lunes, 19 de enero de 2004

IBO Pide a México Rechazar Extradición

Hoy en El Correo Ilustrado de La Jornada:


Pide a México rechazar extradición de ciudadanos vascos

Señora directora: ¿Por qué el sistema legal en México no da proceso oportuno a los ciudadanos vascos? La International Basque Organization for Human Rights hace un llamado a las autoridades mexicanas y al presidente del supremo tribunal de justicia a rechazar el pedido de extradición en contra de seis ciudadanos vascos y mexicanos de origen vasco hacia España y de proveer a los acusados de asistencia legal, así como la oportunidad plena y justa de presentar los testimonios y evidencia necesarios para contrarrestar el pedido de extradición en un proceso publico.

El proceso oportuno, que es tradicionalmente común en procedimientos judiciales internacionales a los que se adhieren las democracias del orbe, debe seguirse a plenitud en estos casos, a los acusados debe darse la oportunidad de presentar cualquier y toda defensa que tengan en su favor y en contra de la extradición al amparo de asistencia competente en derecho internacional.

Los acusados, José María Urkijo Borde, Ernesto Alberdi Elejalde, Asier Arronategi Duralde, Felix Salustiano García, Juan Artola Díaz y María Asunción Gorrotxategi han sido acusados por el juez español Baltasar Garzón de pertenecer a la banda armada ETA. Garzón alega que los acusados se dedicaban al lavado de dinero y a formar una red de apoyo a miembros de la banda armada ETA residiendo en México.

El día de los arrestos se hizo circular la versión de que algunos de los acusados tenían cintas de video y documentos electrónicos incriminatorios en sus hogares. La abogada defensora Bárbara Zamora resalta que estos cargos son irrisorios, que, de hecho, la cinta de video es un documental acerca del País Vasco y que las acusaciones de lavado de dinero surgen del envío de dinero a familiares y de la venta de propiedad personal.

Uno de los acusados, Asier Arronategi Duralde, había girado fondos al País Vasco por que tanto él como su familia se disponían a regresar a residir allí, inclusive ya habían adquirido boletos de avión fechados para pocos días después del día de su arresto.

La ley mexicana deposita la obligación de presentar suficiente evidencia que amerite la extradición de un acusado enteramente en la persona o personas demandadas en dicha extradición. Todo lo que ha presentado a la fecha el gobierno de España es una serie de fotocopias de dudosa procedencia y nulo valor legal.

A la luz de esta incongruencia no puede dársele cauce al pedido de extradición en apego al derecho en México. A pesar de esto, Garzón se empecina en exigir al gobierno de México que se extradite a los acusados.

¿Por qué tan repentina obsesión de obligar a México, una república democrática y soberana, a extraditar vascos y mexicanos de origen vasco a España? ¿Por qué perseguir a ciudadanos honestos que han trabajado, criado familias y convivido con la sociedad mexicana pacíficamente por años, décadas inclusive?

Muchas organizaciones no gubernamentales en pro de la defensa de derechos humanos, como el grupo mexicano Fideicomiso para la Infancia, aducen que los acusados están siendo usados como moneda de cambio. En otras palabras, si México quiere entablar relaciones comerciales con España, entonces se debe doblegar a lo que ese país demande.

Después de que el tratado de extradición entre México y España fuera modificado durante el mandato de Ernesto Zedillo Ponce de León, vascos que residen en México fueron acusados de terrorismo inmediatamente y surgieron pedidos en ese sentido. Fue en ese entonces cuando empresas españolas comenzaron a tener acceso a los mercados mexicanos contando con concesiones favorables.

En un caso reciente de extradición, el acusado, Lorenzo Llona Olalde, pasó meses encarcelado, pendiente de juicio de extradición a España con cargos derivados de un crimen ocurrido hace 20 años, antes de que la defensa probara que el día que fue cometido el crimen el acusado se encontraba en las oficinas de la Secretaría de Gobernación tramitando su residencia en el país.

España persistió en demandar la extradición hasta que el gobierno mexicano puso en libertad a Lorenzo Llona Olalde sin cargo alguno.

Encima de la lacerante injusticia que entraña el juicio de extradición en sí, al acusado le queda enfrentar el hecho de que de ser extraditado a España será entonces llevado a los cuarteles de la Guardia Civil en Madrid, donde estará incomunicado por cinco días, sin acceso a asistencia legal ni a familiares y amigos, sólo a doctores designados por la Corte, quienes son parte del sistema.

Muchos prisioneros en España que han sufrido tales vejaciones a sus más elementales derechos civiles se han quejado una y otra vez de haber sido torturados. Organizaciones de derechos humanos alrededor del mundo, como Amnistía Internacional, Observatorio de Derechos Humanos y el Comité Europeo por la Prevención de la Tortura se han quejado de la práctica de torturas en España y de las condiciones que la facilitan.

Parece ser, pues, que lo mejor es, a la luz de estos hechos, que los seis acusados permanezcan en México hasta que los cargos sean analizados. Ellos están ciertamente tan calificados para recibir un proceso oportuno como en su momento lo fue al ex secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, cuando Garzón intento someterlo a la jurisdicción de las cortes españolas por sus crímenes cometidos en Sudamérica. Tal vez por razones políticas el torpe intento de Garzón falló miserablemente.

International Basque Organization for Human Rights P.O. Box 225 Corte Madera, CA 94976 www.euskojustice.org



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