible. El primero, el concepto “ilícito” (combinado con el de “abuso”), degradado ya por una comprensión que se añade al texto, la de la “lucha contra el terrorismo”. El invisible es el del “terrorismo de Estado”, que no aparece en el texto del proyecto, es decir la ejecución de una política planificada de eliminación de la disidencia, su entorno y la sociedad civil.

¿Lícito o ilícito? ¿Legítimo o ilegítimo? ¿Dónde están las fronteras?

Si nos atenemos a la legislación excepcional vigente, al papel que ha jugado la Audiencia Nacional, al código penal (incluso el “del enemigo” utilizado en las últimas décadas por España), a la sistemática denegación de información veraz sobre miles de casos de violaciones de derechos humanos, a la mentira recurrente de los distintos gobiernos españoles acusados por instancias internaciones de esas vulneraciones, a los indultos también sistemáticos (lícitos según la legislación hispana), la justicia española avalaría todo tipo de tropelías. Desde una posición “lícita”. El estado de derecho que no pretende menoscabar el proyecto.

Este apartado es la fuente que engorda la invisible, el del terrorismo de Estado. No hay dos puertas, “lícita” o “ilícita”, sino una única. Ambas se complementan. Cuando una muestra debilidades la otra se refuerza. Las incorporaciones a la Ley Antiterrorista, las modificaciones del código penal, las ilegalizaciones, desinflaron los pasajes más salvajes de la llamada “guerra sucia”. No tanto con la tortura, esencia de la naturaleza del Estado español.

De esa manera, el terrorismo de Estado, se ha convertido en un concepto ajeno, cuando es el central. Si recordamos, ni BVE, ni GAL ni esas siglas que cometieron unos 2.400 atentados y ataques, tanto con objetivos discriminados como indiscriminados, jamás fueron consideradas organizaciones armadas o terroristas. De forma legal (según un tribunal excepcional como es la Audiencia Nacional). Por ello, los centenares de funcionarios del Estado implicados, incluso ministros, fueron estimados agentes desvinculados de cualquier estructura estatal. Actuaron por iniciativa propia. Fueron “excepciones” que cometieron, según el proyecto de ley, “abusos”.
El proyecto de ley consensuado entre PNV y PSOE, y matizado por el TSJPV, se aleja sobremanera de los cánones internacionales.

Normas que, en el tema de vulneraciones de derechos humanos por parte de los estados, Naciones Unidas los refleja en cinco grandes capítulos: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, tortura, detenciones arbitrarias y discriminaciones de diverso signo. Incluso en caso de guerra y de lucha contra el terrorismo, las consideraciones son similares, independientemente de que las víctimas sean consideradas combatientes, terroristas o población civil.

Sin embargo, el Proyecto de Ley vascongado se pasa por el arco del triunfo estas recomendaciones. Su artículo 2.6, aunque dado a interpretación, parece tajante: “En ningún caso se admitirán supuestos en los que la persona afectada se encontrara desarrollando alguna actividad violenta. Incluso en los casos en el que el fallecimiento o las lesiones se produjeran por actos dirigidos a evitar o repeler directamente dicha acción violenta”. Lo que lleva a una primera e inquietante valoración: los derechos humanos son restrictivos. Depende de a quién se apliquen. Como aquel ya recurrente editorial de Diario 16: “No hay derechos humanos en juego a la hora de cazar al tigre. Al tigre se le busca, se le acecha, se le acosa, se le coge y, si hace falta, se le mata”, en referencia a los militantes de ETA.

Es en este recurso donde lo “lícito” vuelve a entrar en escena. Para el Tribunal Supremo español, la lista de organizaciones violentas vascas supera la docena. Desde organizaciones juveniles como Jarrai y Segi, políticas como Herri Batasuna o ANV, asistenciales como Gestoras pro Amnistía o Herrira. Todas ellos, hayan sufrido atentados parapoliciales con resultado de fallecimiento o no, detención ilegal o forzosa, tortura… ¿tendrán la consideración de víctima?

Esta impresión contrasta con otras partes del proyecto que serán papel mojado de existir semejante discriminación. Las que hacen referencia al derecho a la reparación, a la verdad. Y, según el papel, que dicen que lo aguanta todo, a la justicia: “Los poderes públicos vascos colaborarán, en la medida de sus posibilidades y competencias, para garantizar el acceso de todas las víctimas a la justicia…”. ¿Cuáles son las posibilidades y las competencias?”. Nuevamente plegamiento a los poderes españoles, implicados como saben ellos y nosotros, en ese terrorismo de Estado sin reconocimiento político.

Una Comisión de Valoración, compuesta según creo por 10 personas, de las que 7 serían designadas directamente por su adscripción política, tendría en su mano la varita mágica, la declaración de víctima o su denegación. ¿Quién aporta la documentación necesaria? ¿Qué garantías de acceder a la verdad? La ley anterior de 2012, para la época de 1960 a 1978, los Retratos de la Memoria y otros informes similares nos han dejado un poso brutal: las versiones oficiales siguen teniendo un peso definitivo en la mayoría de los casos, lo que unido a la negativa sistemática de acceso a los archivos de policía, guardia civil, servicios secretos varios, juzgados, etc., deja en el desamparo más absoluto a una buena parte de los hipotéticos solicitantes.

Echo en falta un proyecto más definido y que concluya de una vez por todas con la clasificación de las víctimas según su ideología. Que se apegue definitivamente a las recomendaciones internacionales y no a los resquicios nimios que deja la excepcionalidad española. Si la Ley de la Memoria Histórica española de 2007 que debería recoger a las víctimas de la dictadura franquista fue un apaño para no molestar al poderoso aparato estatal, a la derecha ultramontana, la vasca que se anuncia no debería caer en el mismo agujero. Al parecer, tiene intención en repetir errores.

Porque, buscando ese consenso político, se ha escorado tanto hacia las posturas implicadas en la represión, la tortura, la discriminación y la guerra sucia, que al final el proyecto se puede hacer irreconocible. Irreconocible desde la equidad que debería proporcionar un escenario de reconocimiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos de “contraterrorismos ilícitos”, de terrorismo de Estado. Menos ambigüedades y más voluntad política. Menos eufemismos y más franqueza. Una Comisión de la Verdad. Y la necesidad de crear un marco adecuado para la verdadera normalización y reconciliación.





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