viernes, 28 de febrero de 2014

París Borbónico-Franquista

Ahora ha sido el estado francés el que ha decidido pasar del inmovilismo a la agresión, embestida represiva que va dirigida no solo al pueblo vasco sino a la comunidad internacional, tal como hiciera con anterioridad el estado español.

Rompiendo con el protocolo de otros procesos de paz, tanto París como Madrid están obstinados en criminalizar la labor de los facilitadores internacionales. Las clases políticas francesa y española, las mismas que hace apenas un par de meses lloraban como magdalenas la muerte de Nelson Mandela, hoy hostigan a quienes como Madiba lo arriesgan todo por la paz.

Y que no suene a reproche, pero le decimos a los integrantes tanto del GIC como del CIV y todos aquellos que se han solidarizado sumándose a la Declaración de Aiete, Madrid y París todavía se están cobrando el cheque en blanco concedido desde hace décadas cuando la comunidad internacional le dio la espalda al pueblo vasco.

Lean esta nota publicada en Gara:

París se suma a la presión judicial contra mediadores internacionales
Cinco días después de que Madrid citara a los verificadores internacionales para pedirles explicaciones sobre ETA, ayer fue París quien le emuló, en este caso convocando a la comisaría de Baiona a los facilitadores. Brian Currin y sus compañeros comparecieron tranquilos, aunque evidentemente molestos por una situación insólita. La citación se alargó toda la tarde y entorpeció su labor en Euskal Herria, aunque no frena ni altera el Foro de Baiona de hoy.

