lunes, 24 de febrero de 2014

Autogol Español

Los españolazos han terminado por anotarse un soberbio autogol. Absortos como estaban en el tiki-taka entre la inmovilidad y la agresión han terminado por agredir a quien no debían como nos relata esta nota publicada en Gara:


Los verificadores usan la AN como altavoz para hacer apología de la paz
El ataque del Estado español a los verificadores no ha logrado silenciarlos. Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe, tras comparecer ante el juez, hicieron apología de la paz y de su trabajo concreto desde la misma entrada al tribunal especial español. Explicaron en Madrid lo que ya habían dicho en Bilbo: que el compromiso de ETA es claro. Al mismo tiempo, reivindicaron su capacidad profesional para contribuir «al interés de todos».

La insólita citación judicial a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) tuvo la consecuencia negativa para el Gobierno español de difundir desde el centro de Madrid el diagnóstico que tanto les molestó el viernes en Bilbo. A su salida del despacho del juez Ismael Moreno, Ram Manikkalingam, acompañado de Kasrils y Maccabe, lanzó todo un alegato en favor de la paz y reivindicó tanto la voluntad de ETA como la necesidad de verificadores como ellos.
La comparecencia, en plena mañana de domingo, fue seguida por muchos medios. El portavoz de la CIV les trasladó en primer lugar que habían decidido acudir a Madrid «porque queremos ser transparentes». A partir de ahí, resaltó que «tenemos una auténtica oportunidad para la paz» que debe aprovecharse.
Recordó Manikkalingam que hace ya más de dos años que finalizó la lucha armada de ETA y que cuestiones como qué pasa con su arsenal tienen que ser afrontadas. Aquí hizo hincapié en la disposición demostrada por la organización vasca, sobre la que ya se extendieron el viernes en los encuentros del Hotel Carlton, apuntando hechos como que sus militantes habían corrido gran riesgo al dar este primer paso para poner sus armas fuera de uso operativo.
Los verificadores, tildados casi unánimemente por los medios españoles de estar al servicio de ETA, les explicaron cara a cara que «estamos aquí para ayudar a que esto se lleve a cabo, en interés no solo de todas las personas que viven en el País Vasco, sino en el resto de España».
En cuanto a su papel concreto, Ram Manikkalingam destacó que «somos profesionales con experiencia» y que en consecuencia pueden ser útiles para avanzar hacia la paz, momento en el que volvió a incidir en que «tenemos una auténtica oportunidad». Saludó además que saben perfectamente que «siempre hemos contado con el apoyo de la sociedad vasca».
El perfil y trayectoria de los seis miembros actuales de la CIV es muy potente, como quedó claro desde el principio dada su participación en procesos de los conflictos más violentos del mundo (Sri Lanka, Bosnia, Irak, Irlanda...) Sin embargo, no ha sido hasta esta semana cuando los medios estatales han comenzado a reflejarlo.
Dos horas y media
Tras concluir la comparecencia judicial y la declaración realizada ante la misma Audiencia Nacional, los verificadores pudieron al fin poner rumbo a sus lugares de residencia. La mayoría de ellos habían sido abordados por la Policía en el mismo aeropuerto de Loiu, el sábado, para entregarles la citación de la Audiencia Nacional. Estaba derivada de una denuncia de Covite apoyada por la Fiscalía y que fue tramitada a toda prisa.
Pese a ello, en Madrid los verificadores se mostraron tranquilos y prefirieron usar el trámite para explicar su labor y aludir un cruce de reproches con el Gobierno español, que nunca les ha reconocido.
Declararon como testigos, y por tanto sin asistencia letrada y con la obligación jurídica de decir la verdad. La diligencia se extendió dos horas y media, lo que refleja un interrogatorio bastante minucioso. Habrá que ver si la Audiencia Nacional insiste en requerir ante sí a las dos otras personas que estuvieron el viernes en el acto de Bilbo en que se reveló el paso dado por ETA.
Tanto la ecuatoriana Aracelly Santana como la holandesa Fleur Ravensbergen no acudieron a la Audiencia Nacional porque ya estaban volviendo a casa cuando se dictó la citación.
Rocambolesca situación
Según ha trascendido, el juez y la fiscal de la Audiencia Nacional preguntaron a los verificadores cómo llegaron hasta los dos miembros de ETA, si saben quiénes eran y qué ocurrió después con las armas inventariadas y selladas.
Medios españoles y sindicatos como el SUP intentaron convertir en escándalo el detalle de que las armas y explosivos se los llevaron los encapuchados, como si en un análisis lógico y razonable cupiera la opción de que los verificadores pudieran haber retornado de allí cargados de armamento. Tras ello, numerosas voces en el Estado se refirieron al paso del viernes como «presunto desarme». La CIV emitió una nota en la que alerta contra «las informaciones erróneas» y se remite a todas las explicaciones dadas en Bilbo.
El interés de la Fiscalía, dependiente del Gobierno español, deja otra situación rocambolesca y difícil de entender: el mismo Ejecutivo del PP que ha rechazado una y otra vez la invitación de ETA a abordar un proceso de diálogo directo que desemboque en el desarme se muestra a su vez interesado en conocer todos los detalles en que ese desarme se ha iniciado por vía extraoficial. Y todo ello con una intervención judicial por medio, en un tribunal especial.

