sábado, 7 de junio de 2014

Judicatura Borbónico Franquista

Resulta chocante que periodistas mexicanos "de izquierda" califiquen al estado español como una democracia. Declaraciones como esta ayudan a correr un velo impunidad sobre las acciones represivas llevadas a cabo por diferentes instituciones españolas. Tal es el caso que vamos a compartirles en esta entrada, donde un juez, un vasquito, se erige a sí mismo como representante máximo de la fría y metódica barbarie con la que Madrid acostumbra comportarse en Hegoalde. A falta de un Baltasar Garzón, Fermín Otamendi muestra sus "capacidades" a La Zarzuela.

Les invitamos a leer esta nota publicada en Gara:

Un juez culpa a los sindicatos de que un joven quede tuerto de un pelotazo

Un auto del juez Fermín Otamendi archiva la denuncia de un joven de Atarrabia que perdió la visión de un ojo en la huelga del 26 de septiembre de 2012 en Iruñea por una pelota de goma sosteniendo que la carga policial era «necesaria». Además, el instructor elimina toda la responsabilidad del Estado y, además, invita al denunciante a que se querelle contra los sindicatos convocantes si quiere recibir cualquier tipo de indemnización.

Aritz Intxusta

El juez Fermín Otamendi notificó ayer el archivo de la denuncia interpuesta por Aingeru Zudaire después de haber perdido la vista de un ojo a causa del impacto de una pelota de goma. Zudaire sufre secuelas de por vida a causa de un disparo de un policía sin identificar durante la huelga de 26 de septiembre de 2012 en Iruñea. En su auto, el juez sostiene que la carga de la Policía española fue «necesaria» y que, en todo caso, el herido tendría que exigir responsabilidades a los convocantes que, en esta ocasión, fue la mayoría sindical vasca.

El manifestante recibió el pelotazo después de la carga en el Paseo Sarasate durante el mitin final de la manifestación de la mañana. Algunas de las miles de personas allí presentes decidieron sentarse en respuesta a las cargas que inició la Policía Foral y fueron continuadas por los policías españoles. A Zudaire, la bala de goma le golpeó cuando se levantaba tras estar sentado en los alrededores del Monumento a los Fueros.

En el testimonio que dio al juez, Zudaire relató que el policía le disparó a unos de siete metros. Es decir, probablemente el disparo se efectuó a una distancia menor incluso que en el caso de Íñigo Cabacas. El empleo de pelotas de goma a esas distancias está terminantemente prohibido, porque son letales. En los documentos que se aportaron a lo largo de la instrucción, se indica claramente que la distancia mínima son 30 metros y que, además, el disparo debe hacerse en diferido (es decir, apuntando al suelo para que la pelota impacte en su objetivo tras un rebote).

Pero estas mínimas medidas de seguridad no se cumplieron en el caso del joven de Atarrabia. A preguntas de GARA, Zudaire manifestó ayer una enorme indignación. «Estoy vivo de globo, de globo. La pelota pudo haberme matado, pero tuve la suerte de que no me impactó de lleno. Solo la desvié». El afectado también aseguró tener la sensación de que «se están riendo de mí y de todos, porque lo único que les importa es seguir usando armas de fuego contra manifestantes».

La «eximente completa»

Las consecuencias jurídicas del archivo de la causa podrían cerrar la puerta a que Zudaire reciba una indemnización. La estrategia habitual que utilizan las defensas de los policías suele ser negar que la herida se produjera por un pelotazo. En este caso, el juez no niega que una bala de goma le impactara en el ojo, lo que considera es que a pesar de todo, el disparo y la carga policial no fue «intencionada o imprudente». Por tanto, el Estado no tendría ninguna responsabilidad en las lesiones causadas. De ahí que el juez emplace a Zudaire a emprender acciones legales contra los convocantes de la huelga. «Estas circunstancias hacen que no quepa hablar de ningún tipo de responsabilidad penal por el uso de material antidisturbios. Antes al contrario, quizá el denunciante debería considerar la posibilidad de dirigir su reclamación frente a los organizadores de la reunión», sostiene.

De hecho, el juez va un paso más allá y asegura que el disparo estuvo justificado, independientemente de que el joven de Atarrabia tomara parte o no en los incidentes que se produjeron tras la carga de la Policía Foral. «El hecho de que el denunciante participara o no en las agresiones a las fuerzas de seguridad es intrascendente a los efectos de determinar si existe o no responsabilidad penal por parte del policía», subraya el auto de Otamendi.

La indemnización y una victoria moral contra quienes cargaron era lo único que el denunciante podría conseguir. Al no haber podido identificar al agente, hacía prácticamente imposible que quien lanzara la pelota recibiera castigo, porque como suele ser habitual, la Policía española no ha querido dar su nombre.

Fuentes cercanas a la defensa consideran estas argumentaciones como una auténtica aberración jurídica. Según este razonamiento, cualquier consecuencia de la carga realizada estaría justificada. Es más, incluso si una persona persona ajena a los incidentes hubiera fallecido, el razonamiento del juez lo hubiera convertido en algo «necesario». Asimismo, al estimar el juez que resulta «intrascendente» el participar o no en los incidentes, ni siquiera se molesta en determinar a qué distancia estaba Zudaire de personas que lanzaban objetos. A sus ojos, el hecho de que el joven estuviera sentado, no tiene relevancia.

