miércoles, 26 de enero de 2005

Defienden a los Seis

En un acto de cobardía típico de un gobernante que nomas no sabe que hacer con su puesto, el Presidente Vicente Fox a permitido que seis ciudadanos de origen vasco sufran la persecución del estado español en lo que hasta hace no mucho era la entidad soberana conocida como México.

¿Quién inicio esta vendetta?

El propio juez Garzón, quien en contubernio con Fox y la embajadora de el Reino de España, aprehendieron a cuatro mexicanos y cinco vascos presentando como única prueba una fotocopia de un documento borroso.

Sin orden de aprehensión o de cateo alguna, elementos de la corrupta policía judicial de México hicieron los arrestos, no encontraron nada y por lo mismo tuvieron que dejar ir libres a tres de los ciudadanos mexicanos, el cuarto, aún está en peligro de ser extraditado a pesar de que la Constitución Mexicana lo prohíbe, pero ni Garzón ni Fox están para respetar la Constitución.

El Via Crucis jurídico de los acusados tiene un nuevo capítulo, el caso ha sido mandado a un juzgado itinerante, que adivinen que, también es inconstitucional.

Esta es un artículo que apareció hoy en La Jornada donde abogados y activistas defienden a los seis detenidos:


Envían misiva a la juez itinerante Rafaela Reyna

Abogados y activistas exigen dar amparo a 6 vascos presos

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Abogados litigantes y defensores de derechos humanos solicitaron ayer a la juez undécimo de distrito itinerante, Rafaela Reyna Franco -quien deberá resolver en los próximos días si concede un amparo a los seis ciudadanos de origen vasco presos en el Reclusorio Norte, con el cual, de obtenerlo, frenarían su extradición a España-, que "no legitime el servilismo del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Ernesto Derbez, hacia el Reino de España, y que no siga ninguna consigna, como ocurrió con otros jueces federales que se han subordinado al Poder Ejecutivo de nuestro país y han fallado en contra de los vascos, en su afán de complacer al gobierno español".

Mediante un escrito dirigido a la juzgadora, los abogados hacen un recuento de la historia de los seis vascos, quienes fueron arrestados en diversas entidades del país en julio de 2003 y desde entonces permanecen presos, "en franca violación a sus garantías constitucionales", y le piden que "no venda ni trafique con la justicia".

Como se recordará, uno de los juzgadores que emitieron un fallo contra Félix Salustiano García, María Asunción Gorrotxategi, Ernesto Alberdi Alejadle, José María Urquijo, Juan Carlos Artola Díaz y Asier Arronategi Duradle -seis de origen vasco y el último naturalizado mexicano-, fue César Flores Rodríguez, juez segundo de distrito del Reclusorio Norte, quien en 2004 se pronunció en favor de que sean extraditados.

No obstante, como parte de las garantías de defensa de los vascos, su abogada, Bárbara Zamora, presentó varias solicitudes de amparo ante la justicia federal contra distintas resoluciones del juez Flores Rodríguez. Entre las demandas de garantías más importantes (de las cuales sólo una se resolvió en su favor, aunque no les garantizó su libertad inmediata) destacan las emitidas contra la detención provisional, la detención formal y contra la decisión de la SRE de extraditarlos.

Esta última aún está en curso, aunque la resolución de primera instancia se ha ido postergando, sobre todo a raíz de que el juez quinto de distrito, Rafael Zamudio, envió el caso de los vascos al juzgado undécimo itinerante que encabeza Rafaela Reyna Franco.

En el documento, los quejosos indican que "no existen elementos de prueba en contra de ninguno de los vascos; por el contrario, hay pruebas a favor de cada uno de ellos que acreditan que hasta antes de su detención tenían un modo lícito de vida y que los ingresos que percibían eran producto de su trabajo como gerentes y directores de empresas establecidas en México desde muchos años atrás.

"Usted sabe que es absolutamente ilegal que los jueces Flores Rodríguez y Zamudio Arias se hayan negado a admitir pruebas a favor de ellos, y sabe que el tratado de extradición (México-España) y el protocolo fueron firmados por Santiago Roel y por Rafael Estrada Sámano, respectivamente, funcionarios que carecían de facultades para tal efecto y, en consecuencia, dichos instrumentos son nulos de pleno derecho.

"Sabe que en su afán de sostener su ilegal decisión, el secretario Derbez envió dos fotocopias con un supuesto poder plenipotenciario que supuestamente otorgó el ex presidente Ernesto Zedillo a dichos funcionarios para firmar los tratados de marras, fotocopias que muestran enmendaduras en cuanto a las fechas en que fueron expedidos, lo que demuestra que fueron alterados".

Por todo ello, puntualiza el escrito, "usted sabe que debe concederles el amparo definitivo para que no sean extraditados y recuperen inmediatamente su libertad (...) en sus manos está que se recupere la dignidad y credibilidad que ha perdido el Poder Judicial Federal".

El escrito está firmado por los abogados y activistas Bárbara Zamora, Santos García, Samuel Porras, Víctor Manuel Ruiz, Luis Carlos Flores, Abelardo Cuéllar, José Luis León, Roberto de la Rosa, Leonel Rivero, Damián Camacho, Enrique Ramírez, Lamberto González y Gerardo González.




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