Deportados y Obviados

Naiz toca un tema de suma importancia pero que ha medida es obviado por los relatos, tanto el propio pero en especial por el estructurado por el régimen que precisamente es responsable por el hecho de que hoy en día existan tantas víctimas sin ser reconocidas, víctimas de un conflicto que nunca hubiese existido de haber la comunidad internacional mostrado más congruencia con los mandatos de descolonización.

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La investigadora Susana Panisello saca a la luz la situación de los deportados vascos

Susana Panisello ha recogido en ‘Los deportados de ETA. Los olvidados del conflicto’ (Txertoa) la realidad de 70 ciudadanos vascos que fueron enviados a países de Latinoamérica y África en la década de 1980, que habitualmente permanece oculta.

Martxelo Díaz

La investigadora catalana Susana Panisello ha publicado con la editorial Txertoa ‘Los deportados de ETA. Los olvidados del conflicto’, que recoge una realidad que habitualmente suele situarse en un segundo plano como es la de las 70 personas que fueron enviadas, a instancias del Estado español, a países de Latinoamérica y África en la década de 1980. Se trata de una adecuación de la tesis doctoral que elaboró en la Universidad Pompeu Fabra.

«Se habla de los presos, de los refugiados, pero de los deportados no», ha explicado Panisello en la presentación de su obra, tras reconocer que cuando empezó a investigar la cuestión no conocía exactamente de qué se trataba, ya que el término deportación le remitía al nazismo y a los campos de concentración.

El contexto histórico viene marcado por la llegado de Felipe González y el PSOE al Gobierno español y su objetivo de normalizar las relaciones con el Estado francés para hacer frente a ETA. Posteriormente, llegarían las entregas y las extradiciones, pero antes se dieron las deportaciones. Todo ello, con un panorama marcado por la guerra sucia y el GAL.

Tres décadas

La deportación, según ha explicado Panisello, se ha prolongado durante tres décadas. De hecho, todavía hay nueve personas en Cuba y en Cabo Verde como consecuencias de la deportación de hace tres décadas. Asimismo, siete personas fallecieron en los países a los que les enviaron.

Pasinello ha destacado que pese a que lo que pudiera parecer inicialmente, la deportación era una medida con apariencia legal en el Estado francés en base a una ordenanza jurídica para garantizar la seguridad del Estado.

Inicialmente, se presentó la deportación como una medida positiva, ya que eludían la deportación y el riesgo de la actuación del GAL en Ipar Euskal Herria. Sin embargo, suponía caer en un limbo jurídico. De hecho, si intentaban regresar, podían ser detenidos en el aeropuerto y encarcelados «con el contador a cero», pese a estar décadas cumpliendo una pena.

En este sentido, Panisello considera que los deportados han cumplido «una condena a perpetuidad, ya que no sabían cuándo finalizaría» y destaca que su situación no puede compararse a la de los presos, «no se deberían mezclar».

La estancia de los deportados en los países a los que les enviaron fue dura. En Ecuador, por ejemplo, se secuestró a Alfonso Etxegarai y a Miguel Ángel Aldana para torturarles. En Panamá, los deportados vascos tuvieron que buscar refugio en la Nunciatura vaticana que dirigía José Sebastián Laboa tras la invasión estadounidense del país centroamericano.

Inicialmente, los deportados buscaron una salida colectiva a su situación, pero el paso del tiempo –en enero se cumplieron 35 años de las primeras deportaciones– les impulsó a buscar soluciones de carácter individual (aunque respaldadas colectivamente, desde la Declaración de Biarritz). En los últimos años se han registrado regresos de deportados a Euskal Herria.

El Estado español paga

La deportación, según ha explicado Panisello, fue pagada por el Estado español. Por un lado, el pago se dirigió a los países que acogieron deportados. Hubo maletines, «lo que es difícil de demostrar», pero el método de pago escogido fueron los fondos al desarrollo a países que mantenían una buena relación con el PSOE o estaban subyugados a la metrópoli. Se trataba de ayudas que los países solicitaban y que debían tener el visto bueno del Congreso. En el caso de Sao Tomé, por ejemplo, se rechazaron las solicitudes de crédito antes de acoger a deportados vascos. Posteriormente, se aprobaron los créditos.

Los pagos por los favores prestados por parte del Estado español se dirigieron también al Estado francés. En este caso, se optó por la compra de armas y material militar. Cada vez que el Ejército español tenía que hacer frente a una renovación, las empresas francesas ganaban sistemáticamente los concursos públicos que se organizaban para guardar las apariencias.

Los pagos españoles al Estado francés alcanzaron también al TAV, con la empresa Alstom copando los contratos del AVE. El ministro español del Interior de la época, José Luis Corcuera, llegó a manifestar que «si el TGV transportara a todos los miembros de ETA en Francia, lo compraría». El presidente de la República francesa, François Mitterrand, por su parte, señaló que consideraría «un gesto inamistoso» que Alstom no lograse el contrato. Un contrato que se sustanció con deportados en Cabo Verde, la República Dominicana, Ecuador o Sao Tomé.

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