El Estado francés ha clonado una vez más la posición fijada por Madrid contra las opciones de resolución del conflicto. Lo venía haciendo en realidad, copiando incluso las expresiones verbales, desde que el viernes se conoció el inicio del inventariado y sellado del arsenal de ETA. Y ayer fue un paso más allá, al citar a la comisaría de la capital de Lapurdi a los cinco miembros del Grupo de Contacto Internacional (GIC) que habían llegado a Euskal Herria el jueves para participar en el Foro de Baiona de hoy.
Brian Currin y sus compañeros llevan más de tres años realizando una labor de facilitadores del proceso. Su mandato principal consiste en promover el diálogo político, mientras que el de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) coordinada por Ram Manikkalingam se ubica en el terreno de la verificación del cese de la lucha armada o el destino de los arsenales.
Para Madrid y París, ambas actividades deben ser objeto de tribunales. Las actuaciones del domingo y ayer solo quedan separadas por algunos matices. Así, en este último caso la comparecencia no se produjo en el tribunal especial de París sino en Baiona, pero fue igualmente forzada desde la judicatura «antiterrorista». Concretamente fue la jueza Laurence Levert quien envió un cuestionario para interrogar con él, uno a uno, a cinco facilitadores.
También llama la atención que si bien en el caso de los verificadores existía la evidencia gráfica de que Manikkalingam y Ronnie Kasrils se habían reunido con ETA -lo que daba a la Audiencia Nacional un elemento objetivo para reclamar explicaciones-, en este caso del GIC la jueza ha actuado solo en base a elucubraciones y generalidades.
«Completamente ridículo»
Durante toda la tarde, desde las 17.10, fueron interrogados en comisaría Brian Currin, Alberto Spektorowski, Raymond Kendall, Sylvia Casale y Pierre Hazan. Este último fue el primer en salir y no se mordió la lengua al calificar la citación de «completamente ridícula».
Hazan apuntó que no apreciaban nexo alguno entre el motivo de esta declaración y la de los verificadores el domingo en Madrid (lógicamente, al margen de la intencionalidad política, que sí parece común: presionar a las personalidades internacionales que intentan apoyar en la resolución del conflicto). Hazan indicó como ejemplo que se les mostraron fotos de miembros de ETA por si les conocían, pero como un mero formulismo y sin ninguna expectativa mayor. El profesor remarcó que nunca se han reunido con la organización armada.«No entiendo nada, estoy totalmente desconcertado», insistía Hazan a la salida del centro policial.
La citación obstaculizó la agenda de los facilitadores, que tenían previsto aprovechar la tarde de ayer para realizar contactos con agentes vascos y poner así el termómetro a la situación actual. Lo que no altera en absoluto es el Foro de Baiona, convocado durante toda la mañana de hoy para analizar las doce recomendaciones del Foro Social y ver las opciones y modos de continuar avanzando.
Se cuenta en él con la intervención de todos estos miembros del GIC, además de otros expertos en resolución de conflictos como los profesores Jean Pierre Massias y Véronique Dudouet o el mediador Aaro Suonio, que intervino en el desarme en Irlanda.
En la declaración judicial, los citados tuvieron un estatus equiparable al de testigos, el mismo que se aplicó el domingo pasado en la Audiencia Nacional española a Manikkalingam, Kasrils y Chris Maccabe. Los cinco estuvieron asistidos por abogados.
Se da la circunstancia de que el Grupo Internacional de Contacto tiene una actuación continuada en el proceso vasco desde 2010, un año antes por tanto del cese definitivo de la lucha armada de ETA. Sin embargo, nunca hasta ahora habían sido abordados por los tribunales. El dato evidencia que la presión española y francesa sobre estos representantes internacionales va creciendo a medida que se dan nuevos pasos positivos.
EH Bildu se pronuncia hoy sobre este tipo de actuaciones. Para Amaiur, «la actitud de los estados español y francés contra el proceso abierto en Euskal Herria es inaceptable desde cualquier punto de vista».
«Denunciamos el grado de odio y venganza al que el Estado español ha llegado. Incluso a niveles que otros estados no han alcanzado», destacó la coalición en una nota que acusa a París y Madrid de «pretender reventar la ilusión generada hace ya más de dos años en este país».
El secretario de Derechos Humanos de EA, Alberto Unamunzaga, habló de «despropósito». «Todos los agentes e instituciones debemos conseguir que la nueva etapa en la que estamos sea una realidad cuanto antes y no poner obstáculos. Si no lo hacemos, estaremos defraudando a la sociedad vasca», añadió.
Miembros de PS y Modem respaldaron a los facilitadores
Pese a que la noticia de la citación no corrió hasta apenas dos horas antes de que se materializara, dirigentes y representantes de diferentes formaciones vascas acudieron a la comisaría de Baiona de modo espontáneo para arropar a Currin, Spektorowski, Hazan, Casale y Kendall.
Destacaba la presencia de miembros del PS como el vicepresidente del Consejo General del Departamento, Kotte Ezenarro, o la diputada en la Asamblea de París Sylviane Alaux. También estaba el concejal de Baiona Jean-René Etchegaray, del centrista Modem. Y junto a ellos, otros políticos más previsibles en la protesta como Xabi Larralde, Martine Bisauta, Mikel Ithurbide, Jean Lissar o Alice Leizeagezahar.
No faltaron personas que impulsan este proceso desde el ámbito social, como Christophe Desprez, representante de la Liga de Derechos Humanos en Ipar Euskal Herria, y Paul Ríos, de Lokarri.
Casi todos ellos y otros muchos más se encontrarán hoy de nuevo en el Foro de Baiona, que además de la labor prevista inicialmente quedará recaracterizado de facto como una muestra de apoyo al trabajo de todos estos agentes internacionales.
Urkullu recalca el «gesto histórico» de ETA y la necesidad de los verificadores
El lehendakari, Iñigo Urkullu, sigue poniendo en valor la apuesta de ETA por el inicio del inventariado y sellado de sus armas, y lo hace ante la opinión pública española, que ha denostado el vídeo difundido hace una semana y criminalizado a los verificadores. En una entrevista a la Cadena Ser, Urkullu apuntó que para nada se siente decepcionado: «Creo en la palabra de los verificadores y creo en la palabra de ETA en la medida en que es un gesto histórico».
El jefe del Gobierno de Lakua reclamó que nadie se refugie en aspectos «cuantitativos», sino que mire a «los cualitativos». Considera que este es «un pequeño paso» y que se necesitan otros para llegar a un «final ordenado», pero valora que se haya producido el avance.
A partir de ahí, Urkullu -que esta semana se ha reunido con Jonathan Powell, uno de los líderes internacionales implicados positivamente en el proceso- estima necesario «un guión claro y consensuado» entre las fuerzas políticas vascas y españolas.
También se muestra dispuesto a mantener contactos con ETA «si es para la paz». Y en este punto recuerda que así lo han hecho, de manera directa o indirecta, los sucesivos gobiernos españoles, sin excepción hasta llegar al actual. Urkullu se pregunta por qué no es posible ese diálogo ahora, «cuando hay un cese de la acción armada» y una voluntad clara de cerrar el ciclo.
En paralelo a todo ello, el lehendakari reivindicó el papel de los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), a quienes ya respaldó expresamente en Madrid ante su citación judicial.
Estas declaraciones fueron contestadas por la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, con argumentos similares a los que empleó Mariano Rajoy en el debate de esta semana en el Congreso: «No debemos nada a ETA».
«Este gobierno no va a cambiar su política antiterrorista, que persigue solo un objetivo: la disolución de ETA sin concesiones ni condiciones dentro del cumplimiento de la ley», dijo la número dos del Ejecutivo español.
Dejó claro que el trasfondo de su apuesta por el inmovilismo es conseguir construir un «relato» en el que el Estado aparezca como victorioso: «ETA no va a conseguir por dejarlo lo que no consiguió con sus actividades. El relato lo tienen que escribir los demócratas y solo los demócratas», apuntó Sáenz de Santamaría. 


Es irrisorio cuanto insisten en llamarse demócratas los herederos ideológicos de Francisco Franco.






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