Ahora resulta que el acceso a un servicio público de salud depende del grado de fundamentalismo religioso del funcionario público (en este caso un doctor o doctora) al que uno sea asignado.
Esta mezquina actitud nace de una torcida moral y nada más. Curiosa e hipócritamente desde las instituciones públicas involucradas hablan de "ética". O sea, cuando les conviene le restallan a uno en la cara sus "principios religiosos" y cuando también así les conviene los ocultan tras el velo de la ética profesional.
Un hecho es innegable, en Euskal Herria, más específicamente en la CAV, no se respetan los derechos reproductivos de las mujeres.
Lean esta nota publicada en El Correo Vasco:
En 2014 se realizaron más de 3.000 interrupciones voluntarias del embarazo en Euskadi, de las que solo 551 se desarrollaron en hospitales del Servicio Vasco de Salud
El consejero de Salud, Jon Darpón, ha reconocido este miércoles la «dificultad» de llevar a cabo abortos en Osakidetza porque «no hay profesionales que quieran dedicarse en exclusiva» a hacer este tipo de intervenciones. «Cuando se distribuyen horizontalmente las interrupciones voluntarias del embarazo entre todos los miembros de los servicios de ginecología hay un volumen muy importante de gente que alega motivos éticos para no hacerlo», ha explicado.
Darpón ha realizado estas declaraciones ante la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento vasco, en respuesta a una pregunta formulada por la parlamentaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, sobre las razones por las que se practican más abortos en clínicas privadas que en los hospitales de Osakidetza. La representante de la coalición independentista ha mostrado su «perplejidad» ante los datos registrados en 2014 cuando se practicaron en Euskadi más de 3.000 interrupciones voluntarias de embarazo, de las que solo 551 se realizaron dentro del sistema público.
En este sentido, ha explicado que el departamento de Salud del Gobierno vasco destinó el año pasado más de 600.000 euros a este fin, por lo que considera «incomprensibles» estas derivaciones a los servicios privados «si se tienen en cuenta criterios de economía y de calidad». Darpón ha recordado que la interrupción voluntaria del embarazo está regulada por una ley que considera legal su práctica si se realiza en las 14 primeras semanas de gestación o durante todo el periodo si se practica por causas médicas.
«Las de mayor complejidad en Osakidetza»
Tras reconocer que en los centros privados se practican más intervenciones que en los hospitales de Osakidetza, ha destacado que en estos últimos se deben llevar a cabo las interrupciones que «requieren de una hospitalización y tienen mayor complejidad». No obstante, Darpón ha destacado que las intervenciones que se hacen en las clínicas privadas son de «bajo riesgo», ya que se practican con técnicas «sencillas» sin necesidad de contar con «instalaciones complejas».
El consejero ha reconocido que es «difícil» llevar a cabo este tipo de operaciones en Osakidetza «fundamentalmente porque no hay profesionales que quieran dedicarse en exclusiva a hacer un equipo de interrupción voluntaria del embarazo». «Cuando se distribuyen horizontalmente las interrupciones voluntarias del embarazo entre todos los miembros de los servicios de ginecología, hay un volumen muy importante de gente que alega motivos éticos para no hacerlo», ha detallado.
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