De otra parte, Otamendi desoye el testimonio del denunciante, dado que en su relato afirma que el disparo se produjo saltándose todo lo protocolo de seguridad. El juez argumenta que en las imágenes que obran en el sumario «no ha podido acreditarse ninguna actividad imprudente por parte de los agentes», pero reconoce que todas esas imágenes han sido «aportadas por la Policía Nacional». Pese a todo, el hecho de que el joven de Atarrabia haya perdido la visión de un ojo constituye, en sí mismo, un indicio de que la actuación policial fue cuestionable. Además, ese mismo día fue recogida de las calles de Alde Zaharra una pelota que tenía inscrita la leyenda «Recuerdo de España».

En términos jurídicos, lo que el instructor emplea es una «eximente completa» para exonerar a todos los policías que intervinieron ese día, que resultó particularmente conflictivo. Cabe recordar que la actuación policial y los incidentes fueron tan graves que imágenes de Iruñea acabaron en las portadas de varios medios internacionales.

No obstante, esta teoría de la «eximente completa» ha sido prácticamente desmantelada ya por la Audiencia Provincial. Aunque el caso de Zudaire sea el más llamativo -prácticamente ha perdido la visión de un ojo- hay más personas que denunciaron agresiones cometidas por la Policía ese día. Todas han sido tramitadas por Otamendi (titular del Juzgado Número 2 de lo Penal), que es el que estaba de guardia. A todas estas denuncias el juez ha intentado dar carpetazo apelando a la idea de que la carga estuvo justificada usandola de eximente completa. Y, como es lógico, todas han sido recurridas. La Audiencia Provincial está analizando los recursos y reabriendo los carpetazos de Otamendi. En teoría, el juez es conocedor de ello, pero no cambia su criterio. Es previsible que los abogados de Zudaire también apelen.

Una semana mirando al suelo

«Le he dado muchas vueltas y me siento afortunado de estar vivo. Pero que no se me entienda mal, porque ha sido horrible. Permanecer una semana entera, las 24 horas, mirando al suelo es duro. Muy duro. Porque no duermes y pasas miedo. Y ahora se mofan, mientras a mí me quedan las secuelas de por vida», insiste Zudaire, que ayer estaba afectado tras haberle sido notificado el contenido del auto.

«Las escopetas de balas de goma son peligrosas, porque la tentación de usarlas a bocajarro es fuerte en un momento de tensión. Ha habido nueve muertos por este tipo de armamento. Pienso que parte de la sociedad tolera que se disparara ese día contra las personas porque estábamos en una protesta de los que llaman proetarras y que contra nosotros todo vale. Pero hay que concienciar a todo el mundo de que utilizar pelotas es una salvajada», continúa el denunciante. «Hay que acabar con el uso indiscriminado y con absoluta impunidad de este tipo de materiales», afirma.

Las declaraciones de Zudaire se contraponen con la interpretación que hace el juez que, en un acto de solo cuatro páginas, incluye varias loas a la actuación policial. En un momento determinado, llega a decir que «de los documentos videográficos aportados se desprende que los funcionarios policiales aguantaron todos esos acometimientos, insultos y lanzamientos con notable paciencia».


Las 22 pruebas de ADN del magistrado más polémico

El juez Otamendi ha estado detrás de las instrucciones más polémicas de los últimos meses. En sus manos cayó la investigación de la ikurriña que se colgó de lado a lado de la Plaza del Ayuntamiento los pasados sanfermines. Existen serias dudas de que colgar una bandera entorpeciendo el tiro de cámara de TVE antes de San Fermín constituyera delito, pese a ello Otamendi emprendió una investigación costosísima, que incluyó 22 pruebas de ADN de prácticamente todos los elementos que se hallaron en los tejados donde se escondieron los «arrantzales barbudos» para poder llevar a cabo la acción. Por orden suya se encargaron a un laboratorio de Barcelona pruebas genéticas de: una barba, dos gorros de paja, una peluca, tres latas de cerveza, dos polos, una sudadera, tres pajitas, varias colillas y hasta una botella de agua con un líquido amarillento. Y además, quiso que varias personas que se cruzaron llamadas sospechosas en esos momentos facilitaran sus muestras genéticas para poder contrastar los resultados de los análisis.

Además de estas pruebas, cuyo coste podría ascender a miles de euros, el juez también ordenó que se realizaran seguimientos de los presuntos autores, con el único objetivo de obtener una prueba indiciaria de que se manejaban con destreza por las alturas. Así, entre las diligencias aparecen seguimientos policiales de días enteros a los que luego fueron imputados y donde se indica hasta el bar donde almuerza uno de ellos (el Juanito, en Burlata).

Otra de sus instrucciones, menos mediáticas, también está generando polémica. El juez inició de oficio diligencias de cara a imputar por delito de desordenes públicos a las personas que acudieron al chupinazo de 2013 e introdujeron una ikurriña gigante a pie de plaza, extendiéndola sobre las cabezas de la multitud. Esta acción, sea con ikurriñas o banderas solidarias, se repite todos los años y Otamendi es el primero que la persigue penalmente. Ha habido otras denuncias relacionadas con estas banderas, pero debido a incidentes que, desde que se prohibió entrar con botellas, no han vuelto a producirse.



En el mismo diario Gara han publicado esta editorial al respecto.




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