Covite contra todos: los verificadores, Madrid y Lakua
Si el Gobierno español pensó que activando la Fiscalía contra los verificadores calmaría a los sectores más ultras, se equivocó de plano. A las puertas de la Audiencia Nacional, la integrante de la Ejecutiva de Covite Ana Velasco cargó primero contra el Ejecutivo del PP por lo que entiende como «inacción» ante la labor de la CIV. También arremetió contra Iñigo Urkullu por el respaldo que les otorgó en la capital española, y que en su opinión apunta a que no está a favor de la lucha contra ETA.
Tras ello, Velasco se cebó en los verificadores, objetivo de la denuncia de esta asociación. Dijo que «lo lógico es que antes de trabajar para ETA prefieran trabajar para el Gobierno y la Justicia española». Y deseó que ahora «se lo piensen dos veces antes de volver a España». «Que sepan que en España quien debe de verificar es la Policía y la Guardia Civil», añadió parafraseando al ministro del Interior.
Carlos Iturgaiz (PP) también aprovechó la ocasión para salir a la palestra. Demandó que se produzca alguna «orden judicial o gubernamental» que impida efectivamente que los verificadores puedan cumplir con su labor. 
Urkullu evidencia en Madrid el enorme apoyo de la ciudadanía vasca a la CIV
El lehendakari no se quedó esta vez en medias tintas y puso rumbo a Madrid de madrugada para dejar patente su apoyo a la tarea de la Comisión Internacional de Verificación. Lo mismo hicieron, de modo público o privado, todos los agentes vascos que siguen su labor y son informados directamente en cada visita de los verificadores a Euskal Herria. Con especial intensidad, las formaciones de EH Bildu, que comparecieron juntas en Bilbo y por separado en Oiartzun o Donostia, y Amaiur, cuyo diputado Jon Iñarritu también estuvo ante la AN.
El gesto de Urkullu fue tajante. A las 8.00 se presentó en el hotel de Madrid en el que habían pernoctado los tres verificadores citados por el juez para reunirse con ellos y expresarles su apoyo. También esperó a la salida para conocer cómo acababa la cita y reiterar su respaldo.
Estuvo acompañado por Jonan Fernández, secretario de Paz y Convivencia, que se encargó de indicar a los medios que los poderes del Estado deben reflexionar sobre las consecuencias de someter a la sociedad vasca «a un estado de convulsión permanente» y de «espasmos uno detrás de otro» en esta materia tan sensible.
«Esto no es bueno, no es sano. Estamos gestionando una buena noticia, la noticia de la paz», enfatizó Fernández, que igualmente se dirigió a ETA para pedirle que evite cualquier «dilación» de sus decisiones. Los verificadores ya explicaron el viernes en el Carlton que no consideran que se esté produciendo tal cosa, sino que son los obstáculos de los estados los que impiden que el desarme avance más y más rápido.
La coalición EH Bildu apoyó a los verificadores con una comparecencia urgente en Bilbo de Pello Urizar y Maribi Ugarteburu, para quienes Madrid «ha hecho el mayor de los ridículos ante Europa y el mundo. Cuando parecía que España no podía caer más bajo ante la comunidad internacional, ha demostrado que siempre se puede escarbar más hondo», aseguraron ambos.
Expresaron su «respeto y apoyo» a la labor de estos verificadores y se mostraron satisfechos igualmente con la decisión de Urkullu de acudir a Madrid. Consideraron que responde a la petición de EH Bildu de que tome «un papel activo» para favorecer la resolución. Y fueron más allá para apuntar que es toda la mayoría social vasca la que debe trabajar unida.
Lo que ocurría en Madrid estuvo muy presente en Oiartzun, donde Sortu celebraba su primer aniversario. Hasier Arraiz, su presidente, consideró en su discurso que «da vergüenza que agentes internacionales se impliquen más que agentes locales en la resolución del conflicto» y que demuestren tener «mas talla política» que el Estado español, directamente afectado.
Dicho esto, Arraiz tendió la mano al PNV para seguir avanzando, en la senda de la posición mostrada ayer o de la manifestación del 11 de enero.
Aralar también hizo oír su voz en una rueda de prensa convocada previamente a la ofensiva judicial para hablar del paso dado por ETA, que este partido saluda como una constatación de la validez de la unilateralidad defendida desde el Acuerdo de Gernika de 2010.
Patxi Zabaleta añadió una demanda al PP y al Gobierno Rajoy para que «no sean agentes generadores de conflicto que actúan por su propio interés y amparados en la venganza». Les instó a que si no quieren ayudar, «se aparten».
La iniciativa de la Audiencia Nacional puso en un brete al PSE, que el viernes estuvo en el Carlton. La Ejecutiva improvisó una nota la noche del sábado en la que, con cierto tono de alarma, instaba a que los verificadores no acabasen imputados. «Su actitud ha sido en muchas ocasiones crítica con el comportamiento de la banda terrorista, recriminando públicamente actuaciones como las de la kale borroka o exigiendo movimientos más rápidos y contundentes para lograr el final del terrorismo», argumentaba. Ayer, José Antonio Pastor se mostró más tranquilo y se dedicó a criticar a Urkullu al entender que intenta «ponerse medallas».




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