Esta editorial de Naiz le pone el punto sobre las íes a quienes por acción o por omisión permiten que se permite la impunidad con la que el régimen español ha premiado a sus represores y de paso, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una estrategia de resolución que incluya la puesta en práctica de la justicia transicional.
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El debate es la impunidad, no las condenas cumplidasAyer era el Día Internacional del Derecho a la Verdad y, sin embargo, algunas fuerzas vascas quisieron seguir con la tradicional hipocresía. En Madrid, el PNV demandó en el Pleno del Congreso que esta institución exija al Gobierno la desclasificación de documentos oficiales que podrían contribuir al esclarecimiento de la muerte de Mikel Zabalza. El PSOE, su socio en todas las instituciones vascas, respondió con una «enmienda Pilatos», en palabras de Aitor Esteban, en la que se limitó a desear un esclarecimiento y sostuvo que el Estado de derecho funcionó. Pura palabrería que no asume responsabilidades y garantiza la impunidad: que no se sepa la verdad sobre la tortura a detenidos vascos, que no se haga justicia y que no exista reparación. La tortura es la gran violación de derechos humanos pendiente de juicio en Euskal Herria.
Sin embargo, el PNV reutilizó el agua de la «enmienda Pilatos» y quienes protegen a los torturadores seguirán igual. Sin complejos, en el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Ellos, que no pueden con la tortura ni con la mentira. El nivel de exigencia que no tienen con el PSOE, lo reservan para los presos políticos vascos. Presos que cumplen íntegras condenas excepcionales y en condiciones inhumanas, que son recibidos por sus allegados como lo que son: entre otras cosas, supervivientes de una política penitenciaria criminal impulsada por PNV y PSOE. Presentar mociones en pueblos para criminalizar esos recibimientos, que no homenajes, y seguir, así, mirando al pasado y embarrando el futuro, es miserable. Asumen los mandatos de unas víctimas a la vez que ningunean a otras.
La solución real vendría de una justicia transicional que obligue a compromisos cruzados vinculantes, que priorice la verdad, la reparación de todas las víctimas y las garantías de no repetición, que mire adelante y piense en las siguientes generaciones. Esa sería si no fueran hipócritas y les importaran en serio la verdad y los derechos humanos.
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