lunes, 16 de junio de 2014

Impulso Social

Les compartimos este análisis de los más recientes sucesos en Euskal Herria, mismo que ha sido publicado en DesInformémonos:


La iniciativa Gure esku dago, por el derecho a decidir del pueblo vasco, supuso todo un éxito. Participaron cerca de 150 mil personas de entre una población que -como la de Euskal Herria- supera tímidamente los 3 millones de habitantes, contando a los que viven al norte y al sur de los montes Pirineos, bajo el centralismo de los regímenes coloniales de la república francesa y la monarquía española.Se trató de una movilización social que dejaba la iniciativa al pueblo al no estar dirigida por ninguna formación política; una convocatoria apoyada de manera decidida por las formaciones soberanistas que conforman EH Bildu, por partidos emergentes como Podemos y un sinfín de colectivos políticos, sociales y culturales, y a la que se sumaron amplios sectores del nacionalismo conservador; ya que sin convocar expresamente a la misma, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) dio libertad para acudir a sus militantes y simpatizantes. Fue todo un acontecimiento del que quedaron excluidas las fuerzas estatalistas Partido Popular (PP) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), refractarias al derecho a decidir, incluida una Izquierda Unida que no termina de confrontar sus propios demonios centralistas.

El contexto en el que se produjo esta cadena humana comenzó a perfilarse hace poco más de cuatro años. Estos son los hechos más destacables: El 29 de marzo de 2010, diversas personalidades del ámbito internacional, entre las que se encuentran varios premios Nobel, suscribieron la Declaración de Bruselas, mediante la cual se saluda la iniciativa emprendida por la Izquierda Abertzale de proseguir la lucha exclusivamente por medios pacíficos y se anima a ETA y al Gobierno español a que den los pasos necesarios para favorecer la resolución del conflicto. Y el 25 de septiembre, 28 organizaciones políticas, sociales y sindicales vascas rubricaron el Acuerdo de Gernika, por el que se pide a ETA que declare un alto el fuego permanente.

Los acontecimientos se precipitaron. Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba y la Izquierda Abertzale suscribieron un documento soberanista con base de izquierdas, Euskal Herria Ezkerretik, el 16 de enero del año siguiente. Y el 20 de octubre de 2011, ETA declaró el cese definitivo de la lucha armada, tras comunicar -el 5 de septiembre de 2010- el cese de las acciones armadas ofensivas y declarar -el 10 de enero de 2011- un alto el fuego permanente, general y verificable.

Entre medio se produjeron una serie de hechos que son de suma importancia: el 5 de mayo de 2011, el Tribunal Constitucional revocó la decisión del Supremo y legalizó a la coalición soberanista Bildu, hecho que rompe con una década de ilegalizaciones de candidaturas y partidos independentistas; y, además, en el Estado español estalló la bomba social del 15-M.

Las elecciones forales y municipales llevaron a Bildu a obtener una nutrida representación en los ayuntamientos del sur de Euskal Herria, e incluso al gobierno en territorios forales como Gipuzkoa, consolidando su fuerza electoral en los comicios al Congreso de los Diputados de España, además de sumar al proyecto al partido Aralar (antigua escisión socialdemócrata de la Izquierda Abertzale). Son unas buenas expectativas que hicieron que el aparato político soberanista se centrase en cubrir el amplio espacio institucional al que ha tenido acceso, y en la reconstrucción orgánica de sus partidos, que culminó con la legalización de Sortu el 20 de junio de 2012 (cuya inscripción fue denegada previamente el 23 de marzo de 2011).

Primer problema: la paralización del movimiento popular. Antes incluso que la legalización de Bildu, se puso en marcha Independentistak, una iniciativa popular diseñada para impulsar el movimiento soberanista, que quedó sin recorrido al frenarse las propuestas que surgieron desde la base y al circunscribir su actividad a la convocatoria rutinaria de actos patrióticos de masa como los efectuadas en torno al Aberri Eguna (día de la patria vasca). Mientras que, en paralelo, el movimiento antirrepresivo y de defensa de los derechos de los presos vascos observó cómo no se produjo ningún avance en las políticas penitenciarias de los Estados español y francés, y centró su actividad reivindicativa en la convocatoria de marchas anuales multitudinarias y en las peticiones de excarcelación de presos con enfermedades terminales e incurables. Es una dinámica que sólo fue avanzada por las acciones desobedientes que -como en Donostia, Ondarroa, Gasteiz o Iruñea- se opusieron activamente al encarcelamiento de numerosos jóvenes independentistas.

