miércoles, 5 de diciembre de 2012

Retruécanos Electoreros e Interpretaciones


Les pasamos esta nota al costo, publicada en Atenea Digital:

Juan Díez Nicolás
Las recientes elecciones autonómicas en Cataluña han puesto de relieve, una vez más, la propensión de muchos ciudadanos, y de no pocos comunicadores, a confundir las manifestaciones en las calles con los deseos del pueblo español. Esta confusión respecto a lo que es la democracia se puede ampliar a muchas otras «malas prácticas» a las que nos hemos ido acostumbrando desde los comienzos de la democracia española en 1976. Pretender que las manifestaciones, por muy multitudinarias que sean, son una alternativa a las urnas, es una falacia no solo antidemocrática, sino que nos llevaría a justificar el ascenso al poder de Hitler y la marcha sobre Roma de Mussolini, por no hablar de las manifestaciones, también multitudinarias, en la Plaza de Oriente.
España es uno de los pocos países, por otra parte, en los que se puede ver después de cada manifestación un gran debate protagonizado por portavoces de los convocantes y de los organismos gubernamentales de turno sobre el número de los manifestantes, como si de ello dependiera la aceptación de una representatividad que pondría en cuestión la de los legítimos representantes parlamentarios. Los medios de comunicación no son ajenos a estos debates, que deberían ser los primeros en evitar, para no confundir a la opinión pública sobre la representatividad de la soberanía popular. Por eso muchos políticos interpretan erróneamente, o quieren confundir a la opinión pública, tratando de transformar los números de manifestantes, reales o ficticios, en la voluntad popular, que donde se expresa realmente y sin lugar a equívocos es en las urnas. Lo que no excluye que las manifestaciones populares, dirigidas o espontáneas, no formen también parte de los comportamientos democráticos. Pero nunca deben confundirse como alternativa a la voluntad popular manifestada en elecciones libres.
Otra mala práctica que se inició con las elecciones de 1977 es la de elaborar toda clase de análisis de los resultados electorales sobre la base de los votos emitidos, que ciertamente tienen importancia para el reparto de escaños y, por tanto, para la formación de mayorías parlamentarias y gobiernos. Pero el análisis político real es el que se elabora sobre la base del total de electores, que entre otras cosas toma en consideración la participación-abstención, de enorme importancia política. Es así que, entre manifestaciones más o menos multitudinarias, según el «ojo de buen cubero» de quien hace la estimación, y los análisis electorales sobre la base de los votos emitidos a candidaturas, se ha ido creando una gran falsedad que ha ido calando en la opinión publicada primero y que se ha transmitido después a la opinión pública, y que los propios políticos acaban creyéndose. Me refiero obviamente al peso real de los nacionalismos e independentismos, y de manera especial a los del País Vasco y Cataluña.
En efecto, los votos a candidaturas sirven para repartir escaños y para formar gobiernos, a través de las mayorías parlamentarias, cuyas consecuencias suelen tener el límite temporal de cuatro años como mucho. Eso no tiene discusión y es esencial a la democracia. Pero si se quiere hablar del derecho a que una parte de España se separe del conjunto, parece obvio que es algo tan importante que va más allá de lo que en un momento concreto puede ser la voluntad expresada en las urnas para formar un gobierno. Por ello es necesario analizar e interpretar con más cuidado y detalle los comportamientos de los electores.
Las recientes elecciones autonómicas en Cataluña y en el País Vasco proporcionan unos resultados sorprendentemente similares. En el País Vasco la participación electoral fue del 65,8%, y en Cataluña ha sido del 69,6%, ambas por debajo de la participación en las legislativas nacionales de 2011 (71, 69%), lo que ya sugiere un cierto menor interés por la política autonómica que por la nacional. En las elecciones del País Vasco, el PNV ganó las elecciones con un 34,64% de los votos, y en Cataluña CiU ha ganado las elecciones con un 30,59% de los votos (en ambos casos votos válidos a candidaturas).
