miércoles, 26 de enero de 2005

La Carta

Este es el texto íntegro de la carta mencionada anteriormente:

Señora directora: Le rogamos publicar esta carta, dirigida a la juez undécima de distrito itinerante, Rafaela Reyna Franco:

En esta semana usted resolverá el juicio de amparo de los seis ciudadanos de origen vasco: Asier Arronategui Duralde, José María Urquijo, Ernesto Alverdi Elejalde, María Asunción Gorrochategui Vázquez, Félix Salustiano García Rivera y Juan Carlos Artola Díaz, con el cual se definirá si son extraditados a España o no.

La emplazamos a que no legitime el servilismo del secretario de Relaciones Exteriores hacia el reino de España y que no siga ninguna línea o consigna como lo han venido haciendo los jueces César Flores y Rafael Zamudio, quienes se han subordinado al Poder Ejecutivo en su afán por complacer al gobierno español para extraditarlos y saciar su ánimo persecutorio y vengativo contra los vascos en nuestro país. Nada repugna más que el juez que vende la justicia y trafica con ella.

Ya ha pasado un año y siete meses desde que fueron privados de su libertad de manera arbitraria e ilegal, y esperamos que termine esta infamia y salgan de la cárcel, para lo cual lo único que usted tiene que hacer es cumplir con su deber de juez, es decir, aplicar estricta y cabalmente la Constitución, por encima de los intereses políticos que han venido prevaleciendo hasta ahora.

Usted sabe que no existen elementos de prueba en contra de ninguno de ellos; por el contrario, existen pruebas a favor de cada uno de ellos que acreditan que hasta antes de su detención tenían un modo lícito de vida y que los ingresos que percibían eran producto de su trabajo como gerentes y directores de empresas establecidas en México, desde muchos años atrás, trabajo que venían desempeñando cada uno en diferentes empresas, desde que llegaron a México, hace más de 15 años.

Usted sabe que indebidamente y en abierta violación al artículo 14 constitucional el gobierno mexicano aplica por "equiparación" o simple analogía una pena que no está decretada por una ley exactamente aplicable al hecho que se les imputa, porque los delitos por los cuales se pide la extradición no están tipificados en la legislación penal mexicana, como es el caso de "integración en banda terrorista", "allegamiento de fondos con fines terroristas" y "blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas". Se ha hecho indebidamente una analogía entre estos delitos contemplados en el código español con el delito de terrorismo y el de delincuencia organizada previstos en el Código Penal Federal, violando burdamente el artículo 14 constitucional.

Usted sabe que es absolutamente ilegal que los jueces Flores y Zamudio se hayan negado a admitir las pruebas a favor de ellos.

Usted sabe que el tratado de extradición y el protocolo fueron firmados por Santiago Roel y por Rafael Estrada Sámano, respectivamente, funcionarios que carecían de facultades para tal efecto, y en consecuencia dichos instrumentos son nulos de pleno derecho, y por lo tanto no deben ser aplicados en este asunto.

Usted sabe que en su afán de sostener su ilegal decisión, el secretario Derbez envió dos fotocopias con un supuesto poder pleniponteciario que supuestamente otorgó el ex presidente Ernesto Zedillo a dichos funcionarios para firmar los tratados de marras, fotocopias que muestran enmendaduras en cuanto a las fechas en que fueron expedidos, lo que demuestra que fueron alterados para adaptarlos a las circunstancias, puesto que se le solicitó al juez Zamudio que requiriera los originales para constatar su autenticidad y nunca lo hizo.

Usted sabe que estos tratados son abiertamente violatorios de las garantías constitucionales fundamentales, como es la de seguridad jurídica y de legalidad, así como el derecho de defensa.

Usted sabe que el Senado de la República aprobó estos tratados a sabiendas de que estaban viciados de origen, puesto que habían sido firmados por personas que carecían de la facultad para hacerlo, por lo que incurrió en una flagrante violación al artículo 133 constitucional y en una grave responsabilidad.

Usted sabe que Asier Arronategui es ciudadano mexicano y que la extradición de él se equipararía a una deportación, la cual está prohibida por nuestra Constitución.

Por todo ello, usted sabe que debe concederles el amparo definitivo para que no sean extraditados y recuperen inmediatamente su libertad. Usted tiene la oportunidad de recuperar la dignidad y credibilidad que el Poder Judicial ha perdido. Estime su reputación profesional y cumpla con su deber.

Abogados: Bárbara Zamora, Santos García, Samuel Porras, Víctor Manuel Ruiz, Luis Carlos Flores, Abelardo Cuéllar, José Luis León, Roberto de la Rosa, Leonel Rivero, Damián Camacho, Enrique Ramírez, Lamberto González y Gerardo González


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