A la par, se contempló a Catalunya como si se tratara de un espejo, admirando el potente procedimiento independentista que de forma popular -y sólo en segundo término partidista- se abrió en dicho país, al contrario de lo que EH Bildu pretendía.

Segundo problema: el fracaso de la apuesta de la dirección de EH Bildu por crear una unidad nacionalista con el PNV de cara a abrir un proceso soberanista, dado que la postura de este último partido (conservador y neoliberal) se empecinó en no superar el mantenimiento de un régimen autonómico vascongado mejorado, en el cual ellos como partido detenten las prerrogativas del mando.

Y tercer problema: la incomprensión inicial por parte de la Izquierda Abertzale de lo que significó la emergencia de nuevas fuerzas progresistas alrededor del 15M, en un Estado español sumido en una profunda crisis, con reformas laborales draconianas y recortes sociales infames en sanidad, educación y política asistencial en detrimento de las clases populares. Un factor crisis que -junto con la desaparición de la lucha armada de ETA (que por saturación informativa ejercía de ocultación de los problemas ciudadanos) y la difusión de las informaciones a través de las redes sociales (no mediadas por los grandes lobbies de la comunicación)- hace que emerja la vasta realidad de la corrupción política generalizada existente en el Estado español.

Las recientes elecciones europeas, del 25 de mayo de este año 2014, volvieron a conmocionar el panorama político. EH Bildu se consolidó como primera fuerza en Euskal Herria Sur, poniéndose a la cabeza en su bastión de Gipuzkoa y sorpresivamente en el territorio de Araba, dando así un vuelco sociológico de primera magnitud en lo que hasta hace poco fue un feudo de los conservadores españoles, a la vez que accedió a segunda fuerza en el herrialde de Nafarroa y se mantiene en dicha posición en Bizkaia. Es cierto que la quiebra del bipartidismo PP/PSOE en el Estado y el frenazo del PNV en Vascongadas, así como la enorme abstención, favorecieron que esto se haya producido. Un análisis al cual se debe unir la impresionante emergencia de Podemos y el avance significativo de Izquierda Unida, formaciones que también ha tenido su correspondencia en Euskal Herria Sur.

Este hecho insólito está obligando -tanto en el Estado como en el resto de naciones que lo componen, y en especial Catalunya y el País Vasco- a redefinir los movimientos hacia la izquierda, a la espera de que se clarifiquen las posiciones en torno al derecho a decidir de los pueblos, la democratización de la sociedad y de las estructuras institucionales, con la implantación de fuerzas políticas que tenga lugar tras las elecciones municipales y generales de 2015.

La Izquierda Abertzale y soberanista se encuentra en la tesitura de contar con aliados en los sectores alternativos vascos, así como en las fuerzas progresistas y de izquierdas emergentes en el resto del Estado y que, en principio, parecen empeñadas en promover una segunda transición en España, con el objeto de provocar la ruptura definitiva con la herencia monárquica continuadora del régimen franquista (recientemente apuntalada con la abdicación del monarca y el golpe de Estado parlamentario perpetrado por PP y PSOE; cuyo objeto es el de usurpar a la voluntad popular la designación o no de un heredero al trono, así como la decisión sobre el tipo de régimen político bajo el cual se desea convivir).

Hay que tener en cuenta que el 75 por ciento de la población actual del Estado español no pudo votar la vigente Constitución de 1978 y que, en la coyuntura política e institucional actual, no cuenta con capacidad decisoria para elegir entre las opciones republicana o monarquía.

Y es en este contexto, en el que se produce la demostración de la cadena humana por el derecho a decidir del pueblo vasco, Gure esku dago, que supone la apertura de un procedimiento popular que -si se quiere que llegue a alguna parte- tendrá que comprometerse con la puesta en marcha de un proceso constituyente, en el que la presión del pueblo vasco –una vez asumido este derecho humano fundamental de autodeterminación- deberá trasladarse a todos los foros sociales e institucionales existentes en Euskal Herria, poniendo en marcha las iniciativas pertinentes para que estos lo suscriban y lo declaren a todos los efectos; y no sólo formalmente, como recientemente lo hizo el Parlamento Vascongado con una proposición no de ley aprobada el 29 de mayo pasado, a instancias de EH Bildu y a la que se han sumado los electos del PNV.

El autor es sociólogo y politólogo, autor de Anarkherria




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