En ambos casos también puede aceptarse que una parte de sus votantes (pero no todos) quieren la independencia de España. El segundo partido más votado en el País Vasco fue EH-Bildu, con un 25,00% de los votos, y en Cataluña lo ha sido ERC, con un 13,65% de los votos (siempre válidos a candidaturas). Estos dos segundos partidos son también nacionalistas y, a diferencia de los primeros, con un electorado mayoritariamente partidario de la independencia. Ciertamente, si se produjesen gobiernos de coalición PNV/EH-Bildu y CiU/ERC, tendrían el respaldo parlamentario de 48 y 71 escaños respectivamente, que representan más de la mitad de los escaños en el Parlamento del País Vasco y en el de Cataluña respectivamente (se requieren solo 38 y 68 escaños en uno y otro). En el País Vasco el PNV ha decidido gobernar en minoría, sin coaligarse con EH-Bildu, y tampoco ha querido formar gobierno con los partidos nacionales españoles. En Cataluña todavía no se sabe lo que ocurrirá, pero es poco probable que forme gobierno con ERC y no sería imposible que trate de gobernar también en minoría.
El análisis habitual de políticos y comunicadores es que en ambas comunidades hay mayoría nacionalista-independentista, una interpretación falsa y tendenciosa. En ambas comunidades se podrían formar gobiernos nacionalistas, pero ampliarlo a «gobiernos independentistas» es una extensión no justificada. Es cierto que el 60% de los votantes en el País Vasco y el 57,63% de los votantes en Cataluña (si se suman los votos a CiU, ERC, ICV y CUP) son nacionalistas (probablemente no totalmente independentistas), lo cual permite con absoluta legitimidad democrática formar gobiernos nacionalistas, pero ello no legitima la afirmación de que en esas dos comunidades hay una mayoría que quiere la independencia. Primero, porque no todos los nacionalistas son partidarios de la independencia. Y más aún: separar un territorio del conjunto después de siglos de unidad parece algo más importante que formar un gobierno para cuatro años. Por eso, si se tiene en cuenta al electorado total, se comprueba que la suma de los votos al PNV y a EH-Bildu en el País Vasco solo representa el 38,43% del electorado total, que son 1.718.696 ciudadanos con derecho a voto en esa comunidad. Y si se suman los votos de CiU, ERC, ICV y CUP en Cataluña, solo representan el 38,82% del total de electores, que son 5.257.960 ciudadanos con derecho a voto.
En consecuencia, tanto en el País Vasco como en Cataluña, los que se manifiestan como nacionalistas no llegan al 40% de los ciudadanos con derecho a voto, muy lejos por tanto del 51% que podría argumentarse como voluntad mayoritaria. Sin recurrir a lo que dijo el TC de Canadá respecto a la necesaria mayoría cualificada muy superior al 50% sobre el total del electorado (no de los votantes), es evidente que en estas dos comunidades los nacionalistas no llegan ni siquiera al 40%. Pero habría que descontar los nacionalistas que no son independentistas. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo los políticos y los medios de comunicación se dedicarán a hacer análisis reales y no sensacionalistas sobre la realidad política y social de España? Se mire como se mire, no hay atisbo de que ni siquiera una mayoría simple, no cualificada, de los ciudadanos del País Vasco o de Cataluña quieran la independencia de sus comunidades. Todo lo demás son falsedades.
Una vez más, son los dos grandes partidos nacionales, PSOE y PP, los que deberían hablar claro y explicar bien las cosas, pues no lo van a hacer quienes se declaran nacionalistas, que intentarán confundir nacionalismo e independentismo, y que cuando hablan lo hacen siempre en nombre del País Vasco y Cataluña, y no en nombre de su partido, apropiándose del sentir de todos los ciudadanos. Por eso, además de las frecuentes manifestaciones callejeras, legítima expresión de una cultura democrática, pero no sustitutos de las urnas, los ciudadanos han comenzado a buscar otras alternativas políticas: UPyD o Ciudadanos, que hablan claro y no con circunloquios. El pueblo quiere, como decimos en Madrid, «las cosas claras y el chocolate espeso».



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