sábado, 15 de noviembre de 2014

Los 50 del EPPK

Les invitamos a leer acerca de este el más reciente aporte por parte del EPPK al proceso de paz y reconciliación.

La información nos llega por conducto de Gara:


Un grupo de 50 presos, casi todos en situaciones especialmente graves, abre otra fase en la apuesta de EPPK por explorar la vía legal. Formularán quejas individuales y detalladas ante la Audiencia Nacional por las vulneraciones de derechos humanos que acarrea la dispersión. El Gobierno de Lakua y EH Bildu les respaldan.

R.S.

Después de que las peticiones de traslado a Zaballa formuladas a sus respectivas cárceles hayan sido rechazadas o ni siquiera respondidas, los presos vascos han dado un nuevo paso adelante y llevan a los tribunales españoles las vulneraciones de derechos humanos que acarrea la dispersión. Los primeros en hacerlo serán una cincuentena de personas presas en el Estado español, entre las cuales se producen situaciones especialmente graves al hallarse enfermos, tener más de 70 años o llevar más de 20 en la cárcel.

Este paso, que da continuidad y profundidad al compromiso adoptado por Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK) hace un año, adopta una forma concreta: la queja ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, sito en la Audiencia Nacional y encarnado en el magistrado José Luis de Castro. Es el directamente interpelado dado que su función teórica es garantizar los derechos de los prisioneros, notoriamente afectados por la dispersión y sus efectos añadidos (clasificación en primer grado, aislamiento, limitación de comunicaciones...)

La respuesta debería llegar en días o semanas. Si fuera negativa, los abogados de estos presos apelarían ante otra instancia superior de la AN; la Sección Primera de la Sala de lo Penal, en la que se encuentra, entre otros, su máximo responsable actual, Fernando Grande-Marlaska. En esta instancia la respuesta podría dilatarse algunos meses.

Si el recorrido por la AN deparara resultado negativo, los presos no tendrían que acudir en este caso al Tribunal Supremo, sino que al ser una cuestión de derechos básicos llegarían directamente al Constitucional. Y su intención es apelar hasta Estrasburgo si fuera necesario. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya anuló la doctrina para alargar condenas, aunque para entonces habían pasado siete años de su implantación.

En estas quejas, cada preso expondrá con detalle su situación personal y las afecciones que provoca la dispersión tanto a él como a sus allegados. Se apuntan desde «la desestructuración familiar y desarraigo social y cultural» hasta el riesgo de accidentes en los viajes. Y se enumera una larga lista de vulneraciones legales, que van desde la Ley de Ordenación General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario a la propia Constitución española y a normas internacionales (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convenio Europeo de Derechos Humanos, resoluciones de la ONU...)

Arzuaga: «Proteger este paso»

El paso dado por EPPK cuenta con un respaldo político mayoriario y rotundo en Euskal Herria. Así, el portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, la calificó de «positivo» y destacó que con ello el colectivo cumple el compromiso que adoptó ante la sociedad vasca de afrontar el camino legal y hacerlo de modo individualizado. En términos similares se expresó la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Uria (PNV).

Desde EH Bildu, el parlamentario Julen Arzuaga destacó que los presos «han cumplido su palabra» y llamó a «proteger y acompañar estos pasos desde el ámbito político». Añade que ello facilitará «humanizar las durísimas condiciones de vida» de estas personas y «avanzar en el proceso democrático».
«Organización aún no disuelta»

Paradójicamente, las mismas instancias españolas que tantas veces han reprochado a los presos vascos que actuaran como colectivo son las que han dado ahora respuesta colectiva a las peticiones individuales de traslado a Zaballa. Estas solicitudes fueron remitidas a las Juntas de Tratamiento de cada prisión entre marzo y julio y han ido teniendo respuesta en los meses sucesivos, aunque no en todos los casos (algunos ni siquiera han sido contestados).

Lo curioso es que, pese a tratarse de diferentes cárceles y localizaciones, en los rechazos se repiten los mismos argumentos, e incluso la literalidad de las expresiones. Por ejemplo, se alude en casi todos los casos a que los solicitantes «siguen teniendo relación con una organización que aún no se ha disuelto», en alusión a ETA. El argumento fijado por el Gobierno español para intentar sostener la dispersión.
Primer grupo
Enfermos (7)

Presentarán quejas Josetxo Arizkuren, Iñaki Etxeberria, José Ramón López de Abetxuko, José Miguel Etxeandia, Inma Berriozabal, Gari Arruarte e Ibon Iparragirre. Hay otros prisioneros enfermos, pero se hallan en prisión atenuada, en cárceles vascas (Txus Martin, Aitzol Gogortza) o en el Estado francés (Ibon Fernández Iradi). Su excarcelación se demanda por otros cauces judiciales.

+70 años (6)

Están actualmente en la cárcel pese a tener más de 70 años de edad Bixente Askasibar, Sebas Etxaniz, Pablo Gorostiaga, Karlos Trenor, Isidro Murga y Patxo Murga.

+20 años

Presentan esta queja para reclamar el acercamiento también los presos que llevan ya dos décadas consecutivas en prisión, debido a las consecuencias de la política de dispersión en este tiempo tan prolongado. Los abogados calculan que este grupo está integrado a día de hoy por una treintena de personas aproximadamente.

Portavoces (6)

En este primer grupo se incluye también a los miembros del grupo de portavoces de EPPK encarcelados en el Estado español. Se trata de Unai Fano, Idoia Martínez, Anabel Egues, Jon Olarra, Ainhoa Mujika y Xabier Alegría.


Y la editorial de Gara al respecto:


El 28 de diciembre del pasado año, el EPPK anunció su intención de aportar al proceso en la dirección señalada por el Foro Social de Euskal Herria, concretamente aceptando que su proceso de excarcelación, y en primer lugar su traslado a Euskal Herria, se lleve a cabo utilizando cauces legales. No es, por tanto, algo sorpresivo el hecho de que hayan comenzado a presentar quejas individuales ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Menos aún cuando en el mes de marzo procedieron a cursar peticiones individuales de traslado a Euskal Herria y a prisiones próximas en el caso de los encarcelados en el Estado francés, y los que padecen enfermedades incurables y mayores de 70 años, la libertad condicional o prisión atenuada. Todas aquellas peticiones fueron denegadas, lo que no fue óbice para que algunos intentaran disimular su escasa implicación en el proceso de resolución responsabilizando a los propios presos de la vulneración de sus derechos. Y no sorprende esa decisión porque era un compromiso anunciado.

Sin embargo, es un nuevo paso que deja sin argumentos -si es posible más aún- al Gobierno del PP y a quienes defienden una política penitenciaria que no tiene sustento jurídico ni de ningún otro tipo y responde al impulso vengativo, toda vez que vulnera clara y alevosamente los derechos de las personas presas. Una política que forma parte de una actitud de motivación política, camuflada en un espurio cumplimiento de la ley. De su ley, la que les lleva a proteger a cargos franquistas y torturadores reclamados por la Justicia argentina.

Otro paso de los prisioneros vascos que debe ser respaldado por los agentes y las instituciones de este país, desde un punto de vista tanto humano como político y social, porque el fin de la dispersión es una demanda de esta sociedad que, a su vez, reclama el compromiso de todos para avanzar en el proceso de resolución y paz. Un compromiso que los presos vascos no solo dijeron asumir, sino que además están demostrando.







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